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Banco brasileño no desembolsó ‘ni un solo dólar’ para la carretera

El vicepresidente Álvaro García reveló que el BNDES de Brasil no desembolsó “ni un solo dólar” al Estado boliviano para la construcción de la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Aseguró que la ruptura con OAS no traerá perjuicios económicos ni legales.

Vicepresidencia. Álvaro García explicó que el BNDES del Brasil no desembolsó dinero para la obra.

Vicepresidencia. Álvaro García explicó que el BNDES del Brasil no desembolsó dinero para la obra.

La Razón / Iván Paredes / La Paz

02:38 / 12 de abril de 2012

El hecho de que OAS no recibió ningún dinero del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES)  fue confirmado por el propio vicepresidente de la empresa, Augusto César Ferreira Uceda, en una entrevista con el canal Cadena A en Sao Paulo, Brasil, y que fue difundida ayer por la noche.

Por este hecho, dijo el vicepresidente García Linera, la anulación del contrato con OAS no tendrá ningún costo para el país, ya que en las obras avanzadas hasta ahora, el único aporte efectivo fue el que le correspondía a Bolivia. “En este contrato, Bolivia no ha recibido ni un solo dólar del BNDES, hay un contrato de crédito de más de 350 millones (332 millones), pero no hemos recibido un dólar; entonces, lo que habría que devolver al BNDES por el contrato es cero”, remarcó García.

Esta aclaración la hizo en referencia a la declaración del expresidente del antiguo Servicio Nacional de Caminos, José María Bakovic, que antes de ayer dijo que la rescisión del contrato con OAS podría implicar la obligación de Bolivia de pagar la totalidad del crédito aun sin haberlo utilizado.

El costo total de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos es de 415 millones de dólares, de los cuales 332 millones corresponden al crédito brasileño; el aporte boliviano iba a ser de 83 millones de dólares. Ayer, el vicepresidente García reiteró que el Gobierno decidió anular el contrato con OAS ante el retraso de las obras en la vía. “Nuestros cálculos dicen que tendría que haber un avance de un 20% (en las obras de la carretera), y sólo hubo un 5%”, dijo.

El Vicepresidente aclaró que existen dos contratos para ejecutar la obra vial; uno de construcción y otro de financiamiento. Con OAS, dijo, se inició la rescisión del contrato de construcción, el cual establece 15 días para rectificar los incumplimientos. Pero, “las deficiencias son estructurales y son imposibles de resolver, como el caso del retraso de obras”, remarcó el Vicepresidente.

Acotó que en caso de que la empresa brasileña decida iniciar un proceso legal, tendrá que hacerlo en cortes bolivianas. Ante versiones de que se pagó a OAS más de 80 millones de dólares, García aclaró que el Gobierno sólo dio 16 millones de dólares.

OAS. En la entrevista con Cadena A, el vicepresidente de OAS, Ferreira Uceda, confirmó que el contrato entre el Gobierno y OAS desde el principio fue por toda la carretera, entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos; eso significa “llave en mano”, dijo; que luego se decidió dividir “por un tema medioambiental” en tres tramos.

Desde el inicio hubo la contingencia del tramo II, por eso se empezó a trabajar en los otros. Hasta que llegó la marcha indígena y se dictó la Ley Corta 180. En este momento con el Gobierno se buscó adecuar el contrato a la Ley 180, dijo Ferreira Uceda. Señaló, además, que si bien el tramo II estaba programado empezar a construirse desde agosto de 2012, con la Ley Corta 180 se lo tuvo como “suspendido” temporalmente hasta que el Gobierno resolviera el problema. 

El ejecutivo de OAS también negó un supuesto sobreprecio de la vía: “No hay sobreprecio, lo que hay es un precio que incluye todos los riesgos e imprevistos”, dijo.   Confirmó que el tramo II fue suspendido por una carta del Gobierno. De la anulación del contrato con OAS anunciada por el Poder Ejecutivo, Ferreira Uceda no dijo nada porque la entrevista fue realizada en oficinas de la empresa antes de este anuncio.

García critica la IX marcha

Con el anuncio del proceso de anulación del contrato con la empresa OAS, la movilización indígena debería quedar sin efecto, consideró el vicepresidente del Estado, Álvaro García. “Pueden marchar, tienen su derecho y respetamos su derecho democrático a marchar, pero ya no tiene que ver con la carretera ni el parque; si marchan, tiene que ver con otro tipo de temas, que yo considero que son de carácter político (...) Ahora, si marchan contra el proceso de consulta, sería la primera marcha en la historia de Bolivia contra la democracia”, criticó.

A pesar de la decisión de anular el contrato con OAS, la dirigencia indígena de tierras bajas ratificó la IX marcha y pidió al presidente Evo Morales derogar la Ley 222, que viabiliza la consulta en el TIPNIS para establecer si se construye o no la carretera.

“Nosotros, siendo parte de esa lucha, hemos dado a conocer a todos que la única forma de analizar, de dialogar, es cuando se anule la Ley 222 (de Consulta Previa); la marcha sigue adelante, nada detiene a la marcha”, afirmó Rafael Quispe, dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq). Morales anunció que su gobierno inició el proceso de anulación del contrato con OAS.

Califican la vía como ‘necesidad estratégica’

Para la administración de Evo Morales, la carretera entre Villa Tunari (Cochabamba) y San Ignacio de Moxos (Beni) es catalogada como una “necesidad estratégica”, explicó ayer el vicepresidente Álvaro García.

La autoridad remarcó que sin la ejecución de la carretera, un “tercio” de la población boliviana está incomunicada. “Esta carretera que tiene dos leyes, una de 2004 y otra de 2011, es una necesidad estratégica de los bolivianos para vincular un tercio de los bolivianos con el resto del país (...) Es una necesidad para sentar presencia del Estado en todo el territorio boliviano, es una necesidad para que el conjunto del país esté vinculado”, consideró.

García explicó que con la anulación del contrato con la constructora brasileña OAS, la “necesidad estratégica no tiene, entonces, manera de realizarse. No hay un contrato para esa carretera; sigue siendo una necesidad, pero no hay contrato”.

Con respecto a un supuesto malestar del Gobierno brasileño por la decisión del boliviano de anular el contrato con OAS, el vicepresidente García afirmó desconocer cualquier manifestación oficial sobre el tema, evitando mayores comentarios. García Linera admitió la posibilidad de que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil retire el financiamiento o lo destine a otra carretera; en todo caso, eso sólo depende del BNDES, dijo. 

“Habrá que ver cómo evolucionan los acontecimientos en los siguientes meses o años para ver cómo se cumple esta necesidad, pero hoy por hoy, esta necesidad estratégica no tendrá una empresa y, seguramente, no tendrá el respectivo financiamiento. Habrá que ver con el tiempo la manera de llevar adelante esta necesidad”, afirmó García. 

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