Nacional

Bolivia Cambia ejecutó más de $us 670 millones en siete años

Interpelación. Ministro Quintana busca hacer del programa una política de Estado

Sesión. Quintana compareció ante el Legislativo y terminó ovacionado.

Sesión. Quintana compareció ante el Legislativo y terminó ovacionado. Ángel Illanes-Archivo.

La Razón / Luis Mealla / La Paz

03:02 / 21 de junio de 2013

Durante su interpelación, el ministro Juan Ramón Quintana reveló que en siete años, el Bolivia Cambia, Evo Cumple ejecutó $us 670,9 millones en 4.580 proyectos a escala nacional. La autoridad busca que el programa se convierta en una política de Estado.

Tras una serie de cuestionamientos en días pasados por parte de Unidad Nacional (UN), ayer el Gobierno dio a conocer los datos oficiales. El ministro reconoció que se dio curso al programa para responder a los compromisos electorales de la etapa proselitista. “En principio, responde a esos compromisos electorales con el país y los ciudadanos; hemos honrado ese compromiso”, sostuvo el ministro.

Dijo que el programa resolvió el “divorcio” entre el Estado y la sociedad, que demandaba proyectos de desarrollo y que esa necesidad insatisfecha podía conducir a una espiral de violencia que fue contenida. “El programa impidió las relaciones de conflictividad y articuló entidades para ejecutar obras”.  Señaló que el plan también generó empleos en todo el país: 230.134 directos y 690.000 indirectos, sobre todo en Cochabamba, La Paz, Oruro y Potosí.

Quintana detalló que en una primera etapa, entre 2007 y 2011, el programa funcionó con recursos donados por Venezuela, por valor de $us 404,3 millones. Desde 2011 a la fecha el programa funciona con dineros del Tesoro General de la Nación (TGN), que en ese periodo erogó $us 266,6 millones.

Según el informe, en los siete años varió la cantidad de proyectos realizados: en 2007 se ejecutó la mayor cantidad de obras, con un total de 1.417, mientras que en los últimos tres años la cifra promedia las 300.  Aseguró que hay cinco niveles de fiscalización: la Contraloría, asambleas departamenta- les, concejos municipales, control social y su ministerio, con la Unidad de Auditoría Interna.

El acto interpelatorio duró casi seis horas y estuvo matizado por algunos incidentes en la Asamblea. Desde el inicio, opositores de UN y de CN (Convergencia Nacional) mostraron carteles con fotos de obras que —según ellos— se hallan paralizadas. No se dejó esperar la reacción de la bancada masista, que retiró las imágenes.

En medio del informe de Quintana, los diputados Luis Alfaro (MAS) y Willman Cardozo (Alianza Social, AS) aprovecharon para lanzarse mutuas acusaciones mediante mensajes escritos a mano en hojas bond.

Norma Piérola también puso lo suyo. Cuando el ministro hablaba, la opositora intentó acercarse a la testera para entregarle unos pequeños camiones de juguete, en referencia —decía— al caso de los 33 camiones. Empero, Quintana no se inmutó y siguió respondiendo las 21 preguntas de la interpelación. Agregó que la iniciativa generó igualdad de oportunidades para todas las regiones y se resolvió problemas estructurales.

Modificación. “No es sólo un programa de lucha contra la pobreza, es una profundización del ejercicio de la democracia. Las comunidades deciden los proyectos a construir, recuperaron su capacidad de autodefinirse soberanamente”, aseveró. Por tanto, el Bolivia Cambia, enfatizó la autoridad, por su eficacia y capacidad de transformación deberá ser adoptado co- mo una “política de Estado”.

Quintana remarcó el apoyo a los municipios más pobres y la austeridad con que se actuó. “Se bajó del 30% al 7% en las utilidades de las empresas que se hacían cargo de las contrataciones”. “También se eliminó los gastos imprevistos que en el ciclo neoliberal oscilaban entre el 5% y 10%; se los redujo a cero”, dijo. Por tanto, Quintana calificó al plan como un “proyecto estrella” y que “no existe otro similar”.

García pide investigar la privatización de empresas

El vicepresidente Álvaro García Linera demandó que el Legislativo conforme una comisión especial para investigar la privatización de empresas públicas registrada entre 1990 y 1993. Solicitó que, en el marco de las leyes vigentes y de la Constitución, se determinen sanciones contra exautoridades que pudieran haber incurrido en daño económico contra el Estado, entre los que mencionó al empresario Samuel Doria Medina.

“Una comisión de tres o cuatro compañeros, con detalle, que investigue qué pasó, cómo fue que se privatizó en el año 90, 91, 92. Cómo se destruyó el Estado, a cambio de qué favores personales, a cambio de qué riquezas personales se entregó la Patria”, dijo.

Entre 1993 y 2002 Bolivia transfirió, dijo, al capital privado empresas públicas estratégicas, como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Empresa Nacional de Energía (ENDE) y la  Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel).

La autoridad hizo el pedido en su discurso al finalizar la interpelación al ministro Quintana en el Legislativo por el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple. Al cabo de esa sesión, más de dos tercios de los asambleístas dieron su voto de confianza y apoyo al ministro; García propuso aumentar los recursos del programa; los asambleístas apoyaron la idea.

UN: 30% de las obras están paralizadas

Mientras el ministro Quintana respondía en la Asamblea, en conferencia de prensa el líder de UN, Samuel Doria Medina, reiteraba sus denuncias sobre presuntas irregularidades del Evo Cumple. Dijo que Quintana no fue transparente y que el 30% de las obras, a escala nacional, están paralizadas. “Los proyectos ejecutados fracasaron porque no se acabaron, se esfumaron o son fantasmas”, afirmó el opositor, quien demandó una auditoría externa.

La declaración surgió luego de que Quintana lo tildó de “vendepatria” y criticó la discrecionalidad con que se manejó los gastos reservados cuando Doria Medina era titular de Planeamiento del expresidente Jaime Paz Zamora. Al respecto, el opositor dijo que no responderá a esas acusaciones para “no caer en el juego”.

No obstante, durante la interpelación, Quintana reconoció que hay problemas en algunos proyectos. Sin detallar cantidades, señaló que la Contraloría y el Ministerio de Transparencia hicieron un informe sobre las obras que fueron auditadas.

Asimismo, indicó que hay constructoras que se adjudican las obras y luego desaparecen, dejan los proyectos inconclusos o entregan obras de mala calidad. Aseveró que la Unidad de Proyectos Especiales (Upre), que depende de su despacho ministerial, no tiene recursos, personal, ni la capacidad logística para realizar la supervisión de los proyectos, por lo que se debe optar por un control aleatorio en municipios y departamentos.

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