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Bolivia deja en manos de Perú la extradición o expulsión de Martín Belaunde

Belaunde ingresó a Bolivia el 1 de diciembre por el Desaguadero y ese mismo mes pidió refugio al  Consejo Nacional del Refugiado (Conare). Es acusado por delitos contra la administración pública, peculado (malversación de fondos públicos) y asociación ilícita para delinquir. Tiene una orden de captura internacional desde el 11 de septiembre de 2014.

El empresario peruano Martín Belaunde Lossio junto a su abogado en Bolivia, Jorge Valda (izq). Foto: La Razón

El empresario peruano Martín Belaunde Lossio junto a su abogado en Bolivia, Jorge Valda (izq). Foto: La Razón

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz

18:56 / 30 de enero de 2015

El presidente Evo Morales aseguró hoy que la extradición o expulsión del empresario peruano Martín Belaunde Lossio de Bolivia, acusado en su país por supuestos delitos de corrupción, está en manos del Gobierno del Perú que hasta el momento no formalizó una solicitud de entrega.

“Si hay que devolver, hay que expulsar o poner en la frontera (a Belaude), eso está en manos del Gobierno peruano, no en manos del Gobierno Nacional”, afirmó el Mandatario en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.

Dijo que hasta el momento Bolivia cumplió con los protocolos que rigen para el tema de refugiados. Recordó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó la detención domiciliaria del acusado con fines de extradición en atención a una solicitud de Lima.

La magistrada Maritza Suntura informó el miércoles que Perú no formalizó el pedido de extradición y que, una vez lo haga, será analizado en el marco de las normas legales internas e internacionales, en un plazo de 60 días.

Belaunde ingresó a Bolivia el 1 de diciembre por el Desaguadero y ese mismo mes pidió refugio al  Consejo Nacional del Refugiado (Conare). Es acusado por delitos contra la administración pública, peculado (malversación de fondos públicos) y asociación ilícita para delinquir. Tiene una orden de captura internacional desde el 11 de septiembre de 2014.

El 25 de enero, el ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, informó que la Conare determinó negar la solicitud de refugio por no encontrar elementos que respalden una persecución política. El afectado tiene 15 días para apelar la decisión.

Morales insistió en que Bolivia no será ‘un basurero de corruptos’ e insistió que el acusado debe ir a su país a defenderse.

El también exasesor del presidente peruano Ollanta Humala debe demostrar que es un perseguido político para no ser extraditado, expulsado o entregado, de acuerdo al ministro de Gobierno.

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