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Brasil ve avances en diálogo para lograr salvoconducto a favor del senador Pinto

El legislador boliviano Roger Pinto permanece desde mayo de 2012 en la embajada de Brasil, país que le concedió asilo político. El gobierno de Rousseff negará la salida en condiciones que pongan en riesgo la seguridad física del senador, afirmó el canciller Antonio Patriota

Refugio. El senador Pinto en su última aparición, antes de Navidad.

El senador Roger Pinto en su última aparición, antes de Navidad, en la embajada de Brasil Ángel Illanes-Archivo.

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz

12:40 / 05 de abril de 2013

 

La administración de la presidenta, Dilma Rousseff, negará la salida del senador opositor Roger Pinto de su embajada en La Paz en condiciones que pongan en riesgo su integridad física, informó el canciller brasileño Antonio Patriota, quien añadió que hay avances en las negociaciones para lograr el salvoconducto que permita al legislador salir de Bolivia y acogerse al asilo político que se le concedió.

El canciller habló sobre la situación del legislador boliviano el jueves en una audiencia de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

Pinto permanece desde el 28 de mayo de 2012 en la embajada  en La Paz, donde solicitó asilo político con el argumento de que es un perseguido político, entre otros aspectos por los más de 20 procesos  instaurados en su contra. El gobierno de Brasil concedió el 8 de junio el asilo y desde entonces el legislador espera el salvoconducto para abandonar Bolivia y acogerse al beneficio.

La administración de Evo Morales  negó en reiteradas ocasiones que el Ejecutivo dé curso a la solicitud del salvoconducto bajo el argumento de que el legislador debe rendir cuentas ante la justicia por denuncias como corrupción. El caso es tratado en una comisión político-técnica, formada en marzo.

Patriota reconoció que ha sido "frustrante" la prolongada permanencia del senador opositor al presidente Morales en la sede diplomática de Brasil, pero aseguró que ha habido avances en las negociaciones con Bolivia para obtener un salvoconducto de salida para Pinto, según nota publicada en la página digital del Nuevo Herald.

“Es importante que yo reafirme aquí que, por más que sea frustrante la larga duración de la permanencia del senador en la embajada brasileña, Brasil no permitirá que él deje la embajada en condiciones que no sean las de la más total seguridad. No se pondrá en riesgo su integridad física, es un compromiso personal de la presidenta Dilma Rousseff", sostuvo Patriota.

Los cancilleres de Bolivia, David Choquehuanca, y de Brasil, Antonio Patriota, decidieron formar el 2 de marzo en Cochabamba la comisión para resolver el caso Pinto, quien vive desde mayo de 2012 en ambientes de la embajada de Brasil, ubicada en el centro paceño.

Patriota aseguró que se han dado avances en las negociaciones sobre la situación del legislador, en especial desde la reciente formación de un grupo binacional de trabajo para discutir el tema.

"Ese grupo está examinando la situación de manera animadora, aclarando inclusive para el lado boliviano algunos aspectos sobre la motivación de la concesión de asilo", comentó el jefe de la diplomacia brasileña.

Pinto pidió asilo mediante una carta dirigida a la presidenta Rousseff en la cual aseguró sufrir persecución y amenazas de supuestos grupos paramilitares afines al gobierno de Morales.

Patriota insistió en que "la concesión del asilo no implica un juicio de valor sobre las instituciones bolivianas",

Las tensiones surgidas por el caso del senador se agravaron desde el 20 de febrero cuando 12 aficionados del club de fútbol Corinthians fueron detenidos en la ciudad boliviana de Oruro acusados de la muerte de un menor en un estadio de fútbol que recibió el impacto de una bengala supuestamente lanzada por los hinchas.

El senador Sergio Petecao llegó a sugerir en la sesión que la detención de los aficionados puede estar siendo usada por Bolivia como "moneda de cambio" por parte de ese país para que Brasil entregue al senador Pinto.

Patriota negó esa posibilidad y aclaró que el gobierno quiere mantener las discusiones con Bolivia sobre esos casos "en canales separados".

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