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La CIDH admitió en 9 años 12 denuncias contra el Estado boliviano; otras 77 están pendientes

Entre las denuncias presentadas y aceptadas por violación de derechos humanos está una del hoy vicepresidente Álvaro García Linera y otras once personas procesadas por el caso EGTK. La instancia internacional declaró inadmisibles dos casos y cuatro tuvieron solución amistosa.

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz

11:23 / 17 de abril de 2013

Entre 2001 y 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió al menos doce demandas contra el Estado boliviano, entre las que se encuentra una presentada por el hoy vicepresidente Álvaro García Linera y otras once personas por violación de los derechos humanos. El organismo internacional tiene en carpeta de análisis otras 77 peticiones.

Un recuento hecho por La Razón Digital da cuenta de que las denuncias admitidas son por detención ilegal y retardación de justicia, violación, esterilización no consentida e  incumplimiento de fallos judiciales, entre otras que fueron presentadas y admitidas por la CIDH, órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano.

Estadísticas del último informe de la CIDH establecen que 20 de las peticiones presentadas contra el Estado boliviano están en situación de admisibilidad y fondo. La admisibilidad implica el análisis sobre si la petición cumple con los requisitos fijados para ser tramitada y fondo, que es la etapa de decisión.

Entre el 2001 y 2009 fueron admitidas, según revisión de los datos de la página digital de la institución, al menos doce demandas. Una es la denuncia aceptada en octubre de 2005 y presentada por el hoy Vicepresidente, su hermano Raúl, Silvya de Alarcón Chumacero, Raquel Gutiérrez Aguilar, Víctor Ortiz Quispe, Silverio Maidana Macías, Macario Tola Cárdenas, Santiago Yanique Apaza, Juan Carlos Pinto Quintanilla, Felipe Quispe, Alejandro Choque y Mario Apaza Bautista.

Denunciaron al Estado por detención arbitraria, hostigamiento a familiares, tortura, procesamiento y persecución indebida de las presuntas víctimas, en el caso del Ejército Guerrillero Tupak Katari (EGTK)  por el que fueron acusados por la comisión de 14 delitos, entre ellos terrorismo.  En los 90, el EGTK fue vinculado con al menos 50 atentados y el Estado estableció que no se agotaron los mecanismos legales internos.

El caso Flores

Entre las denuncias también está la presentada en 2006 por la desaparición forzosa de Juan Carlos Flores Bedregal en el golpe de Luis García Meza, el 17 de julio de 1980, mientras que en 2003 la CIDH recibió la denuncia por la desaparición de Rainer Ibsen Cárdenas y José Luis Ibsen Peña, hermano y padre respectivamente, también durante la dictadura.

En mayo de 2009, el organismo internacional estableció en el caso Ibsen que el Estado de Bolivia “es responsable por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, la vida, la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales y la protección judicial…”.

El Defensor del Pueblo también presentó una denuncia por la desaparición forzada de Renato Ticona Estrada. En este proceso, “La Comisión Interamericana solicita a la Corte que declare que el Estado boliviano ha incurrido en responsabilidad internacional por las violaciones consignadas en el objeto de la presente...”.

El reporte estadístico establece que 77 casos presentados contra el Estado Boliviano “continuaban pendientes de estudio inicial al final del año 2012”. En este tiempo, según el reporte, dos denuncias fueron aceptadas y otro número similar rechazadas.

El organismo tiene como función principal promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas, entre ellos recibir, analizar e investigar peticiones individuales en que se alega que Estados Miembros de la OEA que han ratificado la Convención Americana o aquellos Estados que aún no la han ratificado han violado derechos humanos.

El recuento también da cuenta de denuncias que hacen a hechos como violación, detención indebida, “ligadura de trompas sin consentimiento”, operativos policiales, incumplimiento de fallos judiciales y vulneración del derecho de objeción de conciencia. En este último caso se encuentra el de Alfredo Díaz Bustos, un Testigo de Jehová a quien el Estado habría vulnerado el derecho a la objeción de conciencia; el caso fue resuelto de manera amistosa en 2005.

Anuncio de retiro

El presidente Evo Morales abrió el 18 de marzo la posibilidad de retirar a Bolivia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Estoy pensando seriamente retirarnos de la CIDH. ¿Qué aporta? Imagínense, tiene oficina en Estados Unidos y Estados Unidos no ha ratificado ningún acuerdo de defensa a los derechos humanos”, señaló en esa ocasión.

En la página digital de la CIDH hay anotados cuatro casos de solución amistosa, entre ellos los registrados en 2007 y que hacen a la denuncia presentada por Víctor Hugo Arce Chávez por incumplimiento de una sentencia de amparo, y la de Miguel Ángel Osorio y James Rocha Terrazas, también por incumplimiento de una sentencia de amparo.

En 2005, se resolvió de forma amistosa el caso de Díaz Bustos y la denuncia de Raúl Zavala Málaga y Jorge Pacheco Rondón por el incumplimiento de una sentencia de amparo

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