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La CIJ explica que los plazos fijados en el caso Silala fueron acordados por Bolivia y Chile

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) informó que Chile tiene hasta el 3 de julio de 2017 para presentar los alegatos de la demanda por el Silala, mientras que Bolivia tiene hasta el 3 de julio de 2018 para responder

Legisladores bolivianos visitan el Silala. Foto: La Razón

Legisladores bolivianos visitaron el Silala. Foto: La Razón

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz

11:22 / 15 de julio de 2016

Bolivia y Chile acordaron los plazos para la presentación de la memoria y contramemoria en la demanda interpuesta “sobre la situación y el uso de las aguas del Silala”, informó la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Santiago debe presentar sus alegatos hasta el 3 de julio de 2017 y La Paz deberá responder hasta el 3 de julio de 2018.

“La Corte hizo la orden (plazos) teniendo en cuenta el acuerdo de las Partes”, establece un breve boletín de prensa publicado el jueves 14 en la página web del organismo de justicia internacional. También indica que el procedimiento es reservado, según una traducción no oficial del inglés al español.

La administración de la presidenta Michelle Bachelet demandó a Bolivia ante la CIJ para reclamar derechos sobre las aguas de los manantiales del Silala por considerar que son parte de un río de cauce internacional. El gobierno de Evo Morales rechazó la tesis y reafirmó que el recurso hídrico es parte de manantiales que fueron desviados artificialmente hacia territorio chileno.

La CIJ se refiere a la demanda como “disputa sobre la situación y el uso de las aguas del Silala”. Morales destacó el 7 de julio como un “primer triunfo” el hecho de que la Corte internacional no haya incorporada en el caso la palabra río.

“La demanda no es del río internacional del Silala, sino (de) las aguas del Silala. Nuestro equipo jurídico e internacional está muy contento y se entiende como un primer triunfo de Bolivia”, destacó ese día en una conferencia de prensa.

Morales anunció el pasado 23 de marzo la demanda contra Chile por lo que consideró un uso ilegal de las aguas en disputa, que fueron desviadas artificialmente hacia el vecino país en 1908, al amparo de una concesión que en 1997 fue anulada.

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