El canciller David Choquehuanca reitera que no se dará salvoconducto al senador Róger Pinto (CN) para que se vaya a Brasil en calidad de asilado. Este 28 de mayo, el opositor cumple un año de vivir en una oficina de la embajada de ese país en Bolivia.

“No podemos obstruir las investigaciones del Órgano Judicial (...). Bolivia ha manifestado que no es posible dar salvoconducto porque las normas no nos permiten, nosotros tenemos que cumplir las normas”, aseguró el Ministro de Relaciones Exteriores.

Choquehuanca recordó que el legislador está acusado por delitos de orden penal, referidos a daño económico al Estado, que no prescriben, y que debe responder, primero, ante la justicia nacional.

Un año atrás, Pinto decidió ingresar a la embajada brasileña tras declararse perseguido político del Gobierno, al estar acusado por 21 delitos, seis por desacato, figura penal que quedó anulada cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) la declaró inconstitucional. Los juicios por desacato fueron retirados y quedan los referidos a delitos comunes.

Desde entonces, espera un salvoconducto para salir de Bolivia, luego de recibir el asilo del Gobierno brasileño. La hija del legislador, Denise Pinto, reportó ANF, dijo que su madre y sus hermanos ya se encuentran en Brasil, donde radicarán en el futuro.

La administración de ese país anunció el envío de un emisario,  Clemente Baena de Lima, que llegará el 2 de junio a Cochabamba para reunirse con el diputado Héctor Arce (MAS) y el vicecanciller Juan Carlos Alurralde.

Al respecto, Choquehuanca negó que el tema central del encuentro sea el caso Pinto y afirmó que está en agenda el tratamiento de otras cuestiones bilaterales. “Pueden tocar este tema, pero no hay una reunión exclusiva para tratar el caso Pinto”, insistió. Por su parte, la oposición aseguró que se trata de un “capricho”  del Gobierno negar el permiso de salida para el senador.

“Pinto sufre la ausencia de presunción de inocencia, sufre peor que un recluso penitenciario, todo por el capricho y la soberbia de un gobierno”, aseveró la diputada Alejandra Prado (CN). En tanto, el senador Eugenio Rojas (MAS) señaló que se puede procesar a la instancia que otorgue el salvoconducto a Pinto, en el entendido de que “se estaría violando las leyes” bolivianas.