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Comisión legislativa concluye que no hubo tráfico de influencias en contratos del Estado con CAMC

El informe establece que tres de los seis procesos estudiados concluyeron con la contratación de la empresa china CAMC Engineering Co. Ltd. Bolivia Branch, todos suscritos por representantes legales chinos, avalados por poderes otorgados en Beijing, debidamente reconocidos en Bolivia. Otros dos corresponden a contratos con la empresa matriz China National Construction and Machinery Import and Export Corporation y un último contrato con la Asociación Accidental CAMCE Union Engineering.

La comisión legislativa que investigó el caso CAMC durante su labor esta madrugada.

La comisión legislativa que investigó el caso CAMC durante su labor esta madrugada.

La Razón Digital / Ángel Guarachi / La Paz

08:15 / 05 de mayo de 2016

El informe final de la Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional que investigó el caso CAMC concluyó esta madrugada que no existe ninguna prueba ni indicio que vincule al presidente Evo Morales con un presunto tráfico de influencias o favorecimiento alguno a la empresa china en los contratos que firmó con el Estado.

“No existe una sola prueba que evidencie uso indebido de influencias en los procesos de contratación analizados; pese a las solicitudes públicas realizadas por la Comisión de Investigación de presentar pruebas, ni los entrevistados, menos ciudadanos particulares, medios de comunicación o asambleístas aportaron elementos que vinculen al presidente Evo Morales Ayma con los procesos de contratación", se lee en una parte de las conclusiones del informe, según un comunicado de prensa.

La sesión final comenzó ayer cerca de las 17.00 y concluyó tras una labor ininterrumpida hoy a las 05.30. La comisión fue creada a sugerencia del presidente Evo Morales, tras que el periodista Carlos Valverde revelara, en febrero de este año, su relación sentimental con Gabriela Zapata, exgerente comercial de CAMC, y señalara un presunto tráfico de influencias.

El informe final de la comisión, que contiene 71 páginas, fue aprobado con una resolución. En la misma se afirma que los contratos con la china CAMC no se firmaron ni gestionaron en las oficinas de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia y que los procesos de contratación fueron desarrollados por convocatorias públicas, y las aperturas de sobres y las evaluaciones de las propuestas se efectuaron en oficinas de las entidades públicas contratantes.

“No hay una sola prueba que confirme la teoría de tráfico de influencias con el presidente Evo Morales, y eso está en la documentación, en las declaraciones de los testigos y en todos los documentos que esta Comisión ha investigado”, reiteró la diputada Susana Rivero, presidenta de la comisión.

El informe final fue redactado luego de 80 días de investigación, tiempo en el que se recopilaron y analizaron documentos y se realizaron inspecciones y entrevistas a diferentes testigos. El documento será presentado a la Asamblea Legislativa para su consideración en el pleno.

El informe establece que tres de los seis procesos estudiados concluyeron con la contratación de la empresa china CAMC Engineering Co. Ltd. Bolivia Branch, todos suscritos por representantes legales chinos, avalados por poderes otorgados en Beijing, debidamente reconocidos en Bolivia. Otros dos corresponden a contratos con la empresa matriz China National Construction and Machinery Import and Export Corporation y un último contrato con la Asociación Accidental CAMCE Union Engineering.

La comisión evidenció además que las obras o adquisiciones existen y que no son obras fantasmas. También evidenció, se explica en el comunicado de la Cámara de Diputados, que la compra de equipos de perforación concluyó, al igual que las obras en construcción, excepto el tramo ferroviario Bulo Bulo, Santa Rosa, Yapacaní, cuyo contrato fue resuelto con total recuperación de recursos más un saldo adicional a favor del Estado de 50.656.940 bolivianos.

Sin embargo, en el caso de la vía férrea Montero-Bulo Bulo, en el que se detectaron fallas administrativas, se decidió que el caso será enviado a la Contraloría General del Estado para que determine la responsabilidad administrativa, civil o penal que corresponda para los servidores públicos que correspondan.

Los miembros de la oposición, por su parte, presentaron un informe por minoría que, aunque fue leído durante la sesión, no fue considerado y menos votado. Los parlamentarios rechazaron dicho informe al que calificaron de “chicanero, mañoso y tergiversado”.

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