Nacional

Comité beniano amenaza con un paro cívico si se ejecuta aprehensión contra tres dirigentes indígenas

El presidente del Comité Cívico, David Coca, calificó como una persecución política la acción judicial contra los dirigentes Adolfo Chávez, Fernando Vargas y Pedro Nuni.

El dirigente Fernando Vargas. Foto: La Razón, archivo

El dirigente Fernando Vargas. Foto: La Razón, archivo

La Razón Digital / ANF / Trinidad

19:45 / 11 de julio de 2013

El Comité Cívico del Beni anunció hoy que iniciará un paro cívico en la región si la policía ejecuta las órdenes de aprehensión contra los dirigentes indígenas que lideraron las marchas en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) Adolfo Chávez, Fernando Vargas y el exdiputado Pedro Nuni.

El presidente del ente cívico, David Coca, afirmó que la región siempre ha brindado su "pleno apoyo" al movimiento indígena y afirmó que esta acción judicial es parte de una "persecución política" que  buscaría "descabezar" la lucha de los originarios de tierras bajas.

"El Beni no va dejar sólo a sus indígenas, estamos en la posición clara de que si ejecutan esa orden de aprehensión en contra de nuestros pueblos indígenas, inmediatamente convocamos a un paro cívico departamental", advirtió el líder cívico.

En tanto, en las oficinas de la Sub Central TIPNIS en Trinidad durante esta jornada se ha congregado un importante número de representantes indígenas del sur del Beni para brindar su apoyo a los dirigentes Chávez, Vargas, Nuni.

A pesar que las órdenes de aprehensión ya fueron emitidas por la Fiscalía del Beni hasta este jueves no se han hecho efectivas. Se acusa de "tentativa de homicidio" por los sucesos acontecidos en la comunidad de San Pablo del Isiboro, cuando se castigó al líder del Consejo Indígena del Sur (Conisur), Gumercindo Pradel con tres azotes.

Los indígenas sostienen que ese castigo fue propinado bajo la lógica de la "justicia comunitaria" porque este dirigente asumió acciones en contra de las decisiones de las comunidades. Según la argumentación jurídica de los indígenas se ha rechazado la justicia ordinaria porque es un caso que se enmarca en la justica comunitaria, reconocida por la Constitución Política del Estado.

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