Las asociaciones de Comités de Vigilancia del país y de La Paz rechazaron el proyecto de Ley de Participación y Control Social presentado esta semana al Gobierno por organizaciones sociales y el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

Óscar Siñani, representante de los comités de vigilancia de La Paz, dijo que la mayor limitación del proyecto de Ley de Control Social presentado al Gobierno es que desconoce a la organización y realidad territorial del país.

“Lastimosamente, ese anteproyecto que presentaron hace unos días las organizaciones sociales, en el que prácticamente nosotros no estamos incluidos, no reconoce a nuestras organizaciones que somos territoriales”. El proyecto de ley en cuestión identifica a dos tipos de actores del control social: los colectivos y los individuales. En el grupo de los colectivos están tres actores: los “orgánicos”, que comprenden a los sectores sociales y/o sindicales; los “comunitarios”, que básicamente corresponden a los pueblos indígenas, comunidades interculturales y afrobolivianas; y los actores “circunstanciales”, que se organizan para un fin determinado y “dejan de existir” una vez cumplida su misión. Los dirigentes de los comités de vigilancia señalan que en los hechos el control social en los últimos 18 años estuvo en manos de ellos, por lo menos en el municipio.

“No estamos defendiendo al comité de vigilancia, estamos defendiendo a quienes representamos, lo territorial, las juntas de vecinos, las organizaciones indígena originarias”, indicó Siñani.  Añadió que en los próximos días las asociaciones de vigilantes presentarán a la Asamblea su propio proyecto de ley de control social, que vienen preparando desde hace tres años.