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Comunidades consultadas; más de Sécure y de Conisur

De las 25 comunidades del TIPNIS consultadas hasta ayer (según el Gobierno), 12 son del Conisur, 10 de la Subcentral Sécure y sólo 2 de la Subcentral TIPNIS; su presidente, Fernando Vargas, insiste en que las que participaron en el proceso sólo son 11.

Info TIPNIS.

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La Razón / L. Mealla, I. Bustillos / La Paz

01:50 / 14 de agosto de 2012

“Tengo conocimiento de que hasta ahora llegaron a San José, pero no llegaron a Totora, ni a otras comunidades. Me he comunicado con Gundonovia y me dicen que las comunidades consultadas sólo son 11”, explicó Vargas.

De las 69 comunidades que, según el Gobierno, al final deben ser consultadas en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), 18 son parte de la Subcentral Sécure; 32, de la Subcentral TIPNIS; y 19, del Conisur.

De modo que luego de dos semanas de consulta, faltan 7 del Conisur, 8 de la Subcentral Sécure; y 30 de la Subcentral TIPNIS. Como se aprecia en el mapa adjunto, la mayor parte de las comunidades consultadas están próximas al primer diseño del camino entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, atravesando la zona núcleo de la reserva natural.  

El fin de semana, el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, informó que las 25 comunidades rechazaron la intangibilidad del parque dispuesta por la Ley 180; agregó que todas las poblaciones apoyaron la construcción de la carretera por el medio del TIPNIS, y que sólo San Miguelito pidió que se diseñe un trazo diferente. 

Vargas, por su lado, aseveró que las brigadas de consulta no respetan el protocolo y además cuestionó el resultado del proceso pues, asegura, la indagación no se la hace ingresando a toda la comunidad, sino sólo a los chacos.

“En muchos casos, están haciendo figurar chacos donde hay un comunario o un viviente del chaco y con eso están diciendo que son 25 comunidades consultadas. Si cada persona es una comunidad, creo que vamos  a tener más de 1.000 comunidades”, afirmó el dirigente indígena.

Resistencia. Un informe del Observatorio de Industrias Extractivas y Derechos Colectivos  —entidad que forma parte del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq)— indica que al menos 34 comunidades del Sécure Bajo se resistirán al proceso consultivo del Gobierno.

Según esta organización, algunas de las comunidades que rechazan la vía y la consulta son: Tres de Mayo, Puerto San Lorenzo, Nueva Lacea, Villa Fátima, Carmen de Coquinal, San Bernardo, Santa Lucía, Paraíso, Galilea y Santa María.

El ministro Sánchez explicó que las comunidades consultadas plantearon castigar con 30 años de cárcel a los que invadan el territorio sin permiso. Asimismo, dijo que en la consulta se socializa la construcción de la vía ecológica, con viaductos, túneles y plataformas para evitar daños al ecosistema del TIPNIS.

El senador René Martínez (MAS) dijo que “si las propuestas son coherentes con la Constitución, estamos dispuestos a construir nuevas normas como mecanismos de control y prohibición”. Cuando el presidente Evo Morales propuso construir un túnel  por la zona núcleo del TIPNIS, el dirigente Adolfo Chávez señaló que esto sólo es “demagogia”.

ONU niega el envío de veedores al TIPNIS

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) desmintió ayer, mediante un comunicado de prensa, las afirmaciones realizadas por el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, quien aseguró que veedores de ese organismo internacional acompañan el proceso de consulta en el TIPNIS. El domingo, Sánchez resaltó la presencia de funcionarios de las Naciones Unidas en el proceso, al grado de detallar sus nombres.

“Como veedores internacionales están participando siete, tres de la OEA, dos de Unasur y dos de la ONU (…) Vilma Romero y Nicolás David, de las Naciones Unidas; esos funcionarios están en la región del alto medio Isiboro”, declaró a los medios de comunicación.

La nota de prensa del organismo internacional señala que “los funcionarios de la ONU llevan a cabo un monitoreo de derechos humanos en el TIPNIS, conforme al mandato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y no están en calidad de veedores de la consulta”, en aclaración a lo vertido por el ministro.

Días previos al inicio de la consulta, el coordinador del Área de Fortalecimiento Democrático del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Carlos Camargo, señaló que no conocía sobre alguna invitación del Gobierno para acompañar el proceso.

“En este momento yo no tengo conocimiento, pero hay mecanismos a través de los cuales se hacen conocer estas decisiones y objetivamente hasta el momento no tenemos conocimiento de que exista una invitación”, afirmó el funcionario, según Erbol.

Recientemente, Sánchez dijo que habían mandamientos de aprehensión contra los líderes indígenas que se oponen a la consulta. En esa oportunidad, la Fiscalía indicó no conocer esa información. El ministro aclaró que se trató de una imprecisión.

Emiten seis órdenes de aprehensión a dirigentes

La Fiscalía de Distrito del Beni emitió ayer órdenes de aprehensión en contra de seis dirigentes del TIPNIS, acusados de corrupción, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito en esa región. Según el Ministerio Público, los dirigentes que deben presentarse a declarar son: Óscar Héctor Semo Goitia, Alejandro Yuco Semo, Mario Miranda Semo, Isidro Rosario, Carmelo Yuco Yumo, Zenón Espíndola Nopu, Adolfo Moye y Shirley Fabricano Román, según ANF.

El fiscal de Distrito, Alejandro Cruz, explicó que los mandamientos podrían quedar sin efecto si esas personas presentan un memorial solicitando hora y fecha de audiencia, sin embargo, por la resistencia a la consulta en la comunidad de Gundonovia, los acusados no pudieron ser notificados. 

“Actualmente, por el proceso penal de corrupción, incumplimiento de deberes y de enriquecimiento ilícito, se tiene librado un mandamiento de aprehensión en contra de esos dirigentes”, informó Cruz.

Según la denuncia, la Secretaría de la Gobernación habría entregado más de Bs 3, 2 millones, 200 mil por cada dirigente; ese monto de dinero fue destinado a pasajes, viáticos y algún otro movimiento que se tenía dentro de los proyectos de la entidad departamental, de los que se espera conocer los recibos y facturas de descargo.

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