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Conflicto judicial paraliza la pesquisa por caso Yucumo

La investigación debe esclarecer quién dio la orden para la violenta intervención policial a la marcha indígena en Yucumo, Beni. Sólo el general Muñoz está imputado

Audiencia. El suspendido subcomandante de la Policía (c.) tiene orden de detención domiciliaria.

Audiencia. El suspendido subcomandante de la Policía (c.) tiene orden de detención domiciliaria.

La Razón / Ernesto Calizaya / La Paz

03:01 / 01 de febrero de 2012

La investigación sobre los sucesos de violencia del 24 y 25 de septiembre en Chaparina y Yucumo en Beni (represión a la marcha en defensa del TIPNIS) está paralizada desde el 6 de diciembre, porque hasta el momento las instancias judiciales pertinentes no resuelven un conflicto de competencia jurisdiccional.

La fiscal Patricia Santos, que investigaba los sucesos en los que un grupo de indígenas tomó como rehén al canciller David Choquehuanca, interpuso ante el Juzgado 9° de Instrucción en lo Penal-Cautelar de La Paz una excepción de incompetencia para que todas las denuncias en torno a la marcha pasen a un solo juez.

Santos plantea que la investigación sobre la represión policial de septiembre a la marcha en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), las denuncias de irregularidades en el contrato con la constructora OAS —encargada de construir la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos— y el caso del Canciller sea responsabilidad de un solo juez. Al momento, los procesos están en dos juzgados.

El juzgado 9° de Instrucción en Penal-Cautelar rechazó la solicitud hasta tanto la Fiscalía aclare la unificación del proceso. Seguidamente solicitó que la excepción de incompetencia sea resuelta vía inhibitoria, aspecto al que, según Santos, no se da curso. 

A causa de esta situación, el fiscal Ángel Ponce, encargado de indagar la represión a la marcha de los indígenas y las irregularidades denunciadas sobre el contrato con OAS, suspendió declaraciones del comandante de la Policía, general Jorge Santiesteban, y del exministro de Gobierno, Sacha Llorenti.

El jefe del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, presentó las denuncias por la represión policial y el contrato con la constructora. Aida Camacho, abogada de Del Granado, cuestionó la demora en el proceso. Recordó que hasta el momento sólo el suspendido subcomandante de la Policía, general Óscar Muñoz, está imputado por la violencia contra los indígenas.

MSM pide destrabar juicios

El Movimiento Sin Miedo (MSM) exigió al Ministerio Público reactivar la demanda penal interpuesta en contra de autoridades del Órgano Ejecutivo y de la Policía por la represión a la marcha en defensa del TIPNIS. También exige similar actitud con la denuncia de sobreprecio en la construcción  de la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

La abogada Aida Camacho, que patrocina al MSM, reveló que Insercom (Ingenieros al Servicio de la Comunidad) de Cochabamba realizó un estudio que mostró  la “inconsistencia técnica y económica” de la contratación de la empresa. Además, señaló que por datos que entregó la ABC se establece que existe un sobreprecio de $us 100,668.420.

Por ejemplo, citó que incluyen en el costo el desbosque y desbroce de 306 kilómetros, cuando en el tramo 1 y 3 de la carretera no son necesarios estos trabajos porque existe ya el trazo. La abogada reclamó por la paralización de los procesos judiciales. Considera que buscan dilatar el juicio.

Gremio de periodistas condena agresión

La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), en un comunicado, condenó las agresiones que sufrieron trabajadores de distintos medios de comunicación cuando realizaban la cobertura del arribo de la marcha del Consejo Nacional del Sur (Conisur) a la plaza Murillo. Denunció que la agresión vulnera el derecho a la libertad de expresión.

Helga Velasco, reportera de Gigavisión; Álex Estívariz, camarógrafo de Fides TV; Carlos Saavedra, de Bolivisión; y Miguel Carrasco, reportero gráfico de La Razón, fueron víctimas de las piedras lanzadas por los indígenas en su intento por ingresar al centro del poder político. “Estas agresiones, además de provocar lesiones, limitaron el ejercicio periodístico y la libertad de expresión, base fundamental de la democracia”, refiere el documento.

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