Nacional

Legisladores responden en su lengua nativa; otros se enojan

Prueba. Un equipo de La Razón hizo preguntas en aymara y quechua

Comisión. Legisladores de la Asamblea Plurinacional revisan las hojas de vida de los aspirantes a Defensor del Pueblo.

Comisión. Legisladores de la Asamblea Plurinacional revisan las hojas de vida de los aspirantes a Defensor del Pueblo. Ignacio Prudencio.

La Razón (Edición Impresa) / Elisa Medrano, Marilyn Choque / La Paz

03:38 / 22 de abril de 2016

¿Qué idioma originario habla? La pregunta es respondida con orgullo por algunos asambleístas nacionales en su respectiva lengua nativa y, para dejar constancia de ello, incluso entablaron una conversación con este medio. Otros legisladores se molestaron.

Ocurrió la noche del miércoles, luego de que un grupo de legisladores revisó la documentación de los aspirantes a la Defensoría del Pueblo. Entonces, un equipo de La Razón, conformado por dos periodistas (una de habla aymara y otra que domina el quechua), se trasladó a la sede de la Comisión Mixta de Constitución del Legislativo. La iniciativa periodística buscó conocer el cumplimiento de los preceptos constitucionales que obligan a los servidores públicos a hablar un idioma nativo, además del castellano. 

Explicaciones. El requisito, vigente desde agosto de 2015 cuando feneció el plazo para que los servidores aprendan el idioma nativo, cobró notoriedad esta semana cuando el Legislativo inhabilitó a postulantes por no haber acreditado a través de algún certificado el conocimiento de la lengua originaria requerida para sus funciones.

Luego de justificar por qué el Defensor del Pueblo debe hablar una lengua originaria, la diputada María Calcina, de Unidad Nacional (UD), afirmó que sabía aymara. Se le preguntó si lo comprendía bien y respondió: “Todo, de lo que quieras podemos hablar”. Y así se entabló una charla de minutos, precisamente, en ese idioma.

Lo propio ocurrió con el diputado Franklin Flores, del Movimiento Al Socialismo (MAS). Ni bien se le mencionó el tema, comenzó a explicar en aymara lo que establece la Constitución Política del Estado en su artículo 234 y la disposición transitoria segunda de la Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas, 269.

La Carta Magna dispone, como requisito para acceder a la función pública, hablar al menos dos idiomas oficiales. La Ley 269 fijó un plazo de tres años de adecuación que feneció el 2 de agosto de 2015.  Bajo ese precepto, en la convocatoria para Defensor del Pueblo se les pidió a los postulantes acreditar una lengua nativa, pero los aspirantes que no cumplieron el requisito fueron excluidos.

La diputada Sonia Brito (MAS) aseguró que solo cinco postulantes fueron inhabilitados por esa causa. Explicó que cursó dos semestres de quechua. “¿Qué sabe hablar?, se le preguntó en ese idioma y respondió en castellano: “No me parece que sea la forma en la que ahora estén cuestionando a los diputados, porque hemos entrado con la convocatoria de 2014”.

La inquietud fue formulada a la diputada Susana Rivero, del MAS, pero ella no respondió, aún cuando se le explicó que la consulta estaba referida al requisito  de la lengua originaria. Igual pasó con el senador Barón, presidente de la Comisión Mixta de Constitución que evalúa a los postulantes a la Defensoría. El miércoles no quiso responder, aunque ayer comenzó una rueda de prensa diciendo: “Yo soy Milton, soy de Chuquisaca, estoy trabajando aquí”, en idioma quechua.

Desafíos. La excandidata a la vicepresidencia por el opositor Partido Demócrata Cristiano (PDC) Tomasa Yarhui ponderó que el legislador haya aprendido esa lengua, porque es de Chuquisaca, el departamento de donde ella también es oriunda. No obstante, le volvió a desafiar a debatir en quechua.

El vicepresidente de Diputados, Víctor Borda, espera que sus colegas que no hablan idiomas originarios tomen un curso. “No se puede entender la naturaleza de lo pluricultural, que declara la Constitución, si por lo menos los representantes, los que tenemos el mandato de un pueblo, no podemos entender a nuestra gente”, reflexionó.

Lo que dice la norma vigente

Ley madre

El artículo 234 de la Constitución señala que para acceder a la función pública se requiere hablar al menos dos idiomas oficiales del país, es decir, castellano y una de las 36 lenguas originarias.

Transitoria

La disposición transitoria décima de la Carta Magna establece que el requisito de hablar al menos dos idiomas oficiales será de aplicación progresiva. Con esa finalidad se aprobó la norma 269, que da un plazo de tres años para aprender un idioma originario. El plazo feneció en agosto de 2015.

Solo el 10% certificó idiomas

Rubén Ariñez

Según un reporte del Viceministerio de Descolonización, solo un 10,4% de los funcionarios del país —unos 36.600 funcionarios de un total de 350.000— cuenta con una certificación que acredite el conocimiento de un idioma originario, un requisito indispensable para la función pública de acuerdo con la Carta Magna.

“Probablemente tengamos que sacar alguna normativa de la obligatoriedad perentoria, con plazos, para exigir el cumplimiento de la norma. Eso queda ya a la cabeza de los ministerios”, anticipó a La Razón el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas.  En los últimos días surgió una polémica tras la constatación de que muchas autoridades aún no pueden expresarse en el idioma originario que declararon conocer para acceder a sus cargos.

Inicial. Respecto a esta situación, Cárdenas admitió que “no hay servidor público que pueda hablar perfectamente un idioma”, puesto que la fase de capacitación se encuentra en un grado inicial. “Luego vendrá el nivel básico, es un proceso largo”, justificó.  

No obstante, este portafolio solicitará una  evaluación para los funcionarios de todas las reparticiones estatales. “Esperamos que el Ministerio de Educación nos convoque para que fijemos en qué tiempo vamos a entrar a los ministerios, gobernaciones y alcaldías para exigir el cumplimiento de la ley”, anticipó Cárdenas.

Posturas sobre el idioma originario

Milton Barón: Senador del MAS

“Con relación a los funcionarios en ejercicio, la propia Constitución, en su disposición transitoria, habla de una aplicación paulatina del habla de idiomas originarios”.

María Calcina: Diputada de Unidad Nacional

“En el tema del idioma nos hemos regido y hemos dado estricto cumplimiento a lo que ha dispuesto la Asamblea Legislativa y al reglamento que se ha aprobado”.

Sonia Brito: Diputada del MAS

“Nosotros hemos entrado  con la convocatoria de 2014, donde no era un requisito (hablar un idioma originario), después de agosto de 2015 sí es un requisito”.

Patricia Gómez: Senadora PDC

“No debería haber molestia por no hablar el idioma porque no es un requisito que se sepa a ciencia cierta ese lenguaje, pero deberían tener un conocimiento básico”.

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