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Denuncian que a electas las hacen renunciar

Durante el proceso electoral subnacional se produjeron denuncias de acoso político en contra de candidatas que, entre otros aspectos, fueron obligadas a renunciar, por anticipado, a sus cargos electos. Si bien existe un registro de estos casos, hay temor de las afectadas a posibles represalias.

La Razón (Edición Impresa) / Rubén Ariñez / La Paz

00:00 / 26 de abril de 2015

Durante el proceso electoral subnacional se produjeron denuncias de acoso político en contra de candidatas que, entre otros aspectos, fueron obligadas a renunciar, por anticipado, a sus cargos electos. Si bien existe un registro de estos casos, hay temor de las afectadas a posibles represalias.  

Las reparticiones departamentales de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) y, por separado, la Coordinadora de la Mujer durante la ejecución de la campaña “50 y 50 Paridad es Ahora”, conocieron estos casos, aunque ambas entidades no cuantificaron todavía las denuncias.

“Las están obligando a renunciar o a firmar en blanco acuerdos ante notarios, incluso para dejar el cargo después de dos años y medio. Hay denuncias de los municipios rurales sobre todo”, indicó a La Razón la directora de Acobol, Jessy López.

La directora de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo, confirmó este extremo y precisó que mujeres electas en los comicios subnacionales del 29 de marzo son víctimas de “presiones externas o acuerdos internos dentro de los propios partidos políticos”. Los acuerdos fijan que las mujeres electas solamente cumplan la mitad de su gestión legislativa —cinco años— para dar paso al suplente, que —según la normativa electoral en vigencia— es un varón.

Por los reportes preliminares, el Ministerio Público aún no conoce estas trasgresiones a la normativa. López enfatizó, con base en los testimonios de las afectadas, que “esas denuncias se han ido llevando muy herméticamente por el temor a represalias dentro del partido o agrupación”.

Normativa. La Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres 243, del 28 de mayo de 2012, en sus incisos “p” y “g”, respectivamente, establece que los actos que “presionen o induzcan a las autoridades electas o designadas a renunciar a su cargo” y “obliguen mediante la fuerza o intimidación en sus funciones político-públicas, suscribir todo tipo de documentos y/o avalar decisiones contrarias a su voluntad”, son considerados como acoso y violencia política.

“Lo que hemos constatado es que efectivamente todavía persiste la violencia contra las mujeres que están participando en el espacio político”, lamentó Novillo. Una realidad que es cuestionada por el Legislativo.

En criterio de la presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral en Diputados y partidaria del Movimiento Al Socialismo (MAS), Betty Yañíquez, este tipo de hechos son más recurrentes en el  área rural porque el machismo prevalece. “Se sigue manteniendo ese colonialismo pese a que existen tantos cambios. Hay que cambiar de criterio y la actitud”, dijo.   

Novillo enfatizó que la Coordinadora realiza “vigilancia” para garantizar que las renuncias se produzcan en el marco de los intereses de las mujeres y lejos de “intereses” políticos. Para ello, la entidad socializa la norma en los espacios legislativos.

El diputado Wilson Santamaría, de la opositora Unidad Demócrata (UD), convocó a las personas afectadas a denunciar este tipo de contravenciones y adelantó que su partido vigilará el fiel cumplimiento de los derechos políticos de los bolivianos. “Invocamos a perder el miedo a denunciar, no importa del partido que sea, los derechos son para todos”, enfatizó.   

No obstante, Novillo puntualizó que si bien las leyes tienen plena vigencia, todavía falta especificar algunos aspectos pendientes a través de su reglamentación. “Hemos encontrado vacíos en las normas electorales, la normativa solo establece la protección de las mujeres candidatas, en algunos casos la violencia y acoso político se produce antes de que sean formalmente candidatas”, señaló.

Juana Quispe, el emblema

Tragedia

Juana Quispe, concejala del municipio de Ancoraimes que fue electa en 2010, el 12 de marzo de 2012, y en medio de problemas y acciones legales, concluye su mandato tras ser asesinada. Este trágico hecho impulsa la Ley 243.

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