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Evo analiza que Bolivia deje la Comisión de DDHH de la OEA

Dirigentes piden que esa comisión investigue la consulta, debido a que supuestamente se vulneraron lo sderechos humanos durante la intervención de Chaparina.

Proceso. La consulta sobre la carretera a través del TIPNIS concluyó el 7 de diciembre de 2012.

Proceso. La consulta sobre la carretera a través del TIPNIS concluyó el 7 de diciembre de 2012. AFKA.

La Razón / Luis Mealla / La Paz

02:30 / 19 de marzo de 2013

El presidente Evo Morales evalúa la renuncia de Bolivia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque ésta, dijo, no aporta a la defensa de tales derechos. Indígenas del TIPNIS invitaron a esa entidad para indagar el caso Chaparina y el proceso de consulta.

La protesta del Mandatario contra la CIDH fue expresada ayer en conferencia de prensa, cuando los periodistas preguntaron acerca de una reciente audiencia de dicha Comisión; en ésta indígenas del TIPNIS denunciaron que la consulta “no fue de buena fe”.

“Sobre esos pedidos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, están por de más. Nada importante, tal vez por una cuestión de formalidad hemos cumplido; estoy pensando seriamente retirarnos de la CIDH. ¿Qué aporta? Imagínense, tiene oficina en Estados Unidos y Estados Unidos no ha ratificado ningún acuerdo de defensa a los derechos humanos”, aseveró la autoridad.

El Presidente acotó que tras un examen de la CIDH, se analiza que Bolivia salga de esa instancia interamericana. “Estoy haciendo una profunda evaluación, qué mejor (que) renunciar, retirarnos, (...) eso no significa violar los derechos humanos”.

La postura fue manifestada luego de que el viernes los dirigentes indígenas Adolfo Chávez y Fernando Vargas, y autoridades en representación del Gobierno, entre ellos el ministro Carlos Romero, participaron en Washington (sede de la CIDH) en una audiencia temática sobre la situación de los derechos humanos en el TIPNIS.

En la oportunidad, Chávez informó sobre una presunta vulneración de derechos humanos en el país, durante la represión en Chaparina (2011), y la violación de leyes y convenios durante la consulta sobre la intangibilidad del territorio y parque nacional (2012).

“El Gobierno no supo responder por qué la Ley 180 podría ser anulada en virtud a la Ley 222 de Consulta; además la CIDH pidió al Gobierno que responda por la represión de Chaparina y la ilegalidad de la consulta”, explicó el dirigente.

En esa línea, el abogado de los indígenas, Iván Bascopé, dijo que se pidió que una comisión de esa instancia internacional llegue a Bolivia para hacer una inspección in situ de ambos casos y elevar un informe oficial.

Pedido. “Hemos pedido que venga y redacte un informe imparcial para no estar con dos informes, porque el Gobierno tiene una información sobre lo que fue la consulta y nosotros, otra. Así ellos definirán si es que se ha cumplido la consulta libre, previa e informada”, sostuvo Bascopé, tras indicar que harán similar labor con el tema de la represión en Chaparina.

El abogado minimizó la posible renuncia de Bolivia a la CIDH. “Lo que tendría que hacer es retirar a su embajador en la OEA, Diego Pari, pero eso no influirá en las decisiones que tome un sistema independiente de nivel internacional de derecho público”.

Las decisiones de la CIDH son vinculantes para un Estado, así no reconozca lo que recomienda este organismo. Su decisión es importante, porque influye en las relaciones que tienen a escala internacional o en el plano multilateral, dijo Bascopé.

Por su parte, un boletín del Ministerio de Gobierno denunció que tres ONG estadounidenses se presentaron como “peticionarios” ante esa comisión “en representación de dirigentes cuya legitimidad está cuestionada”.

  El ministro Romero informó que, según el memorial presentado por los peticionarios, “los indígenas del TIPNIS se han declarado como pueblos en autoaislamiento voluntario y por eso se aprobó la Ley de Intangibilidad”; esa región se ha convertido en un objeto de depredación ilegal de recursos naturales, recordó el Gobierno.

Aseguran legalidad de consulta

Postura

En cuanto al carácter previo de la consulta realizada en el TIPNIS, el ministro Carlos Romero aseguró que ese proceso se sujetó a los estándares y requisitos mínimos de la CIDH. “No hay contrato, no hay licencia ambiental, la consulta fue previa”, dijo.

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