Nacional

Falta de fiscales especializados traba los procesos por racismo

A dos años de haberse promulgado la Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, la falta de fiscales especializados en la materia obstaculiza los procesos instalados por acciones racistas y discriminatorias. En 24 meses de vigencia de la norma se presentaron 252 denuncias.

La Razón / Iván Paredes / La Paz

03:38 / 07 de octubre de 2012

“Vemos una falencia general: se necesita fiscales especializados en racismo y discriminación (...). Existe un vacío profesional, un desconocimiento de fiscales y jueces del tratamiento de la Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación”, cuestionó el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas.

Hace dos años, el 8 de octubre de 2010, el presidente Evo Morales promulgó la Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación en medio de protestas de las organizaciones de la prensa, que exigían al Órgano Legislativo la eliminación de los artículos 16 y 23 de la norma, que, según su análisis, conculca las libertades de prensa y de expresión en Bolivia.  

En esferas del Órgano Ejecutivo hoy existen críticas a la aplicación de la norma, en cuanto a la celeridad de los procesos que fueron instalados en la Fiscalía. Otros aspectos negativos son la falta de presupuesto para combatir el racismo y la discriminación, y la ausencia de reglamentos en entidades públicas y privadas, y centros educativos que sancionen estas acciones.  

Sin embargo, también existe un balance positivo por el número de denuncias interpuestas por parte de la ciudadanía, 252 a la fecha, como también el aprendizaje de la población al saber que el racismo y la discriminación son ahora delitos con sanción penal.

Medida. Como uno de los mecanismos —aunque no se dará en el tiempo inmediato— para que la Fiscalía agilice su labor procesal en las denuncias sobre racismo y discriminación, el Ejecutivo especializará en la materia a autoridades del Ministerio Público en la Escuela de Jueces y Fiscales del Estado Plurinacional, institución que funciona en Sucre siguiendo la aplicación de la Ley del Órgano Judicial.    

“En el colegio de jueces y fiscales se introducirá estos temas como parte de la creación de una nueva instancia especializada en racismo y discriminación”, destacó Cárdenas.

Esta posición fue respaldada por el abogado y exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín, quien reprochó que la ley antirracismo no pueda ser aplicada en su totalidad debido a la ausencia de profesionales especializados en la materia. “Como existen fiscales antinarcóticos o anticorrupción, deberían existir fiscales y jueces que se aboquen a la materia del racismo o la discriminación”, remarcó.

En su visita a Bolivia, el relator de Naciones Unidas sobre Racismo y Discriminación, Mutuma Ruteere, deploró la falta de celeridad en la Justicia y la carencia de recursos para combatir actos racistas y discriminatorios. Además, calificó a la Ley 045 como un avance y luego criticó a algunos medios por emitir mensajes de “odio racial”.

Otro aspecto analizado por Cárdenas es la ausencia de recursos económicos para combatir estos flagelos en instituciones públicas. La autoridad dijo que a pesar de que el Plan Operativo Anual (POA) de cada entidad establece el destino de recursos, son pocas las que ejecutan programas contra el racismo y la discriminación.   

“El presupuesto es uno de los escollos principales. La Ley 045 establece que las entidades públicas en sus POA deben ejecutar planes, pero son pocas las instituciones que lo hacen”, sostuvo Cárdenas. Además protestó por la falta de procedimientos internos en entidades privadas y públicas, y centros educativos que sancionen los actos racistas y discriminatorios.

Para el diputado del pueblo afroboliviano Jorge Medina, del Movimiento Al Socialismo (MAS), la Ley 045 ayudó a eliminar —en gran medida— acciones racistas y discriminatorias entre los ciudadanos bolivianos. “Ahora se respetan las etnias, la condición social y económica. La esencia es buscar la igualdad en la diversidad”, destacó el impulsor de la normativa.

Otro avance, para el viceministro Cárdenas, es que la población conoce que el racismo y la discriminación son delitos que incluso pueden ser penados con la privación de libertad.

Artículos  en cuestión

El artículo 16 de la ley dicta sanción económica y suspensión de licencias de funcionamiento a medios que difundan contenidos racistas y discriminatorios. Mientras que el 23 señala que cuando el hecho es cometido por un trabajador del medio, éste no podrá alegar inmunidad ni fuero.

Denuncias se centran en el ámbito educativo

Iván Paredes

Aunque las denuncias por racismo y discriminación entre personas particulares son las más frecuentes (28), en el ámbito educativo y de salud hubo más acusaciones en la gestión 2012: 21 casos instalados en la Dirección General de Lucha Contra el Racismo y Discriminación, instancia que depende del Viceministerio de Descolonización.

“En el ámbito en el que existen más denuncias es en los centros educativos y de salud. Existen denuncias instaladas por insultos y hasta por agresiones físicas”, explicó el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas. La autoridad gubernamental reprochó que en los centros educativos no existan reglamentos internos que sancionen las acciones racistas y discriminatorias. “Esto impide la aplicación de la Ley 045. Los centros educativos y de salud, como otras instituciones, no cumplieron en establecer reglas sobre la temática, como lo establece la normativa”, cuestionó.

Acusaciones. En lo que va de la gestión 2012, hasta el 31 de agosto, se recibieron 103 denuncias. La pasada gestión, según datos del Viceministerio de Descolonización, se atendió 139 casos, con un promedio aproximado de 11 denuncias presentadas por mes.

De acuerdo con la procedencia de las acusaciones, se denota un mayor índice en el área urbana respecto al área rural. En el primer ámbito existen 86 denuncias y, en el segundo, 17 acusaciones. Según las instituciones denunciadas por actos de racismo y discriminación, en 2012 se observa que en el Órgano Ejecutivo hubo 15 denuncias; 14 en los gobiernos municipales; 8 en organizaciones sociales; 4 en la Policía; 5 en organizaciones no gubernamentales; 2 en empresas privadas; 3 en medios de comunicación; 1 en gobiernos departamentales; 1 en instituciones militares; y 1 en instituciones civiles del país.

En dos años, hay 252 casos por racismo y discriminación

Iván Paredes

En dos años de aplicación de la Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación se instalaron 252 denuncias. En esta gestión sólo tres acusaciones, de 103 casos presentados, fueron remitidos al Ministerio Público, según datos del Viceministerio de Descolonización.

En comparación con la pasada gestión —de 139 denuncias 12 fueron remitidas a la Fiscalía—, en 2012 tres casos son revisados por autoridades del Ministerio Público. En total, en los dos años de aplicación de la Ley 045, 15 denuncias pasaron a los estrados judiciales. Ninguno de estos casos tiene sentencia debido a que no existen fiscales especializados en la materia.   

El viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, explicó a La Razón que la mayoría de las denuncias es resuelta por consentimiento entre ambas partes, motivo que evita que el proceso pase a la Fiscalía.

“En la Ley 045 se establece que cuando existe disculpas públicas y el afectado las acepta, el proceso termina ahí, y por eso no pasa a tratamiento en la Fiscalía”, detalló Cárdenas. Citó un ejemplo, el caso de la ciudadana Amalia Laura Villca, quien fue víctima de discriminación por sus compañeros de estudio en la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), en Cochabamba. Los estudiantes, para la foto oficial de egreso, quitaron las polleras y trenzas de Laura Villa, y las reemplazaron por una toga y un birrete.

Denuncias. Otros procesos relevantes son los dos que se instalaron en contra del alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Percy Fernández, quien agredió en 2011 públicamente a un periodista del canal universitario de esa urbe. El burgomaestre también insultó en esta gestión a un reportero gráfico de El Deber.

“El señor Percy Fernández pidió disculpas públicas, pero no fueron aceptadas por los afectados, entonces el proceso continúa su tratamiento en la Fiscalía”, informó Cárdenas.

En esta gestión, de las 103 denuncias presentadas, 96 son por acciones discriminatorias y siete por racismo. Cárdenas detalló que 37 casos fueron desestimados por no pertenecer a acciones racistas o discriminatorias.

En 96 procesos por discriminación en 2012, 21 son por causas contra diversos derechos; 15, por agresión verbal (insultos); 8, por denegación de un servicio; 4, por ocupación laboral; 7, por discapacidad física e intelectual y nacionalidad; 7, por género, credo religioso y discriminación múltiple; 11, por la edad, la procedencia, la orientación sexual, la identidad cultural, el grado de instrucción y la vestimenta; y 2, por apariencia física de la persona.

Mientras que las denuncias presentadas por acciones racistas (7 en total) son 3 por pertenecer a un pueblos indígena originario campesino; 2, por el origen étnico de la persona; y 2, por agresión que se dio por el color de la piel, vestimenta e idioma.

Otro dato. De los casos atendidos en esta gestión por la Dirección General de Lucha Contra el Racismo, el 54% sucedió en el ámbito público y el 46% se dio en instituciones privadas.

Respecto al trabajo de los medios, todavía no existen denuncias contra el sector periodístico por acusaciones racistas y discriminatorias. Sin embargo, existen tres casos que se instalaron por acciones de discriminación dentro de las casas periodísticas.

El Viceministro de Descolonización consideró que desde la promulgación de la norma se evitó que “algunos” medios cometan actos racistas y discriminatorios. “Ya no se escucha insultos”, afirmó.

El Caso de la diputada Adriana Gil

Proceso

El viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, sentó una denuncia contra la diputada opositora Adriana Gil por supuestos actos discriminatorios contra el presidente Evo Morales. La autoridad explicó que en este caso se decidió presentar la demanda ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, instancia que desistió de la suspensión de la asambleísta opositora.

Preparan los festejos para el 12 de octubre

El viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, anunció que su cartera prepara festejos por el Día de la Descolonización. El 12 de octubre habrá un evento al que asistirán el presidente Evo Morales Ayma y el vicepresidente Álvaro García Linera.

El gobierno de Evo Morales declaró el 12 de octubre el Día de la Descolonización a través de un decreto supremo, promulgado en un acto realizado en la plaza Villarroel la pasada gestión.

“Habrá una caminata desde la Ceja de El Alto hasta el Coliseo Cerrado de La Paz. Habrá ceremonias y ferias en las que se demostrará los avances del proceso de descolonización”, detalló Cárdenas.

Decreto. Para esa fecha (12 de octubre), el viceministro Cárdenas espera que el gabinete ministerial apruebe un decreto supremo en el que se especifique el plan de acción de la lucha contra el racismo y la discriminación.

“Hay dificultades en el proceso. El Ejecutivo no aprobó el decreto supremo que establece un plan de acción para combatir el racismo y la discriminación. Esperamos que el 12 de octubre, Día de la Descolonización, se apruebe esa normativa”, auguró Cárdenas.

En el plan de acción, diseñado por el Viceministerio de Descolonización, se establece, entre otras determinaciones, el destino de los  recursos económicos para aplicar políticas contra esos flagelos. Además, la norma obliga a instituciones públicas a diseñar reglamentos internos que sancionen acciones racistas y discriminatorias.

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