Nacional

Fiscal rechaza juicio a Evo por represión a indígenas

Reacción. La CIDOB anuncia  demanda en foros internacionales

Marcha. Policías en el operativo para neutralizar marcha indígena.

Marcha. Policías en el operativo para neutralizar marcha indígena.

La Razón / Ernesto Calizaya / Sucre

01:49 / 04 de enero de 2012

La Fiscalía del Estado archivó obrados y rechazó las proposiciones acusatorias presentadas contra el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García por la represión policial del 25 de septiembre contra la marcha indígena por el TIPNIS.

El fiscal General Mario Uribe informó sobre la decisión asumida en torno a las dos denuncias presentadas por delitos como genocidio. La Sala Penal 2da de la Corte Suprema de Justicia (hoy Tribunal Supremo de Justicia), en la que radica el caso, fue notificada con la resolución de la Fiscalía. 

El presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Adolfo Chávez, calificó como un “favor político” la decisión de la Fiscalía del Estado y anunció que su sector presentará una denuncia contra Morales y García ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y la Vicepresidencia de la CIDOB presentaron una denuncia por 11 delitos, entre ellos incumplimiento de deberes, genocidio, maltrato infantil, racismo, discriminación y asesinato en grado de tentativa, además de lesiones leves, graves y gravísimas y maltrato de niños y niñas.

Un contingente de 450 policías reprimió el 25 de septiembre en Yucumo, Beni, a los indígenas que marchaban a La Paz en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Los uniformados maniataron y amordazaron con cinta masquin a decenas de movilizados.

La opositora Convergencia Nacional (CN) presentó la segunda proposición acusatoria por delitos como genocidio. “Se ha rechazado las dos proposiciones acusatorias, lo que significa archivo de obrados”, explicó Uribe, poco después de participar en la mañana de ayer de la inauguración del Año Judicial en el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

Añadió que la decisión que tomó es única y exclusivamente en el proceso planteado contra Morales y García, que se inscribe en el marco de la Ley 044 de juzgamiento del Presidente, Vicepresidente y Altas Autoridades del Órgano Judicial y de la Fiscalía.

Proceso. Hasta el momento la justicia no estableció quién dio la orden para la represión policial. El exministro de Gobierno Sacha Llorenti señaló como autor de la orden al también exviceministro de Gobierno Marcos Farfán. El exviceministro rechazó la acusación y reveló que el general Óscar Muñoz, que comandaba el operativo, le comunicó que inició las acciones por órdenes de La Paz.

El ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, suspendió en octubre a Muñoz del cargo de subcomandante de la Policía. La autoridad policial guarda detención domiciliaria por el caso Yucumo. El dirigente Chávez consideró que el Presidente y el Vicepresidente debieron iniciar un juicio contra Llorenti si no son responsables de la intervención. En caso de que el exministro tampoco hubiese dado la instrucción, lo que correspondía era que inicie un proceso al Alto Mando, señaló.

Uribe explicó que el proceso judicial iniciado en La Paz contra otras autoridades y exautoridades sigue su curso. El líder del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, inició un proceso contra Llorenti, Farfán, Muñoz, el comandante de la Policía, general Jorge Santiesteban, entre otras personas vinculadas al hecho.

La represión policial fue ejecutada un día después de que un grupo de marchistas tomara como rehén al canciller David Choquehuanca para romper un cordón policial que evitaba un choque contra colonos opuestos a la movilización indígena. El dirigente Chávez informó de que no fueron notificados con la decisión de la  Fiscalía, sin embargo anunció que llevarán la denuncia a instancias internacionales por violaciones de derechos humanos.

Chávez denuncia pago a marchistas

El presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Adolfo Chávez, denunció ayer que el Gobierno prometió a los marchistas del Consejo Indígena del Sur (Conisur) el pago de 3.000 bolivianos una vez que se empiece a construir la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

El dirigente de la movilización Gumercindo Pradel rechazó la denuncia, mientras que el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, la calificó como absurda. La movilización del Conisur exige la anulación de la ley corta que veta la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el parque. La marcha, que partió el 21 de diciembre desde Isinuta, Chapare, llegó ayer Parotani, desde donde hoy retomará la caminata rumbo a La Paz.

Chávez, quien lideró la marcha que logró la aprobación de la ley corta, denunció que los miembros de la contramarcha también recibieron el compromiso de carnetización gratuita y proyectos de desarrollo con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Navarro cuestionó las declaraciones de Chávez. “No puede desvalorizar el sacrificio que hacen hombres y mujeres”. El viceministro señaló que los cultivos de coca en parques nacionales serán erradicados. La red Erbol reprodujo el fin de semana una declaración del indígena Pradel, líder de la marcha del Conisur, en la que reconoce que tiene cocales.

García: Habrá consulta para carretera

El vicepresidente Álvaro García anunció en una entrevista concedida a la cadena CNN que el Gobierno consultará con las comunidades del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) por qué lugar del parque deberá pasar la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

La ley corta veta la construcción de la carretera por el parque. La norma fue aprobada como consecuencia de la marcha indígena de Trinidad a La Paz, entre agosto y octubre. Otra movilización liderada por el Consejo Indígena del Sur (Conisur) exige la anulación de la ley corta.

“Va a haber la consulta, que no quepa la menor duda”, afirmó García en la entrevista concedida el fin de semana a la cadena de televisión. “El Gobierno va a consultar con los pueblos, las comunidades y las familias de la región por dónde tiene que pasar la carretera”, insistió la autoridad.

La carretera que unirá Cochabamba y Beni es construida por la brasileña OAS a un costo de 415 millones de dólares. La obra está dividida en tres tramos; el II está paralizado a la espera de un trazo alternativo al TIPNIS. En coincidencia con García, el presidente del Comité de Logística de los marchistas del Conisur,  Antonio Guzmán, informó de que el sector presentará a la Asamblea Legislativa un proyecto que modifique la ley corta de tal forma de habilitar una consulta.

García señaló que la carretera no afectará la estructura del parque como zona de amplia diversidad. “Es posible, en un pequeño trecho, construir una carretera que nos garantice vinculación entre los mismos pueblos indígenas del TIPNIS con otros indígenas y otras poblaciones de Bolivia”, insistió el Vicepresidente.

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