La decisión de la Fiscalía de liberar a Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, de cuatro de los 10 delitos por los cuales es acusada, sorprendió y es rechazada, por lo que se está analizando con los abogados de los ministerios de la Presidencia y de Transparencia si estamos en plazo para una apelación, informó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

“Nos ha sorprendido, nos hemos enterado por la prensa (de esa decisión). No estamos de acuerdo con esa decisión, seguramente los abogados que forman parte del proceso -porque son denunciantes los ministerios de la Presidencia y Transparencia-  están estudiando todavía si están en plazo de apelar, pero la decisión nos ha sorprendido”, insistió.

En una resolución fiscal del 15 de julio se exime a la también ex funcionaria de la firma CAMC de los delitos de uso indebido de influencias en grado de complicidad, falsedad material, ejercicio indebido de la profesión y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, pero fue imputada por otros seis delitos en el caso denunciado por tráfico de influencias.

El fiscal General, Ramiro Guerrero, defendió este jueves la decisión tomada por la comisión de fiscales y afirmó que el Ministerio Público cuenta con las pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad de la acusada por seis delitos, entre ellos legitimación de ganancias ilícitas y uso indebido de bienes, que tiene sanción de hasta 12 años de cárcel.

“El Ministerio Público no va a aceptar procedimientos abreviados porque tenemos nosotros todas las pruebas como para demostrar la comisión de estos ilícitos por eso vamos a pedir la pena máxima para esta señora y quienes ha sido parte”, advirtió Guerrero.

Romero no dio mayores detalles de las acciones a seguir, aunque el fiscal Departamental, Edwin Blanco, aclaró ayer que no existen pruebas para acusar a Zapata por los cuatro delitos retirados del proceso.