Nacional

Gobierno cierra pactos con 11 de las 13 regionales de la Cidob

El Gobierno anunció ayer haber firmado “acuerdos programáticos” con 11 de las 13 regionales de la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob). Negó que con esto se busque el fracaso de la IX marcha indígena contra la ruta por el TIPNIS, convocada para el próximo 25 de abril.

Visita. El presidente Morales, ayer en la localidad beniana de Buen Destino, donde entregó obras y material escolar.

Visita. El presidente Morales, ayer en la localidad beniana de Buen Destino, donde entregó obras y material escolar.

La Razón / Paulo Cuiza / La Paz

02:32 / 04 de abril de 2012

El dirigente de la Cidob, Lázaro Tacoó, sostuvo que la firma de los acuerdos no desgastará la movilización. Por el contrario, ratificó el inicio de ésta para el 25 de abril desde Chaparina hasta La Paz en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), con la consigna del “no” a la consulta previa y el “no” a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. “Es una decisión orgánica”, justificó.

Obras y bienes en educación, salud e infraestructura, y la generación de proyectos productivos forman parte de los acuerdos alcanzados, sostuvo el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en conferencia de prensa. El presidente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap), José Ortiz, afirmó a Erbol que el Gobierno se comprometió a instalar una radio comunitaria en el norte paceño, como las que funcionan en el Chapare cochabambino.

“Vemos que en el Chapare cada pueblo tiene su radio y por qué los pueblos indígenas de La Paz no pueden tener una, por eso es una prioridad de los pueblos del norte paceño”, puntualizó el directivo Ortiz.

Entre las organizaciones de pueblos indígenas de tierras bajas que sellaron un acuerdo con el Gobierno figuran, además de la Cpilap, la Central de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (Cpesc); la Central Amazónica de Bolivia (Cirabo); la Central de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (Cptico); la Central de Organizaciones de Pueblos Guarayos (Copnag); la Organización Indígena Chiquitana (Oich); la Organización de Capitanías Weenhayek y Tapiete de Tarija (Orcaweta); la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG); la Central de Mujeres Indígenas del Beni (Cmib), y la Central de Pueblos Étnicos del Beni (Cpmb) y otras.

Acuerdos. Según Romero, aún falta por firmar acuerdos con la Central de Pueblos Indígenas del Beni (Cpib) y la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (Cipoap). Romero negó que los acuerdos sean para debilitar la IX marcha. “Estas reuniones con ellos (con las regionales) se remiten a varios meses atrás. No es un trabajo de ahora”, dijo. El primer acuerdo del Gobierno con una filial de la Cidob fue el 28 de febrero con la Cpilap; mientras que el 30 de marzo rubricó uno de los últimos, con el pueblo Weenhayek.

Tacoó explicó que una comisión de la Cidob ingresó a las regionales para explicar que la firma de acuerdos es diferente a una decisión orgánica como la de movilizarse en defensa del Isiboro Sécure.

La Cidob se opone a la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por cruzar por el medio del TIPNIS. El año pasado, el Gobierno promulgó la Ley 180 de Protección del Isiboro, que declaró a la zona intangible y prohibió la construcción de vías. Este año, el Consejo Indígena del Sur (Conisur) promovió que el presidente Evo Morales promulgara la Ley 222 de Consulta Previa para que los habitantes del TIPNIS decidan sobre la construcción de la carretera, cuyo costo total asciende a 415 millones de dólares en sus tres fases.

Según Romero, la firma de acuerdos con los pueblos indígenas “reafirma la convicción y predisposición para resolver cualquier diferencia a través del diálogo en temas específicos como la consulta o la construcción de la carretera”. Por su parte, Tacoó aseguró que se buscará alianzas con sectores urbanos para defender la reserva natural indígena.

Cuestionan urbanos en la marcha

Marcha

La presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, observó ayer la participación de sectores no indígenas en la IX marcha indígena en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Aseguró que la asistencia de otros sectores en una marcha indígena “desnaturaliza totalmente la movilización”.

Asimismo, acotó: “La marcha indígena puede convertirse en una movilización que no esté totalmente representada por los sectores de los pueblos indígenas, sino por otros, que no deslegitimizamos, pero que pueden desnaturalizar la marcha”, declaró Delgado a la prensa.

Indagan si se rompió la cadena de mando

La comisión de fiscales que lleva adelante las pesquisas en torno a los hechos del 24 y 25 de septiembre de 2011 en la localidad de Chaparina, reveló que investiga si se produjo una ruptura de la cadena de mando policial para que se dé la represión a los marchistas del TIPNIS.

“Sobre esto de la ruptura de la cadena de mando ya se hace referencia en un informe conclusivo de la Fiscalía General, precisamente en el caso que se abrió al presidente Evo Morales. Es ahí donde ya se habla de una ruptura de la cadena de mando que, sin embargo, está en proceso de investigación para establecer en qué momento se habría roto o si hubo o no tal ruptura”, señaló el fiscal José Ponce, de la comisión.

Además, dijo que hay varios antecedentes que hacen referencia a ese aspecto, incluso en la resolución de la Fiscalía General del Estado. También se supo que el comandante general de la Policía, Jorge Santiesteban, en su declaración del lunes habría manifestado que la cadena de mando se rompió en el general Óscar Muñoz.

El suspendido subcomandante de la Policía también fue mencionado por el exviceministro de Gobierno Marcos Farfán como quien dirigió las acciones policiales. La tarde de ayer declaró precisamente Farfán ante la comisión de fiscales, pero las explicaciones del Ministerio Público sobre el tenor de su versión fueron las mismas que en el caso de la presentación del general Edwin Foronda: que “las declaraciones son medios de defensa, pero serán contrastadas con otros elementos colectados”.

“Estoy en un proceso de investigación y la Fiscalía podrá dar su conclusión”, dijo Foronda. Entre hoy y mañana se presentaría Patricia Ballivián, presidenta de la ABC, para avanzar en el caso del contrato con OAS.

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