Nacional

Gobierno denuncia afanes de desestabilización en la muerte de un estudiante en El Alto

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que se dará con los responsables de la muerte del universitario de la UPEA y dijo que tras las muertes en conflictos hay intereses de generar convulsión social.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, en conferencia de prensa. Foto:Máx Cachaca

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, en conferencia de prensa. Foto:Max Cachaca

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz

12:46 / 25 de mayo de 2018

Son aún confusas las circunstancias en que murió el universitario Jonathan Quispe Vila durante un conflicto en El Alto, pero para el Gobierno ya está claro que la canica que lo mató provino del sector movilizado y que detrás de ello hay la intención de generar una convulsión social con fines políticos. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que se cuenta con elementos suficientes para sostener esta afirmación.

Anunció además, en una conferencia de prensa, que se cuenta con la información necesaria que permitirá dar con los responsables del estudiante, quien no habría perdido la vida instantáneamente.

Romero hizo una relación de lo sucedido ayer en la Ceja de El Alto y anunció una solicitud a la Fiscalía para ampliar la investigación por difamación, calumnias y falso testimonio “contra las persona que siguen esgrimiendo mentiras con fines políticos” sobre lo ocurrido.

Identificó un factor político en las movilizaciones y mencionó una reunión entre el rector de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), Ricardo Nogales, y el jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, días antes de las protestas en demanda de mayor presupuesto. Además dijo que Doria Medina sostiene encuentros con personeros estadounidenses.

“No es la primera vez que utilizan una muerte, provocan una muerte con fines políticos para convulsionar y echar la culpa a la Policía y al gobierno”, aseguró y afirmó que éste, como otros conflictos del pasado con muertes, “tienen la finalidad de generar condiciones para provocar una convulsión social, tiene una connotación y componente político lamentable”.

No dio mayores detalles sobre los responsables, pero aseguró que hay imágenes, retratos hablados y otros elementos que permitirán dar con los responsables que, afirmó, dispararon con un petardo la canica que acabó con la vida del universitario de 20 años y de primer año de la carrera de Comunicación Social.

Antes de la conferencia de prensa, en una entrevista con la estatal Patria Nueva, aseveró que el universitario no murió de forma instantánea, sino que corrió varios metros para después perder la vida como consecuencia de la gravedad de la herida.

“La muerte no ha sido inmediata, el estudiante Jonathan corre todavía, corre todavía varios metros, entre el distribuidor y el edificio de la Procuraduría hay por lo menos 300 metros de distancia y entre el segundo puente de la Cruz Papal que es donde presumo que han disparado la canica hay al menos 150 metros, entonces el estudiante ha corrido esa distancia”, sostuvo.

El cuerpo de la víctima es velado en instalaciones de la UPEA, en El Alto. Entre los estudiantes la versión que circuló es que un policía disparó a quemarropa contra el universitario, lo que fue negado por el Gobierno respaldado por el informe forense que establece que perdió la vida por los daños derivados del impacto de una canica.

“Buscan permanentemente muertos en movilizaciones con la leve esperanza de buscar una convulsión social en el pueblo bolivianos para que nos responsabilicen”, afirmó.

Desde la oposición se pedirá un informe y responsabilizan, justamente al Gobierno de lo que pasó, en tanto que la UPEA ya anunció iniciar un proceso contra las autoridades. Ese tipo de acciones para Romero son “una alegría” porque le permiten explicar y aclarar lo que pasó.

La alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, y el diputado opositor Amilcar Barral también fueron blanco de críticas por parte de Romero porque estuvieron entre quienes lanzaron una serie de mensajes en redes sociales alejados de la verdad.

La Fiscalía inició la investigación. (25/05/2018)

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