Nacional

Gobierno niega haber tratado una salida de Pinto hacia Perú

Asilo. Oficialismo habla de rumores y dice que ‘los delitos no se negocian’

Embajada. Foto reciente de Pinto en la legación brasileña, con chaleco antibalas.

Embajada. Foto reciente de Pinto en la legación brasileña, con chaleco antibalas.

La Razón / Luis Mealla / La Paz

02:20 / 30 de mayo de 2013

La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, negó que haya habido una negociación con Brasil para que el senador Róger Pinto salga de territorio boliviano hacia Perú u otro país. El abogado del legislador insiste en que dichas negociaciones existen.

“Desde la Cancillería se me ha informado de manera clara y contundente que no existe ninguna negociación de ese tipo. Esa puede ser una versión del abogado (de Pinto) para distraer la atención”, explicó la autoridad.

Ante esta afirmación, el abogado de Pinto, Fernando Tiburcio, señaló que no comentará las declaraciones de la ministra; sin embargo, se ratificó en que él tiene información de que en Brasil hubo dichas tratativas.  

El oficialismo, a través de la presidenta del Senado, Gabriela Montaño, y de su colega Adolfo Mendoza, insistió en que son sólo “rumores” y que los delitos penales “no se negocian con nadie”.   La postura fue emitida un día después de que la oposición hablara sobre una nueva alternativa para que Pinto abandone el país.

Aparte de la revista brasileña Valor Económico, que afirmaba la realización de dichas negociaciones, fue el abogado de Pinto, Fernando Tiburcio, quien de manera enfática señaló que el Gobierno boliviano propuso que el senador sea trasladado a un tercer país (que incluso no iba a ser Perú) de Sudamérica o Europa.  La propuesta es parte de un documento de cinco puntos, uno de los cuales se refiere a esta salida alternativa, dijo. Al respecto, Dávila insistió en que no hay ningún acuerdo verbal ni escrito.

Por su parte, la senadora Montaño reiteró que al tratarse de delitos comunes por los que se acusa al legislador, referidos a daño económico contra el Estado, Pinto debe rendir cuentas ante la justicia boliviana y luego, recién, tramitar un asilo en otro país si se considera perseguido político.

“Los delitos comunes no se negocian, se investigan, lo cual está a cargo del Órgano Judicial, no del Ejecutivo ni de la Asamblea Legislativa. La normativa internacional señala que ante delitos comunes no es posible que el Estado dé un salvoconducto”, dijo.

Mendoza agregó que hablar de una negociación es especular: “Es un show armado por la oposición. Este tipo de especulaciones generan inestabilidad y malestar entre dos Estados hermanos; quieren crear condiciones políticas de incertidumbre, articulando el discurso de la persecución política”.

Fallo se conocerá en junio

El abogado Fernando Tiburcio  informó que el fallo sobre el hábeas corpus que se presentó en Brasil se conocerá el 12 de junio; se prevé que en esa fecha el Supremo Tribunal Federal tome una decisión sobre el caso del senador boliviano. Tiburcio dijo que será una audiencia ante diez ministros, “muy rápida”.

“El fallo que se puede tener es de obligar a Brasil a tomar posturas más enfáticas en relación a Bolivia; por ejemplo, llevando a Bolivia a la Corte Internacional de Justicia (de La Haya) o ante la OEA (Organización de Estados Americanos)”, explicó.

Tiburcio agregó que, incluso, hay apoyo de políticos de ese país. “Por ejemplo, el senador Álvaro Díaz, influyente en la oposición, ya hizo un reclamo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; varios del partido oficialista brasileño (PT) también se están movilizando”.

Políticos demandan prontitud

Políticos como Óscar Ortiz, Jorge Quiroga, Ernesto Suárez y Carmelo Lens, en un mitin ante la embajada brasileña, demandaron prontitud para que el Gobierno conceda un salvoconducto para que el senador Pinto (CN) viaje a Brasil. El 28 de mayo se cumplió un año del asilo de Pinto en la legación en La Paz.

Uso de un vehículo diplomático

Ante la eventualidad de que se use un automóvil diplomático brasileño para sacar a Pinto hacia una frontera, Tiburcio dijo que es una medida extrema, pero posible. Agregó que si en seis meses no se consigue un acuerdo, el carro sería puesto a disposición del legislador.

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