Nacional

Grabación abre lío político-legal entre sedición y espionaje

La grabación de la diputada Marcela Revollo (en la que habla de dinero para la marcha indígena) abrió una disputa política y legal entre la acusación de “sedición” del Gobierno, por el financiamiento de una movilización social, y el “espionaje” que denunció la asambleísta.

Postura. Romero niega que se haya hecho espionaje.

Postura. Romero niega que se haya hecho espionaje.

La Razón / Luis Mealla / La Paz

03:22 / 18 de mayo de 2012

En entrevista con La Razón, Revollo (Movimiento Sin Miedo, MSM) ratificó que continúa la querella contra el ministro de Gobierno, Carlos Romero, por el “práctico espionaje” que hubo en el caso de la referida grabación. Argumenta que se realizaron escuchas no permitidas para “dañar la privacidad y libertad de expresión de una persona”.

Al respecto, el abogado y exfiscal Alaín Canedo señaló que, en rigor, la figura de espionaje que alega el MSM “no se adecúa a este caso”, pues en el actual marco legal boliviano, el “espionaje” principalmente es revelar secretos de Estado para transmitirlos a un enemigo, lo que se da especialmente en situación de guerra. No hay “espionaje” entre privados o a un privado, concluye.

La diputada insiste en que además de invadir su privacidad, se le grabó sin su consentimiento y se violó el artículo 151 de la Constitución, en el que se establece la inviolabilidad del domicilio o las oficinas de los asambleístas.

Con base en la grabación, que hace referencia a un apoyo económico a la IX marcha, admitido por la diputada Revollo, el ministro Romero abrió un proceso legal contra la asambleísta por “instigación pública a delinquir en relación con el delito de sedición”. La sedición consistiría en alentar la marcha.

Al respecto, la senadora por el MAS Sandra Soriano explicó que si bien la marcha indígena, como medida de protesta, es un derecho constitucional, existe el riesgo de que esta movilización “traiga consecuencias”, como posibles enfrentamientos con otras organizaciones o que se afecten derechos de la ciudadanía, como el libre tránsito, lo que derivaría en conflictos que de todos modos desestabilizarán el país.

“Hay un esfuerzo de crear inestabilidad en el país a través del financiamiento. El permitir el caos y que esto derive en inestabilidad, afecta a todos (...) Habrá incertidumbre en la economía”, dijo y añadió que “de ahí que bien se puede hablar de sedición”. El otro debate es el político: para la senadora Soriano, la grabación vino desde el interior del MSM, lo que implica una relativa fractura interna, o, como dijo Romero, algunos descontentos con la diputada.

Al respecto, la asambleísta sostuvo que “la grabación no salió de aquí, que no usen el argumento de que ‘entre ellos se delatan’ como en la época de García Meza, en la masacre de la calle Harrington. Además, la venta de tarjetas no puede generar inestabilidad. El dinero va a un fin benéfico, para las mujeres y niños de la marcha”, argumentó.

En sentido contrario, Soriano señaló que “no hay que disfrazar los hechos”. “Nuestra Constitución Política no fomenta el espionaje ni los pinchazos. Ella (Revollo) debería  revisar con qué tipo de gente trabaja, la grabación sale de ahí”, sostuvo.

Hace dos semanas, el ministro Romero presentó una grabación, que llegó de manera “anónima” al ministerio, en la que la diputada Marcela Revollo conversa por teléfono con supuestos dirigentes indígenas del TIPNIS. Con esa evidencia, aseguró que el partido de Revollo financiaba la IX marcha.

Nuevamente el Tipnis

Tarjetas

La diputada Revollo reconoció que junto a un colectivo ciudadano aporta económicamente a la marcha indígena (con útiles para niños  y mujeres) vendiendo tarjetas que rinden homenaje a la VIII marcha. La acusación de Romero es que esta ayuda se dio antes de la marcha, lo que implica organizarla.

Comisión de Ética recibe caso Revollo

El diputado Roberto Rojas, presidente de la bancada del MAS, aseguró que hoy será presentada en la Comisión de Ética la denuncia contra la diputada del MSM, Marcela Revollo, por haber creado su propia bancada. “El miércoles se aprobó enviar la denuncia contra la diputada Revollo y ayer se terminó de redactar la denuncia. Mañana (hoy) a primera hora la denuncia estará en la Comisión de Ética, en la que evaluarán los plazos para el proceso”, dijo Rojas.

El Reglamento de Ética de Diputados prevé la pérdida del mandato del asambleísta por, entre otras cosas, declararse independiente del partido o movimiento por el cual fue elegido.  Rojas justificó la acusación contra Revollo con base en el artículo 6 del Código de Ética, que sanciona el transfugio con la expulsión. Mostró como prueba un afiche en el que la opositora se declara “jefa de bancada” del MSM.

Postura. Al respecto, Revollo dijo que la denuncia en su contra obedece a una acción política por parte de diputados del MAS, que buscarían “sancionarla y escarmentarla” por apoyar a la IX marcha indígena. Discrepa con las políticas del partido en función de gobierno, según la ANF.

Sobre el presunto transfugio político, aseguró que iniciará la defensa por falsas acusaciones y reiteró su pedido de realizar un referéndum para determinar el apoyo ciudadano hacia el MSM. “Yo soy fundadora del Movimiento Sin Miedo y nunca he militado en otro partido, tampoco he recibido ninguna prebenda material ni política por mi responsabilidad y por mi representación en la Cámara de Diputados”, señaló.

SIN: La venta de tarjetas implica impuestos

Un informe oficial del  Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) da cuenta de que la venta de tarjetas, al tratarse de la transacción de un bien mueble, debe pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT).

Empero, al ser una actividad benéfica, promovida por una organización sin fines de lucro como es la Confederación de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB), propietaria intelectual de la fotografía y del diseño de la tarjeta, esta actividad está exenta de contribuir con el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE).

Al respecto, la diputada Marcela Revollo señaló que no es una transacción, sino una “expresión de solidaridad” y que no amerita un control impositivo. “Es un acto de solidaridad, cuánto se puede recaudar con cinco bolivianos. Es un colectivo solidario que hace esa actividad de la cual yo no soy el centro, sino sólo un miembro más”.

Según la Ley de Impuestos, toda transacción superior a Bs 5 implica la emisión de facturas y control fiscal. En este caso, al tratarse de una actividad de beneficencia, la CPEMB y/o el colectivo solidario deberían pagar el 16% de todo lo recaudado por concepto del IVA y el IT.

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