Nacional

Hallan anomalías administrativas en obra férrea adjudicada a CAMC

Indagación. Hay indicios de incumplimiento de deberes en dos exfuncionarios.

Cita. Una sesión de la Comisión Mixta de Constitución del Legislativo que indaga contratos con CAMC. Foto: APG-archivo

Cita. Una sesión de la Comisión Mixta de Constitución del Legislativo que indaga contratos con CAMC. Foto: APG-archivo

La Razón (Edición Impresa) / Rubén Ariñez / La Paz

04:00 / 03 de mayo de 2016

La comisión del Legislativo que indaga los contratos con la china CAMC detectó irregularidades “administrativas” atribuidas a dos exfuncionarios del Ministerio de Obras Públicas, que podrían devenir en delitos, en la primera fase de la vía férrea Montero-Bulo Bulo.

“Es recomendable que se haga mínimamente una auditoría de este proyecto debido a los cambios del Documento Base de Contratación (DBC). (...) En el primer DBC solo dice licitación pública, sin establecer si es nacional o internacional. Aquí evidentemente hubo una omisión”, anticipó el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Víctor Borda.  

“Ahora —agregó— tenemos que ver si ésta trasciende al derecho penal o al ámbito del derecho administrativo. Eso lo vamos a verificar”.

Esta entidad multipartidaria prevé sesionar mañana para redactar el informe preliminar sobre ese proyecto.

Según Borda, se alista una “recomendación” al pleno de la Asamblea Legislativa para que “se instale un proceso administrativo, y si hay instancias de verificación, uno (en el ámbito penal) por incumplimiento de deberes”.

La firma china se adjudicó esa obra —mediante licitación— en octubre de 2013 por un monto aproximado de $us 103,7 MM.

A siete meses del plazo de entrega, fijado para diciembre de 2015, solo había avanzado 17%, por lo que el Ejecutivo —tras advertir a la firma en dos ocasiones sobre la rescisión del contrato—, en noviembre de ese año dejó sin efecto la relación jurídica y decidió ejecutar las garantías.

El 7 de enero de este año, por otra parte, presentó una denuncia penal por incumplimiento del acuerdo contra sus ejecutivos.

La vía férrea Montero-Bulo Bulo fue diseñada para transportar los fertilizantes que se producirán en la Planta de Urea y Amoniaco de Bulo Bulo.

Borda añadió que se efectuaron 39 modificaciones al DBC, que —según los implicados— solo son de forma.

Responsables. “Era más simple anular el DBC y elaborar otro. Además, había una equivocación en sentido de que se hubiera aplicado norma nacional cuando se tiene que aplicar norma internacional”.

La Razón le consultó quiénes serían los funcionarios sobre los que recaería la responsabilidad administrativa. “Le circunscribiría (sic) a un exviceministro, que es el responsable del proceso de contratación, y tal vez al fiscal de obras, que no ha cumplido con su misión”, dijo sin mencionar nombres.

La semana pasada comparecieron ante la Comisión, R. D., exfiscal de Obras, y R. V., exviceministro de Transportes, quienes junto a Vladimir Sánchez, extitular de la cartera de Obras Públicas, explicaron los pormenores de la contratación de CAMC.

Según el diputado Wilson Santamaría, de la opositora Unidad Demócrata (UD), las irregularidades en el procedimiento son evidentes.

 “No había el formulario dos, en el que van las especificaciones de la propuesta, cuando se hizo la apertura de los sobres, (pero) mágicamente al día siguiente apareció”.  

MAS ratifica que no hay tráfico de influencias

Rubén Ariñez

La Comisión del Legislativo, de mayoría oficialista, que indaga siete contratos del Estado con la china CAMC, concluirá su labor el 15 de mayo. En ese marco, alista su informe conclusivo, sin encontrar indicios ni pruebas de tráfico de influencias en contra del presidente Evo Morales. Así lo ratificaron dos legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“En términos generales, no hemos encontrado ningún indicio por el cual se podría abrir un proceso de investigación por un supuesto tráfico de influencias del Presidente o de algún ministro para adjudicar los contratos a la CAMC”, declaró el diputado Víctor Borda, vicepresidente de la Cámara de Diputados.

Su colega y conmilitante Javier Zavaleta remarcó que la “hipótesis opositora” de que la expareja del Mandatario, Gabriela Zapata —recluida en el penal de Miraflores por enriquecimiento ilícito— influyó en la firma de contratos estatales junto con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, “no tiene ninguna prueba”.

El diputado de UD Wilson Santamaría aseguró que el MAS “no quiere que se sepa la verdad”, por ello descarta anticipadamente el tráfico de influencias.

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