El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín fueron hallados responsables de los hechos de octubre de 2003 por un tribunal ciudadano que la corte de Fort Lauderdale de Florida, en Estados Unidos, asignó al juicio civil instalado por familiares de ocho víctimas y fijó un resarcimiento de unos $us 10 millones.

Sin embargo, el juez James I. Cohn revisó supuestas “inconsistencias” en el veredicto que fueron observadas por los abogados de las exautoridades, para lo cual declaró un receso.

La defensa, a manera de impugnación, interpuso una demanda en ese sentido y luego de una consideración de unos 20 minutos, el magistrado determinó un plazo hasta 11 de abril para que los demandados presenten alegatos de respaldo para ese trámite.

Bajo ese nuevo escenario, Cohn fijó una nueva audiencia para el 4 de mayo en la que se conocerá si ratifica o decide revisar la determinación asumida por la decena de jueces, informó el comunicador y exfuncionario de la Embajada de Estados Unidos, Erick Foronda, a la radioemisora Fides.

“En una decisión histórica, el ex presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, y su ministro de defensa, Carlos Sánchez Berzaín, fueron hallados responsables de asesinatos extrajudiciales de indígenas en 2003”, informó el Centro para los Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés) uno de los organismos que coadyuva con los demandantes.

Durante los violentos enfrentamientos de octubre de 2003 que dejaron el saldo de más de 60 fallecidos y cuatro centenas de heridos. Nueve familiares de ocho víctimas fatales de esos luctuosos sucesos activaron el proceso civil en 2007 en el Tribunal de Distrito del sur de Florida para pedir un resarcimiento económico.

La decisión fue antecedida por una marcada incertidumbre en los cinco días de deliberación por los desacuerdos del jurado que escuchó las alegaciones de las partes desde el 5 de marzo, cuando se abrió la fase oral del inédito juicio a un mandatario en ese país.

“Es muy inusual que un jurado delibere por más de cuatro días sin preguntar qué hacer o sin declararse en punto muerto", comentó el magistrado  Cohn a los abogados de ambas partes, cita la agencia de noticias AFP.

El juicio tiene lugar gracias a una ley estadounidense que permite enjuiciar civilmente a acusados de torturas o ejecuciones extrajudiciales, aunque todas las partes sean extranjeras y el supuesto crimen haya sido cometido en el exterior, reportó la misma agencia.

Justamente esa es la base del proceso denominado Mamani y otros vs Sanchez de Lozada y Sánchez Berzaín en el que se denunció los crímines de civiles sucedidos en septiembre y octubre de 2003 a manos de fuerzas militares en El Alto y poblados rurales de La Paz.

La asociación de las víctimas de esos hechos anticipó a La Razón que si el fallo es favorable y se fija una indemnización, ésta será dividida entre 64 familiares de las víctimas de la denominada “guerra del gas”.

Información en proceso…

 (03/04/2018)