Nacional

Justicia acepta acción de libertad de Zapata y garantiza derechos a la vida, seguridad y salud

El recurso legal fue presentado luego de que fuera denunciado un intento de poner en riesgo la vida de Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales recluida en la cárcel de Miraflores

Gabriela Zapata

Gabriela Zapata, en los juzgados

La Razón Digital / Angel Guarachi / La Paz

19:06 / 01 de abril de 2016

La Justicia aceptó hoy el recurso de Acción de Libertad que presentó la defensa de Gabriela Zapata e instruyó a las autoridades penitenciarias garantizar los derechos a la vida, seguridad y salud al interior del recinto carcelario de Miraflores, donde actualmente guarda detención preventiva.

La defensa de la expareja del presidente Evo Morales denunció ayer que hubo un atentado contra la vida de su cliente. Su abogado, Eduardo León, indicó que se le puso una sustancia química en un mate que ingirió el miércoles por la noche. 

La Acción de Libertad es un recurso presentado “por toda persona que considere que su vida esta en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal”, según el artículo 125 de la Constitución Política del Estado.

A partir de esta decisión judicial, se da un paso para abrir la posibilidad de que se le conceda 15 minutos para hablar con la prensa. León solicitó éste tiempo para que su cliente revele su verdad respecto a los vínculos del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, con contratos. 

Al interior del recinto de Miraflores, en un pronunciamiento público, las internas negaron que se pretenda atentar contra la vida de Zapata, procesada  por uso de bienes públicos para fines privada, y pidieron que pueda integrarse con las demás reclusas. Denunciaron que habría ofrecido $us 1.000 para que la golpeen.

Desde su encierro, la expareja de Morales entregó el martes –a través de su abogado- una carta a Quintana acusándolo de “mentir al Presidente y a los bolivianos”; reveló además supuestas conversaciones que mantuvo con la autoridad de Estado a través de WhatsApp.

Al día siguiente, la autoridad negó cualquier vínculo y anunció que se pondrá a disposición del Ministerio Público para que se aclaren las denuncias. 

La exgerente de la empresa china CAMC se la imputa por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y uso indebido de influencias. A estos, se le sumó el de ejercicio ilegal de la profesión, falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado al presentarse como abogada.

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