Nacional

Ley obligará a las alcaldías financiar los referéndums

Una ley, promulgada el jueves, obliga a las alcaldías en transición a autonomías indígenas erogar recursos económicos para garantizar la realización de los referéndums, un mecanismo legal que permite aprobar o en su caso rechazar sus estatutos autonómicos.

La Razón (Edición Impresa) / Rubén Ariñez / La Paz

00:00 / 02 de noviembre de 2014

Una ley, promulgada el jueves, obliga a las alcaldías en transición a autonomías indígenas erogar recursos económicos para garantizar la realización de los referéndums, un mecanismo legal que permite aprobar o en su caso rechazar sus estatutos autonómicos.

Esta normativa precisa que una vez que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) determine el presupuesto necesario para la consulta, y el órgano deliberativo de la autonomía indígena comunique el mismo al alcalde o alcaldesa y al concejo municipal, estos últimos tienen un plazo de 15 días para su desembolso.

Uno de los obstáculos para la consolidación de la autonomía indígena, de acuerdo con expertos y el mismo Gobierno, es la asignación de recursos por parte de los municipios. Por ejemplo, Totora Marka necesita Bs 255.000 para realizar la consulta, pero el municipio transitorio —así lo estableció la norma en 2010— arguye que esta cifra no está presupuestada en el Plan Operativo Anual 2014.

“Si o sí el alcalde tiene que aflojar, hay dinero (...) están en contra de la autonomía; el alcalde es transitorio y le hemos dejado trabajar cinco años”, señaló Teodoro Delgado, vicepresidente del Órgano deliberante de Totora Marka.

Medidas. Los habitantes de esta región llevaron a cabo un tantachahui (cabildo) a fines de octubre para determinar las medidas que asumirán los pobladores para agilizar el desembolso de los recursos.

Los municipios que incumplan la transferencia del dinero serán pasibles a un débito automático que efectuará el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de sus cuentas fiscales.

“Nos favorece con el débito porque algunas alcaldías se oponen a dar los recursos para los referéndums”, señaló la presidenta de la Coordinadora Nacional de Autonomías Indígenas (Conaioc), Florentina Medina.

El ‘Jiliri irpiri’ regirá autonomía Totora Marka  

En la autonomía indígena Totora Marka, en Oruro, un “Jiliri irpiri” —la máxima autoridad del órgano ejecutivo— será quien gobernará esta región si se concreta la validación de su estatuto autonómico mediante referéndum. No habrá más alcaldes.

Ésa es una de las principales características de esta forma de gobierno que permite a sus habitantes elegir a autoridades de acuerdo con sus usos y costumbres.

Esta autoridad será designada por un periodo de cuatro años, de manera rotatoria entre las dos parcialidades que componen esta región indígena: Aransaya y Urinsaya. Ambas engloban a nueve ayllus y éstos agrupan a 32 comunidades.

Empero la máxima instancia de participación es el “Jach’a Mara Tantachawi” de Totora Marka y la componen los “Mallkus” (máxima autoridad) y la “Mama t’allas” (esposas).

Se basa en la justicia originaria, misma que conocerá y resolverá los conflictos en rigor a las normas y procedimientos propios y en concordancia con la Constitución.

Mientras que en la cruceña Charagua, otra de las autonomías indígenas en proceso de conversión, el “Ñemboati Reta” —Órgano de decisión colectiva— es la máxima instancia de decisión del Gobierno y se conforma por tres asambleas, una comunal, zonal y autonómica, según refiere su estatuto.

‘En 2015 tendremos gobiernos indígenas’

La ministra de Autonomías, Claudia Peña, exteriorizó su confianza  de que en 2015, a pesar de las deficiencias en la consolidación del proceso de las autonomías indígenas en el país, se instalarán los primeros gobiernos indígenas.

“En cada etapa hubo dificultades, pero sé que es cuestión de tiempo. En las autonomías más avanzadas como Totora y Charagua tengo la confianza de que el próximo año vamos a tener gobiernos indígenas ahí, instalados, trabajando y dando cuenta de este proceso que es único en el mundo”, remarcó la ministra Peña.

Según la autoridad, el principal rezago se produjo en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que demoró por lo menos dos años, en algunos casos, para revisar los documentos autonómicos.

Legítimo. Peña destacó que para la conformación de los estatutos existió “mucha deliberación al interior de las Asambleas Estatuyentes indígenas”. Por tanto, los estatutos fueron consensuados con seriedad y amplio seguimiento de las comunidades involucradas. Para la titular de la cartera autonómica del Estado, éstos “tienen una fuerte legitimidad”.

Sin embargo existen autonomías que aún no conformaron sus Asambleas, o que existen disensos en ellas. Peña puntualizó que las discrepancias surgen cuando se debate sobre la residencia del Gobierno indígena, por ejemplo, o cuando existen dos parcialidades al interior de una autonomía que tiene un proyecto de estatuto propio y no acuerda una sola versión.

Empero, el ministerio genera  espacios de encuentro y brinda asistencia técnica, pero si el proceso toca al TCP, “ahí lo único que queda es esperar”, indicó.

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