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Ley: el refugio a extranjeros será una decisión sólo del Ejecutivo

La decisión de otorgar refugio político a una persona extranjera estará en manos del Ejecutivo, que mediante tres ministerios determinará si es procedente o no la solicitud. Instancias extragubernamentales sólo tendrán derecho a voz, no a voto.   

Infografía refugiados.

Infografía refugiados.

La Razón / Iván Paredes / La Paz

03:21 / 21 de junio de 2012

La Ley de Protección a Personas Refugiadas, que fue sancionada en el Senado y está lista para su promulgación, establece tres niveles institucionales en la Comisión Nacional del Refugiado (Conare), que es la entidad competente para determinar la condición de refugiado político. El nivel Ejecutivo estará conformado por los ministerios de Relaciones Exteriores —que ejercerá la presidencia de la Conare— de Gobierno y de Justicia.

El segundo nivel, que es el Consultivo, será compuesto por la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). En tanto que el tercero, el Operativo, estará conformado por la Agencia Implementadora de los Programas del ACNUR en Bolivia.

“El nivel Ejecutivo tendrá derecho a voz y voto; los niveles Consultivo y Operativo podrán participar de las reuniones de la Conare, con derecho a voz y sin derecho a voto”, señala la ley en el parágrafo segundo del artículo 22.

Para el ex Defensor del Pueblo Waldo Albarracín, la decisión de otorgar refugio no sólo debería depender de las instancias gubernamentales. Dijo que entes internacionales también deberían tener capacidad de decisión. “Esta ley (de Protección a Personas Refugiadas) está diseñada para instancias del propio Gobierno, ya que tiene un carácter unilateral porque la decisión de otorgar refugio sólo la concederá el Gobierno”, criticó Albarracín. 

Postura. En defensa de la futura ley, el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Fidel Surco explicó que la normativa recoge iniciativas expuestas en convenios internacionales a los que el Estado boliviano está adherido.

“Mediante esta ley se va a reconocer la Convención de los Derechos Humanos y Protocolos que protegen a quiénes van a ser refugiados en cualquier país del mundo. El Ejecutivo escuchará las posiciones de los niveles consultivo y operativo para tomar una decisión”, sostuvo Surco.

La ley consta de 52 artículos, una disposición transitoria y una abrogatoria. Tiene como objetivo central proteger a personas perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o por opiniones políticas.

La solicitud de refugio debe ser  presentada de forma escrita ante la secretaría técnica de la Conare en un plazo de 90 días a partir de su ingreso a territorio boliviano. “Excepcionalmente, la Conare evaluará y determinará si corresponde procesar las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido”, indica la normativa. Surco acotó que la norma fue consensuada con la actual Conare, con el ACNUR y con instituciones de Derechos Humanos.

Según un informe oficial de la oficina de ACNUR, al 31 de diciembre de 2011 en Bolivia se encuentran en condición legal de refugiados 858 personas de 26 países: 508 hombres y 350 mujeres. El mismo informe establece que Ecuador es el país con mayor población refugiada, 55.092 personas, y con más de 20 mil solicitudes de asilo a finales de 2011.

ONU exige a opositores que salgan de su oficina

La  Oficina  del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Bolivia solicitó a los tres legisladores opositores que instalaron una vigilia en sus dependencias, que abandonen las instalaciones de la entidad internacional.

“Tres miembros de la Asamblea Legislativa decidieron permanecer en la oficina de la  OACNUDH, después de una reunión que un grupo de asambleístas había solicitado para otro tema y que fue concedida como suele hacerse con diversos grupos y personas en el marco de las tareas de esta oficina”, destaca un comunicado de prensa de la entidad internacional.

Los legisladores Adrián Oliva, Carmen Eva González y María Elena Méndez —los tres de Convergencia Nacional (CN)— instalaron una vigilia en oficinas del Alto Comisionado protestando ante la supuesta persecución política que sufre la oposición por parte del gobierno de Morales.

Sobre el tema, un comunicado de prensa de Convergencia Nacional informó que los legisladores solicitaron una reunión con el delegado de la ONU, Denis Racicot, y que éste tenía conocimiento de los temas que se debían abordar.

Oposición pide ley de amnistía y una reforma judicial

La decisión de la oposición de instalar una vigilia en oficinas de la ONU en Bolivia tiene el objetivo de impulsar una Ley de Amnistía Política y reformas al sistema judicial boliviano. “Con esta medida estamos pidiendo se pueda generar la aprobación de una Ley de Amnistía Política, que entre sus puntos principales debe conseguir la liberación de los presos políticos  que tienen más de 18 meses encarcelados sin el debido proceso o una sentencia, como corresponde”, afirmó la senadora de Convergencia Nacional (CN) Centa Rek.

Rek acotó que su organización solicita al Gobierno el retorno de refugiados y exiliados políticos “con todas las garantías de que no serán encarcelados”. Al respecto, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, desahució el pedido de la oposición y pidió a los involucrados defenderse ante la justicia boliviana. “Es un pedido exagerado (lo de la amnistía) y más bien pido que si no cometieron delitos, pues se enfrenten a la justicia”, dijo.

Los legisladores de CN Adrián Oliva, María Elena Méndez y Carmen Eva González instalaron una vigilia en oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Bolivia. Oliva denunció que el represente de la OACNUDH en Bolivia, Denis Racicot, no permitió ingresar alimentos, versión que fue desmentida por éste. “Creímos que ingresábamos al Alto Comisionado, pero es el sótano del Ministerio de Gobierno”, ironizó Oliva.

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