Nacional

MSM advierte que el Estado puede sufrir un proceso legal

Juan del Granado explicó que el contrato de financiamiento, firmado entre OAS y la ABC, dispone que cuando hay un incumplimiento se debe recurrir a cortes brasileñas

La Razón / I. P. / La Paz

03:14 / 11 de abril de 2012

A tiempo de calificar de “poco sincera” la determinación del presidente Evo Morales —que anunció la anulación del contrato con OAS—, el líder del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, afirmó que la decisión gubernamental no corresponde a la realidad legal. Dijo que cualquier modificación al documento podría representar un proceso jurídico contra el Estado boliviano ante la justicia brasileña.

“El MSM quiere ratificar su duda ante las declaraciones del Presidente (...) Afirmamos que la decisión de rescindir el contrato con OAS es poco sincera”, señaló Del Granado en conferencia de prensa.

El presidente Evo Morales anunció ayer que su administración decidió anular el contrato firmado en 2008 con la empresa brasileña OAS, firma que estaba encargada de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos..

El Mandatario explicó que se tomó la determinación debido al incumplimiento de plazos en el que incurrió la constructora brasileña, por lo que además se decidió ejecutar la boleta de garantía. Además, dijo que OAS no presentó informes de medición, incurrió en la falta de señalización de la obra y también en la ausencia de la propuesta de rescate arqueológico.

Argumentos. El exaliado del Movimiento Al Socialismo (MAS) remarcó cuatro aspectos que dejan dudas ante la anulación del contrato con la brasileña OAS.  La primera duda para Del Granado es el hecho de que el contrato de obra —que ahora está en proceso de anulación— no incluye el término  ‘anulación’ de contrato, sino sólo una ‘resolución’ del mismo. “Esta resolución no es inmediata, existen 15 días para que OAS rectifique los incumplimientos en que incurrió, y si esto lo hace en 15 días, el contrato sigue absolutamente vigente”, explicó.

“En segundo lugar —continuó— el presidente Morales ha vuelto a reiterar que solamente hay el tramo I y el tramo III; cuando el contrato (con OAS) es clarísimo al señalar que son los tramos I, II y III, o sea, toda la carretera”, afirmó Del Granado.

El tercer argumento que mantiene la duda sobre la decisión de Morales es el hecho de que el Gobierno, aparte de firmar un ‘contrato de obra’, suscribió otro contrato que establece el financiamiento para la misma.

“El Presidente de la República no dijo nada sobre este contrato de financiamiento. Aquí se establecen tres subcréditos, el tercero es para el tramo II de la vía (...) El documento dicta que cualquier incumplimiento debe ser resuelto en tribunales brasileños”, remarcó el opositor.

Este cuestionamiento no despertó preocupación en el Ejecutivo. Para el presidente del directorio de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), José Kin, la empresa OAS puede recurrir a un arbitraje, aunque duda que lo haga porque, según él, tiene “todas las de perder”.  “Como todo contrato, hay sanciones y penalidades a la parte que incumple. OAS incumplió y por lo tanto nosotros no tenemos por qué recibir sanciones”, dijo Kin a Erbol.

Reconoció además que el contrato de financiamiento tiene la cláusula de que en caso de incumplimiento se debe recurrir a tribunales brasileños.  Un cuarto argumento, no menos importante para Del Granado, es que Morales no se refirió a la Ley 222 que viabiliza la consulta en el TIPNIS.  “El Gobierno quiere mantener en un estado de confusión a la población y anular la IX marcha que pretende defender el TIPNIS”, enfatizó.     

MAS apoya la rescisión

Posición

Asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) apoyaron la decisión del presidente Evo Morales de anular el contrato con la empresa OAS. “Ahora la consulta debe realizarse”, afirmó el diputado Bonifaz.

Indígenas dudan de Morales y ratifican IX marcha

Minutos después de conocer la decisión del Gobierno de anular el contrato con la empresa brasileña OAS para la construcción de los tramos I y III de la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, dirigentes indígenas de tierras bajas consideraron que la decisión gubernamental sólo tiene la intención de frenar la IX marcha en defensa del TIPNIS.

El presidente de la Subcentral del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure  (TIPNIS), Fernando Vargas, afirmó que la declaración del presidente Evo Morales de rescindir el contrato con OAS es “engañosa”.

“La IX marcha sigue en pie, el presidente (Evo Morales) sólo miente y lo que busca es frenar la movilización, pero nosotros continuaremos. Mientras no se anule la Ley de Consulta y no se anule el proyecto carretero, me tiene sin cuidado su decisión, porque es una forma de distraer al pueblo. Por lo tanto no creemos lo que dice el Presidente”, reprochó Vargas, según un reporte de la agencia de noticias ANF.

Decisión. El Mandatario anunció ayer que el Gobierno decidió anular el contrato firmado el año 2008 con la firma brasileña OAS para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Explicó que se tomó esta determinación debido al incumplimiento de plazos en los que incurrió la constructora, por lo que además se dispuso ejecutar la boleta de garantía.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, anunció que su sector analizará hoy el anuncio que realizó el presidente Morales. “Nosotros tenemos que tomarlo con mucha calma y el día de mañana (hoy) nos reuniremos internamente para evaluar este caso, pero no está muy clara la intención del Presidente. La empresa OAS tiene varios contratos en el país y otra empresa podría atravesar el TIPNIS, y eso no nos deja tranquilos”, afirmó Chávez.

A su vez, el dirigente ratificó que la IX marcha en defensa del TIPNIS partirá el 25 de abril desde la comunidad de Chaparina, en el Beni. “La movilización se mantiene firme, mientras no haya una decisión de la comisión nacional de la Cidob”, corroboró.

Brasil concedió un crédito de 332 millones de dólares para la obra vial entre Cochabamba y Beni, que demandaría al Estado una inversión total de 415 millones de dólares. La empresa OAS firmó en 2008 un contrato con el Gobierno de Bolivia para construir la carretera en tres tramos. Una movilización detuvo las obras en el tramo II, que pasa por el medio del TIPNIS.

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