Nacional

MSM sugiere un amparo constitucional contra Gobierno

El partido de Juan del Granado afirma que la interpretación del Gobierno sobre el fallo del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Consulta, en los hechos lleva a incumplirlo

La Razón / Iván Paredes

03:24 / 10 de julio de 2012

El reciente acuerdo entre el Gobierno y 45 corregidores que apoyan la consulta en el TIPNIS es razón para presentar un amparo constitucional denunciando el incumplimiento del fallo sobre la Ley 222 de Consulta que ordena concertar con los indígenas el proceso consultivo, planteó ayer la abogada del Movimiento Sin Miedo (MSM), Aida Camacho.

La jurista alertó que los indígenas de la IX marcha pueden presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional frente a la falta de consenso con la totalidad de los 63 corregidores del TIPNIS, para viabilizar la consulta que decidirá la construcción o no de una vía por la reserva.

“La constitucionalidad condicionada de la Ley 222 obliga al Gobierno a ponerse de acuerdo sobre la consulta. Esto da la garantías para que los indígenas del TIPNIS realicen una acción de amparo constitucional frente a la arremetida del Gobierno que anunció que no dará cumplimiento a la sentencia constitucional haciendo sus propias interpretaciones”, consideró Camacho.  

Sentencia. El Tribunal Constitucional dispuso que la consulta es “constitucional pero condicionada”. Así, se creyó que el proceso había quedado “paralizado” a la espera del consenso con los indígenas.

Con el respaldo a la consulta dado por 45 de los 63 corregidores del TIPNIS, el Gobierno dio por cumplido el fallo del Tribunal Constitucional, que ordena concertar con los indígenas. El Tribunal Electoral ya recibió el Protocolo de Consulta y prevé que ésta arranque el 29 de julio.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, defendió la “legitimidad y representatividad” de los 45 corregidores del TIPNIS que viabilizaron la consulta. Aclaró que el proceso consultivo definirá la intangibilidad del parque y que con los resultados se definirá si se construye o no la vía.

Sin embargo, en contra de la versión del Gobierno, de que en la IX marcha sólo hay siete corregidores, dirigentes indígenas señalaron que en ésta participan 27 de estas autoridades indígenas.

Expertos en materia constitucional explicaron a este medio que la acción de amparo constitucional “protege los derechos fundamentales cuyos titulares son las personas naturales, puesto que el Estado no tiene derechos fundamentales”.

Respecto a la posibilidad de presentar una acción de amparo constitucional sobre el fallo de la Ley 222, los expertos coincidieron que es válida la iniciativa. “Dentro la parte resolutiva del fallo se establece las acciones que se pueden establecer para denunciar la misma sentencia. Una de ellas es el amparo constitucional”, opinó uno de los consultados.

“Ante el incumplimiento de los términos desarrollados en la presente sentencia, referidos al proceso de consulta, se tendrán expeditas las acciones tutelares para activar la justicia constitucional (...)”, dice parte de la sentencia constitucional.

Insisten que la consulta no es previa

Plazos

Dirigentes de la IX marcha ratificaron su posición al afirmar que la consulta es extemporánea y no de carácter previo. Dicen que ya se iniciaron obras para realizar el proyecto vial.

Denunciarán a Evo Morales ante la CIDH

La representante legal del Movimiento Sin Miedo (MSM), Aida Camacho, anunció que el partido político de Juan del Granado acudirá a instancias internacionales para denunciar al gobierno de Evo Morales por haber violado —dijo— los derechos de los pueblos indígenas de Bolivia.

Explicó que esta organización política presentará la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Indígenas y el MSM tenemos la vía expedita para iniciar acciones internacionales, ya que se han agotado todos los recursos internos, dado que la sentencia constitucional no fue respondida y que el Tribunal Constitucional no está a la altura de los indígenas”, anunció Camacho.

Para el diputado oficialista Galo Bonifaz, la sentencia constitucional fue cumplida con la firma del acuerdo con los 45 corregidores, quienes respaldaron la consulta junto a autoridades gubernamentales. El vocero de la IX marcha, Rafael Quispe, no descartó la posibilidad de acudir a instancias internacionales. “Hay que esperar si se instala el diálogo, caso contrario haremos denuncias en el exterior”, dijo.

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