En su segundo día de alegatos orales en el juicio marítimo que se ventila ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la delegación de Chile defendió la tesis de que ni las negociaciones de 1950 ni las de Charaña, en 1975, generaron obligación alguna de negociar una salida al mar para Bolivia.

Por el contrario, culpó a las autoridades bolivianas del fracaso de las negociaciones en ambos casos y cuestionó al actual equipo de juristas que representan a Bolivia en ese juicio por presentar versiones incompletas de los hechos para sustentar la exigencia de que Chile se siente en una mesa de negociaciones para atender la demanda marítima.

El jurista Sam Wordsworth comenzó la segunda jornada de exposición de alegatos orales chilenos y, con respaldo de documentos y publicaciones de prensa de la época, afirmó que si bien Santiago se abrió a negociar con Bolivia una salida al mar después de la firma del Tratado de 1904, en ningún momento asumió un compromiso de negociar indefinidamente para atender esta demanda.

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Sobre el acuerdo de negociación que en 1950 asumieron a través de notas diplomáticas el embajador boliviano en Santiago, Alberto Ostria Gutiérrez, y el canciller chileno Aniceto Solares, durante la posesión del presidente mapochino Gabriel Gonzales Videla, dijo que esto finalmente no llegó a buen puerto porque Bolivia dejó a medias el proceso cuando se hizo una consulta sobre un eventual intercambio de territorio por agua.

“No se quedó en nada con Bolivia”, dijo, para luego insistir en que un proceso trunco no puede ser usado años después alegando que implicaría una obligación de negociar a una de las partes para que atienda la demanda de la otra.

Además, dijo que “todo convenio entre Cancillerías, para que tenga validez, necesita ser sometido al Congreso Nacional para que sea ejecutado o rechazado”, cosa que no ocurrió en Chile.

También se refirió al acuerdo de Charaña firmado en 1975 entre los presidentes Hugo Banzer y Augusto Pinochet y dijo que, de igual forma, las negociaciones fracasaron porque Bolivia tuvo cuestionamientos a los términos iniciales que implicaban el intercambio territorial.

Aseguró que tampoco este acuerdo y las posteriores negociaciones pueden ser consideradas como un antecedente que sustente la obligación jurídica de negociar, no solamente porque concluyeron sin éxito, sino además porque nunca Chile asumió ese tipo de compromiso.

“Lo que ahora Bolivia reclama como derecho nunca ha estado disponible ni lo pudiera haber estado”, afirmó.

Agregó además que “según el general Banzer, en una entrevista de diciembre de 1975, el acta de Charaña no incluye un compromiso categórico de Chile de resolver la situación de mediterraneidad de Bolivia”. (23/03/2018)