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Marcha exige ‘fojas cero’ en el tramo III de la vía por el TIPNIS

La IX marcha indígena exige llevar a “fojas cero” también todo lo hecho en el tramo III de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. La razón del reclamo, afirman sus dirigentes, es que en la zona no hubo un verdadero proceso de consulta.

Visita. Ayer llegó a San Ignacio de Moxos, Vilma Romero (izq.), oficial de DDHH de Naciones Unidas

Visita. Ayer llegó a San Ignacio de Moxos, Vilma Romero (izq.), oficial de DDHH de Naciones Unidas

La Razón / Jorge Quispe / San Ignacio de Moxos, Beni.

03:04 / 11 de mayo de 2012

El pedido fue incorporado en la Plataforma de Demandas de la IX marcha que los indígenas enviarán al Gobierno para un futuro proceso de diálogo.El anuncio fue hecho ayer jueves por el presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez. “El Gobierno dice que hizo una consulta, pero este territorio donde estamos hoy (mojeño) ha hecho conocer que no fueron consultados y ése es el punto que ha sido incluido en la demanda”, precisó.El tramo III de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos va desde la comunidad Monte Grande del Apere hasta San Ignacio de Moxos. Si bien la vía propiamente está fuera del TIPNIS, cruza el Territorio Multiétnico Indígena Uno (TIM-1).El presidente del TIM-1, Miguel Ángel Caumol, que participa de la movilización, sostuvo que los pobladores de la zona esperaron infructuosamente en tres ocasiones a los personeros del Viceministerio de Medio Ambiente para hacerles conocer sus observaciones al tramo III de la carretera hasta San Ignacio de Moxos. El pedido de “fojas cero” para el tramo III fue incorporado como el Punto 9 de la Plataforma de la marcha (toda vez que la misma hasta ahora comprendía ocho puntos). “Es la novena marcha que también tiene nueve puntos”, resumió Humberto Guarayo, miembro de la Comisión Política del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), que participa en la marcha.Los anteriores ocho puntos son: la anulación de la Ley 222 de Consulta (que incluye la vigencia de la 180 de protección del TIPNIS); la solución a daños causados por petroleras en el Aguaragüe (Tarija); la reversión  a comunidades indígenas de 15 millones de hectáreas cedidas a privados y la participación de las 36 naciones indígenas en todos los niveles de gobierno nacional, departamental y municipal, además del poder judicial.Además, reclama mayor beneficio para las comunidades a través de proyectos de desarrollo; más participación y desarrollo del deslinde jurisdiccional; reivindicación de los 16 pedidos de la VIII marcha; y el esclarecimiento de la represión del 25 de septiembre de 2011 en Chaparina.

Por otro lado, ayer jueves arribó a San Ignacio de Moxos la representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Vilma Romero.  La Oficial del organismo internacional se entrevistó con el párroco del pueblo, Franz Bejarano; con Gregorio Nuni, director de radio Arrairrú Sache, y Mariela, la joven hija del radialista (los dos últimos víctimas de agresiones a raíz del paso de la marcha indígena por San Ignacio).

“Nos ha dicho que hará un seguimiento para que el caso de mi denuncia no quede impune. Serán veedores cuando la Fiscalía me llame”, sostuvo el radialista Gregorio Nuni.  La oficial Vilma Romero esperaba ayer por la noche la llegada de otro delegado desde San Borja, para luego dirigirse hasta Puerto San Borja y dar encuentro a la IX marcha indígena. Rechazo a acusación Recursos“Es falso que la marcha sea financiada por Rubén Costas, Doria Medina o el MSM”, dijo enfática la dirigente Bertha Bejarano. “Para darles un ejemplo, tuvimos que hacer una vaquita para pagar el camioncito que ahora nos traerá ropa desde Trinidad”, dijo. Niegan que en Conisur se vendiera maderal. mealla n El cacique mayor del Consejo Indígena del Sur (Conisur), Gumercindo Pradel, negó que él u otros dirigentes de la región hubieran vendido madera en pasadas gestiones, como indica un informe de la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf).

“Están manejando información falsa. Me acusan sin motivo de venta de madera, en ningún momento hice negocios de ese tipo. Tengo entendido que los otros dirigentes tampoco realizaron ese tipo de operaciones. No sé de dónde saca eso Ademaf, voy a investigar de dónde salieron esas denuncias”, aseveró Pradel.

El miércoles, La Razón dio a conocer contratos de compra y venta de madera mara que implicaban a Fernando Vargas y a otros dirigentes del TIPNIS que al momento participan de la IX marcha indígena.

Un día después, Ademaf hizo pública una lista de 13 dirigentes, tres del Conisur (entre ellos Pradel) y 10 de la Subcentral Sécure, quienes hasta el año pasado —según el informe oficial— se dedicaban a la venta de esa especie.

Hecho. Pradel aseguró que las principales actividades en el Conisur son la siembra de plátano, arroz, palmitos y otros productos; por tanto, ratificó que los pueblos afiliados a ese consejo no explotaron madera ni la vendieron.

En tanto, Carlos de Ugarte, técnico del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), indicó que hasta el año pasado estaban en vigencia tres planes de manejo para la explotación de madera en el TIPNIS, dos en el norte y uno en el Conisur. Sin embargo, explicó que los mismos quedaron sin efecto, tras la aprobación de la Ley 180, de protección del TIPNIS.

“Las comunidades beneficiadas solicitaron que se deje sin efecto esos planes de manejo. Los indígenas del norte se dedicaron al turismo y los del Conisur tuvieron problemas con los interculturales para extraer la madera”, agregó.

La consulta previa empezará el 10 de junio

El 10 de junio comienza el proceso de consulta previa en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), anunció ayer el presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados, Eleuterio Guzmán.

“Estamos coordinando con todos los corregidores, con los dirigentes y con los mismos comunarios de base para empezar ya con la entrada de las brigadas     que irán a las 68 comunidades (del TIPNIS) y la fecha tentativa (para el ingreso) es del 10 al 15 de junio”, declaró Guzmán.

Se consultará a los pueblos indígenas mojeño-trinitario, chimán y yuracaré sobre la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, cuyo contrato de construcción con OAS fue anulado por el Gobierno.

La tarde del miércoles 9 de mayo, el Senado aprobó la ampliación del plazo de consulta de 120 a 210 días. El proceso debió culminar, según la Ley 222 de Consulta, el próximo 10 de junio (día en que se cumplen los 120 días estipulados por la norma promulgada en febrero pasado).

Suficientes. En criterio de Guzmán, los 90 días adicionales son suficientes para llegar a las 68 comunidades del Isiboro Sécure. La Ley 222 otorga la administración del proceso de consulta a los ministerios de Obras Públicas y de Medio Ambiente.

Desde abril, el Ministerio de Obras Públicas inició la socialización del protocolo de la consulta. El documento fija las etapas y métodos del proceso consultivo, que será en base a los usos y costumbres originarios. El protocolo establece el funcionamiento de 15 brigadas para la consulta. Guzmán aseveró que los indígenas serán quienes resuelvan el tema de la carretera.

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