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Tribunal Constitucional deniega a Eduardo Mérida su restitución a la Alcaldía de Quillacollo

El 9 de junio de este año, el Concejo Municipal de Quillacollo suspendió del cargo a Mérida, luego que el juez Elvis López dio curso a una acción de cumplimiento de una sentencia por la falsificación de un certificado de libreta militar.

El alcalde de Quillacollo, Eduardo Mérida, tras retomar su silla edil. Foto: Fernando Cartagena

El alcalde suspendido de Quillacollo, Eduardo Mérida. Foto: Fernando Cartagena

La Razón Digital / ABI / Sucre

19:24 / 14 de septiembre de 2018

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determinó este viernes denegar la solicitud de Eduardo Mérida de ser restituido a sus funciones como Alcalde del Municipio de Quillacollo, tras haber sido destituido por el Concejo Municipal de ese municipio, por un proceso penal en su contra.

"(...) resuelve: confirmar la Resolución 08/2018 de 8 de junio, cursante del 234 a 240, pronunciada por el Juez de Partido de Sentencia Penal y Liquidador Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba (...)", señala la parte resolutiva del documento aprobado por ese tribunal.

La Resolución a la que se refiere el fallo, dictada por el juez de Sentencia Penal y Liquidador 1, Elvis López, ordenó por segunda vez, que esa autoridad municipal sea suspendida de sus funciones por la falsificación de un certificado de libreta de servicio militar.

El TCP denegó también el Amparo Constitucional que ordenó su restitución, emitida por la juez Olma Rojas, del Juzgado Segundo de Familia, que intervino como juez de garantías constitucionales.

"Remitir los antecedentes al Consejo de la Magistratura, para la apertura de la investigación que corresponda, contra la Jueza de garantías", remarca la última parte del otro documento resolutivo.

El 9 de junio de este año, el Concejo Municipal de Quillacollo suspendió del cargo a Mérida, luego que el juez Elvis López dio curso a una acción de cumplimiento de una sentencia por la falsificación de un certificado de libreta militar.

La sentencia condenatoria es de tres años. (14/09/2018)

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