“Tenemos que conocer cuáles fueron las manos criminales que han  utilizado las armas de fuego en Yapacaní y queremos que tengan la máxima sanción  que prevé el órgano Jurídico Penal de Bolivia que son 30 años de cárcel”, señaló Romero.

La autoridad manifestó que se la investigación que se realiza en la población permitirá dar con los responsables. Asimismo, deslindo responsabilidades al Gobierno señalando que “en ningún momento se autorizó la utilización de armas de fuego en el lugar. Como Gobierno solo pedimos que se respete la legalidad del Alcalde y  si no había confianza en la autoridad  se realice un referéndum  revocatorio”.

El miércoles, efectivos policiales y opositores del exalcalde de Yapacaní,  David Carvajal, protagonizaron  un enfrentamiento que terminó con la vida de tres pobladores y dejó varias personas heridas.