Por segundo día consecutivo el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, mantuvieron diferencias respecto al porcentaje de ajustes al proyecto de ley de Extinción de Dominio. Romero dijo hoy que es “ocioso” debatir sobre el porcentaje de modificaciones a la iniciativa legal y negó que los articulados choquen con el texto constitucional.

El impasse entre ambas autoridades surgió el martes a raíz de las declaraciones de Delgado, quien informó que hubo 60% de cambios en la Ley de Extinción de Dominio de Bienes a favor del Estado, lo que no fue compartido por la autoridad del Ejecutivo. Romero respondió ayer por la mañana: “no ha dimensionado bien la presidenta de Diputados”.

En la tarde de ayer, la aludida aseguró -ante consultas periodísticas sobre lo afirmado por Romero- que los ajustes superan el 60% y que la normativa tiene aspectos que colisionan con el texto de la Constitución Política del Estado. “Yo le voy a pedir al ministro de Gobierno de que asuma mayor responsabilidad cuando elabora normas”, expresó.

El ministro salió hoy al paso de las declaraciones y, tras reconocer que, efectivamente existe un proceso de diálogo en el Legislativo que confluye en algunas modificaciones, señaló que es necesario centrarse en el debate de los temas de fondo.  

“Es muy subjetivo esto de entrar a los porcentajes. A mí me parece, y lo digo con mucho respeto, (que es) un debate ocioso porque resulta que uno puede modificar una coma y contabilizarla como una modificación que cuenta”, explicó la autoridad del Gobierno, que redactó y remitió la iniciativa legal a la  Asamblea Legislativa para su tratamiento y aprobación.

Además aseguró que “no hay ningún elemento que pueda ser tachado de inconstitucional en el proyecto”. La extinción de bienes, explicó, es un procedimiento especial, por lo tanto no tiene particularidades del procedimiento ordinario o administrativo.

“Este es un procedimiento que está subordinado a que haya un juicio penal para que sea activado; luego adquiere independencia y autonomía  del juicio penal que se sustancia en la vía ordinaria, y tampoco se sustancia en la vía administrativa, por eso se le encomienda al Procurador General del Estado (el tema de la extinción)”, precisó.

El proyecto fue trabajado en el marco de la legislación comparada. “En el caso de Colombia se ha creado una Fiscalía Especial para accionar el procedimiento de dominio fundamentalmente para casos de narcotráfico. Esa Fiscalía Especial no está vinculada organizacionalmente al Ministerio Público porque está aplicando un procedimiento especial”.

En el artículo 5 de la iniciativa legal en debate en Diputados, referido a las causales de la extinción de dominio de bienes, se establece que el patrimonio proveniente de la comisión de los cuatro delitos de narcotráfico, contrabando, corrupción pública o legitimación de ganancias ilícitas serán susceptibles a ser confiscado a favor del Estado.

El Legislativo, a través de las autoridades de la Cámara de Diputados y del Senado, busca el diálogo con la dirigencia de los choferes y gremiales opuesto al proyecto de ley.