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Mirtha Jiménez: ‘No tenemos la ubicación exacta ni de la mitad de bienes inmuebles’

La jefa nacional de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) afirmó que no se tiene información sobre la ubicación exacta ni del 50% de 364 inmuebles que fueron confiscados al narcotráfico porque no se hizo una adecuada inscripción de los mismos.

Mirtha Jiménez.

Mirtha Jiménez. Nicolás Quinteros.

La Razón / Elisa Medrano / La Paz

04:23 / 20 de mayo de 2013

La jefa nacional de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) afirmó que no se tiene información sobre la ubicación exacta ni del 50% de 364 inmuebles que fueron confiscados al narcotráfico porque no se hizo una adecuada inscripción de los mismos. Además, aseguró que se contabilizaron 30.000 carpetas de bienes decomisados hasta la fecha, en las que falta información y también personal para poder procesar los datos.

— ¿En qué condición están los bienes que administra la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi)?

— La mayor parte de estos bienes han perecido, muchos son desechos. En el caso de los vehículos, por ejemplo, éstos han sido desmantelados o, con el paso del tiempo porque están al aire libre, se han deteriorado y, finalmente,  no sabemos dónde están. Entre 2000 y 2005, la Dircabi recibió 7.451 bienes, entre 2006 y 2012, 12.055.

— ¿Dónde están esos bienes?

— Según los registros, la mayor parte de ellos, como ser sustancias controladas ya no sirven, así como los teléfonos celulares y los vehículos. Estamos haciendo verificaciones y auditorías, sobre todo en el primer grupo. Revisamos si realmente están en la Dircabi y si esa cantidad que está registrada todavía existe. La mayoría de los bienes no tiene anotación preventiva, lo que en algunos casos da lugar a que sus propietarios los vendan o los den en anticrético.

— ¿Cuántos ya no sirven?

— Por ejemplo, de los vehículos confiscados, el 70% está desmantelado, no sirve, algunos son cobertura o cáscara o simplemente se han deteriorado por el tiempo que ha transcurrido. Esa sustracción ha sido sistemática en el tiempo, no se trata de estos últimos años, sino de hace mucho tiempo. Pero en algunos casos los motorizados tampoco son entregados en óptimas condiciones, les faltan partes.

— ¿Quiénes son responsables?

— Se han sentado las denuncias en contra de los autores y el Ministerio Público investiga quiénes pueden ser los culpables y a quiénes estuvieron a cargo de esos automóviles. Se han iniciado procesos en contra de exfuncionarios porque han estado involucrados en la sustracción de partes y/o disposición arbitraria de bienes.

— ¿Cuántos funcionarios están en esa situación?

— Son 69 procesos penales y coactivos fiscales. Los de tipo penal son, en su mayoría, por incumplimiento de deberes y disposición de bienes del Estado; en tanto que los coactivos son por daño económico al Estado, pérdida de bienes o disposición arbitraria.

— ¿Y cuántas personas han sido sentenciadas?

— Cuatro.

— ¿Qué ocurrió con el reinventario de bienes anunciado?

— Hemos inventariado cerca de 5.000 bienes en Oruro, Sucre, Pando, Santa Cruz y La Paz. Pero en el caso de los inmuebles no podemos tener datos precisos, ni podemos certificar dónde están físicamente todos ellos. En algunos casos hemos verificado que un bien está registrado, pero no existe o, a veces, hay un bien que no está en el registro, para ello estamos cruzando información. De los que no tenemos datos de la ubicación hay que volver al proceso para saber dónde están, pero es complicado, no es fácil porque hay que desarchivar el caso para verificar.

Tenemos registrados 364 bienes inmuebles, de los cuales no tenemos la ubicación exacta ni de la mitad y para saber dónde están estamos buscando a exempleados o verificando en los archivos que tenemos alguna información de dónde se encuentran.

— ¿Por qué no hay la ubicación?

— Ha habido un descuido de las anteriores direcciones, las que no han ingresado al Sistema de Registro de Bienes Incautados (Sirebi) la ubicación georeferenciada o la ubicación exacta del inmueble o también cuando el Sirebi hace el registro y no tiene los datos necesarios porque no le han proporcionado los datos del proceso.

Da la sensación de que algunos documentos han sido sustraídos del archivo o, finalmente, hay desorden porque los legajos no están en un lugar. En el caso de los inmuebles tenemos una consultora que trabaja en el saneamiento de la información, tenemos que saber dónde están, pero además conocer cuál es su dimensión y superficie, entre otros detalles.

— ¿Qué más se tiene que hacer?

— Otro consultor trabaja en el saneamiento documental. Tenemos 30.000 carpetas en las que hemos constatado que falta información. Algunos bienes han cambiado de estatus judicial, es decir, de incautados han pasado a confiscados, por lo que deben ser transferidos al Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid), pero tenemos que verificar cada una de las carpetas y para eso hay que volver a los juzgados.

Pero pareciera que hubieran desaparecido bienes y en una cantidad importante porque hay 30.000 carpetas y tenemos en custodia más de 12.000 bienes en esta gestión de gobierno y otros 7.000 antes de 2005. Entonces, ese número de carpetas nos daría a entender que en gestiones anteriores ha pasado algo porque no había sistema de registro. El único registro era manual y se archivaba físicamente en una carpeta.

— Haciendo números, ¿serían unas 10.000 carpetas de las que no se sabe qué pasó?

— Sí, entonces estamos en plena investigación, vamos a lograr que este plan de saneamiento documental también pueda encontrar recursos y podamos finalmente saber qué ha pasado con los bienes. Sin embargo, conocemos que algunos bienes han ido a parar a manos de expolíticos, en anteriores gestiones. Hay 130 resoluciones ministeriales de anteriores gobiernos a éste que otorgan bienes a algunas instituciones, pero también a particulares.

— ¿A quiénes se entregó?

— Se entregó dinero en efectivo al Sindicato de la Prensa de Cochabamba, también se transfirió dinero confiscado a gastos reservados, lo que no debería ser.

— ¿Cuánto dinero se incautó?

— Tenemos 11,3 millones de dólares en custodia, de los cuales 1,2 millones fueron confiscados, es decir, son del Estado. Desde septiembre de 2012 hemos empezado a desarchivar cerca de 3.000 procesos, hemos actualizado los casos para ver si ha cambiado el estado procesal de ese dinero incautado.

Perfil

Nombre: Mirtha Jiménez Béjar

Nació: Huanuni, Oruro, el 25-03

Cargo: Dir. Nac. de Bienes Incautados (Dircabi)

Exconstituyente

Fue integrante de la Asamblea Constituyente que empezó su trabajo en agosto de 2006. Elegida por la Circunscripción 33 que corresponde a Oruro. En esta instancia ejerció la vicepresidencia y presidencia interina de la bancada nacional del MAS. Desempeñó la función de secretaria de la Comisión de Estructura Territorial del Estado en la Constituyente.

Fue delegada de Autonomías en la Gobernación del departamento de Oruro (2009). También ocupó el cargo de Coordinadora de la Dirección de Autonomías de Oruro. Actualmente es titular de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), dependiente del Ministerio de Gobierno, desde julio de 2012.

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