Nacional

Morales cuestiona pedidos de revocatorio por razones políticas y ve que perjudican gestión

El TSE recibió hasta el pasado 22 de febrero 118 solicitudes para revocar a autoridades electas por voto popular, aunque por el momento sólo 42 cuentan con la resolución que autoriza el inicio de recolección de firmas.

La Razón Digital / ABI / La Paz

11:09 / 01 de marzo de 2013

El presidente Evo Morales cuestionó hoy algunas solicitudes de revocatoria de mandatos presentadas al Tribunal Supremo Electoral (TSE), que surgieron por razones políticas y dijo que esos pedidos sólo perjudican la gestión de esas autoridades, quienes podrían 'descuidar' las inversiones públicas en sus regiones por 'defender' su cargo.

Morales manifestó que las revocatorias de mandato deberían enmarcarse en denunciar actos de corrupción o negligencia, con documentos probatorios, para castigar a las autoridades que infringen las normas bolivianas por sus actos administrativos y no por sus inclinaciones políticas.

El TSE recibió hasta el pasado 22 de febrero 118 solicitudes para revocar a autoridades electas por voto popular, aunque por el momento sólo 42 cuentan con la resolución que autoriza el inicio de recolección de firmas.

“'Una cosa es corrupción con documentación, tiene que ser castigado ese alcalde, pero algunos casos no estoy viendo por una cuestión de acto de corrupción sino por cuestiones políticas”, dijo luego de autorizar un préstamo del Banco Mundial para proyectos de sociales de La Paz y El Alto.

Morales consideró que el proceso revocatorio de una autoridad, 'en especial' de los alcaldes de La Paz y El Alto, afectará la administración de esas regiones, aún si logran ser ratificados, porque relegarán sus obligaciones y pararán sus inversiones.

“A esta altura querer cambiar a un alcalde es querer perjudicar al pueblo, no están perjudicando al alcalde que se irá, es perjudicar al pueblo, a ese municipio, yo siento que eso es muy grave”, advirtió.

Explicó que en el cambio de algún ministro de Estado en su mandato, representa un perjuicio de al menos seis meses, que dura el proceso de transición, en todas sus fases administrativas.

 

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