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ONU: En pro de la defensa de la libertad de expresión, prensa y opinión, no es aconsejable aprobar una figura penal similar al desacato

El representante de este organismo en Bolivia recordó que los funcionarios públicos, por decisión propia, decidieron pasar del ámbito privado al público y, en esa condición, están más expuestos a la crítica. En el MAS hablan sobre la posibilidad de promover la aprobación de una figura legal similar al desacato, ahora excluida del ordenamiento jurídico por sentencia constitucional.

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz

10:04 / 25 de octubre de 2012

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos en Bolivia, Denis Racicot, consideró que “en pro de la defensa de la libertad de opinión, expresión y de prensa” no es aconsejable promover la aprobación de una figura penal similar al desacato y que, por el contrario, los funcionarios públicos deben entender que están expuestos a más críticas por su trabajo en la función pública.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró inconstitucional y excluyó del ordenamiento jurídico penal el delito de desacato. Este figura, incluída en el artículo 162 del Código Penal, establecía que el que calumnie, injurie o difame a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones “será sancionado con privación de libertad de un mes a dos años”, peor si se trata del Presidente o Vicepresidente, ministros de Estado, de la Corte Suprema o de una asambleísta. 

Legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), entre ellos el diputado Lucio Marca, anunciaron ayer la posibilidad de promover la aprobación de una figura penal similar al desacato para proteger a las autoridades del Estado. “En el ámbito público hay que encontrar otra figura penal que pueda dar garantía y seguridad a las autoridades”, anunció.

Racicot aseguró que no es necesaria una iniciativa de esta naturaleza, en la medida que en el ordenamiento jurídico boliviano existen otras figuras legales en el ámbito civil que pueden ser usadas para proteger, por ejemplo, el honor de un servidor público, en las mismas condiciones que cualquier ciudadano boliviano.

Dijo que, por decisión propia, un funcionario del Estado está más expuesto a la crítica pública por la función que realiza en la sociedad. “Los diputados y senadores en el futuro tendrán que reflexionar más a fondo si es necesaria una norma semejante (al desacato) o no, pero en pro de la defensa de la libertad de expresión, de opinión y de prensa, sería mejor no reproducir semejante disposición penal”, señaló el representante de Naciones Unidas.

El desacato limita el derecho a la libertad de expresión de la ciudadanía ante el funcionario público y genera una “desproporcionalidad (un exceso) en la represión del ejercicio de la libertad de expresión” de los ciudadanos, esgrimió el Tribunal Constitucional entre los argumentos con los que justificó su declaratoria de inconstitucional y su consecuente eliminación de la economía jurídica.

Legisladores opositores, como Róger Pinto, asilado en la embajada de Brasil, tienen procesos por el hoy anulado delito de desacato. Pinto tiene en su contra seis procesos por desacato; el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, al menos dos; la senadora opositora Eva Gonzáles, una denuncia; la diputada Nórma Piérola, cinco denuncias; además del alcalde Luis Revilla y el ministro de Economía, Luis Arce.

Racicot recordó que la normativa jurídica establece figuras jurídicas como la calumnia o la injuria para la defensa de los ciudadanos sin ningún tipo de diferencias, aunque sostuvo que no debe abusarse de ello.

“No hay que generalizar el uso de esa figura para protegerse, porque el bien público en un Estado Plurinacional exige hoy en día -en la sociedad democrática- que el debate público sea más amplio”, reflexionó el representante del organismo internacional.

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