Nacional

Obligar al servidor público a que milite va contra la CPE

El abogado constitucionalista Carlos Alarcón señaló que el hecho de obligar a los funcionarios públicos a militar en un partido específico va contra la Constitución. Se afecta el principio de “imparcialidad” que debe tener todo servidor público, afirma.

La Razón / Iván Bustillos / La Paz

02:15 / 30 de marzo de 2012

Ayer, en declaraciones a La Razón, los diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) Galo Bonifaz y Lucio Marca coincidieron en que para depurar de “infiltrados” al Gobierno y al partido, “no tienen que haber independientes (...) no tienen que haber funcionarios a medias tintas”. Estas ideas se inscriben en el marco de una próxima reinscripción de los militantes del MAS. 

Al respecto, el abogado Carlos Alarcón hizo notar que esta medida transgrede el artículo 232 de la CPE, según el cual “la administración pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados”.

Se va contra el principio de “imparcialidad”, señala Alarcón: “salvo los casos de los cargos jerárquicos del Gobierno, donde sí podrían ser militantes, todos los demás casos de la carrera administrativa son funcionarios del Estado, no son funcionarios de un partido ni de un gobierno; no debería ser exigencia ni un requisito que tengan militancia partidaria”.

Voluntad. El abogado Bernardo Wayar añade que la militancia es un derecho político, consagrado en la Constitución, y por principio es un acto voluntario; resultando un contrasentido la “militancia obligatoria”.

“Cada funcionario cumple un determinado deber, tiene deberes y obligaciones que le marca la función; el funcionario público tiene un estatuto, reglas de comportamiento; además existen reglas para el reclutamiento del funcionario público; mientras esas reglas no se quiebren no se afecta el hecho de que una persona tenga determinada militancia política”, dice.

Con respecto a la militancia obligatoria de los servidores públicos, la presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, afirmó que no conoce “que haya una resolución del Congreso (del MAS) en ese sentido”.

El jefe de bancada del MAS en Diputados, Roberto Rojas, reconoció que la militancia obligada de los funcionarios públicos “no sería tan prudente”. Tal vez se ha resuelto esto, dice (pues él no pudo asistir al Congreso del MAS), “para identificar a los infiltrados; (ya que) hay gente que sabotea en algunos ministerios, que no está con el proceso de cambio”.

Rojas dijo que hay la necesidad de que toda persona se defina, que “no sea tibio, sino caliente o frío”; pero esto “no debe ser de manera obligatoria, sino de manera voluntaria, tiene que definirse, pero no se puede obligar”.

El servidor pierde su autoridad

Menoscabo

Según Alarcón, el funcionario pierde credibilidad: ante una actuación suya se puede argumentar que hay lo que se llama  el “desvío de poder”, que es cuando el funcionario aparenta cumplir la ley cuando en el fondo su acto responde a determinado interés sectorial.

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