Nacional

Plantean juicio de responsabilidad contra el Tribunal Constitucional

A 59 días de su posesión, el Tribunal Constitucional Plurinacional enfrenta su primer juicio de responsabilidad. Un abogado inició el proceso contra los tribunos acusándolos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y negativa y retardo de justicia.

Causa. El abogado Miranda ingresó ayer su denuncia por la ventanilla única de la Cámara de Diputados.

Causa. El abogado Miranda ingresó ayer su denuncia por la ventanilla única de la Cámara de Diputados. Foto: Ángel Illánes

La Razón / Luis Mealla y Yuvert Donoso / La Paz y Sucre

05:17 / 01 de marzo de 2012

El caso fue presentado ayer miércoles 29 ante la presidencia de la Cámara de Diputados, tal como dispone la Ley 044 de Juicios de Responsabilidades. Los encausados son los miembros titulares del Tribunal.

“En febrero (de 2012) se me devolvió un expediente que presenté en 2011 ante el Tribunal Constitucional; tras ocho meses (de estar en el Tribunal) me devuelven con una nota indicando de que esa instancia ya no está en vigencia y que hay un nuevo tribunal”, explicó a La Razón el abogado demandante Víctor Miranda.

Es decir que porque los expedientes pendientes no tienen inscrito el rótulo de “Tribunal Constitucional Plurinacional” deben ser reingresados para su tratamiento y resolución, detalla el abogado Miranda.

El demandante alega que la Constitución y la Ley 040 de Adecuación de plazos para la conformación del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional facultan a los nuevos tribunos a resolver recursos como el que presentó.

“Se ha presentado la denuncia contra todos los magistrados y se está acusando por esos tres delitos; esto derivará en un juicio de responsabilidad, toda vez que ellos están bajo la tutela de la CPE”, agregó.

 Al respecto, el magistrado suplente del TCP, Milton Mendoza, señaló que se trata de una decisión poco responsable de los titulares dado que  se está negando la justicia a varios  ciudadanos en el entendido de que en estos casi dos meses ya se devolvió más de 300 causas pendientes para que los litigantes las reingresen con el rótulo de “plurinacional”.

“No son casos políticos, ni ligados a intereses económicos, sino casos de ciudadanos comunes y corrientes; es una irresponsabilidad marcada porque se está negando justicia y se juega con la imagen de la institución. Los magistrados ya tienen el primer juicio de responsabilidad sin que hayan resuelto una sola causa”, dijo.

Antecedente. El 13 de junio de 2011 se presentó un Recurso Directo de Nulidad ante el Tribunal Constitucional (TC), solicitando la  nulidad de una resolución emitida por la fiscal de La Paz, Betty Yañiquez. El proceso fue signado con el número 2011-23808-48-RDN y permaneció en la Comisión de Admisión a la espera de la elección y posesión de los nuevos magistrados. Pasado el proceso eleccionario, recién en febrero de 2012,   el expediente fue devuelto por el pleno del nuevo tribunal, bajo el argumento de que ahora el Tribunal es “Plurinacional”.

Según el abogado demandante, Víctor Miranda, la ley corta del 13 de febrero de 2010, en su artículo 4, señala que esa clase de recursos (como el suyo) deberían ser resueltos por las nuevas autoridades.

 “Esa misma norma da la misión específica a los magistrados de resolver las acciones y recursos como el Recurso Directo de Nulidad presentado por mi persona, el mismo que ilegalmente me fue devuelto el 9 de febrero de 2012, sin resolver el conflicto constitucional”, señala Miranda en su memorial.

El jurista agrega que en la nota de devolución se expresa que se estaría aplicando el artículo 2 de la Ley 212 de Transición al nuevo Órgano Judicial, situación que —en su criterio— es inconstitucional, porque la norma rige “siempre para lo venidero y no tendría que afectar los recursos suscitados antes de su vigencia”.

Por su parte, Mendoza agregó que, por tanto, “los recursos y acciones de inconstitucionalidad estaban reservados, por ley, a la resolución (por parte) de las nuevas autoridades”.

Detalles de los casos devueltos

Entre las 300 causas devueltas por el TCP están casos referidos a consultas, recursos directos de nulidad, acciones de inconstitucionalidad (abstractas y concretas).

La ley corta del 13 de febrero de 2010 (por la que el Presidente nombró a varios magistrados), señala que los casos deberán ser resueltos por las nuevas autoridades electas el 16 de octubre de 2011.

Los supuestos delitos de los magistrados son: incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y negativa y retardo de justicia.

Diputados debe ver si el caso procede o no

En caso de que la Asamblea Legislativa dé curso al pedido de juicio de responsabilidades contra los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, se aplicará la Ley 044 promulgada en 2010 por el presidente Evo Morales.

Según la norma, una vez recibida la denuncia en la presidencia de la Cámara de Diputados, se prevé que de inmediato la Comisión de Justicia Plural de la Cámara Baja elabore un informe especial a través de su comité de Ministerio Público, instancia en la que los asambleístas actuarán como fiscales.

 El informe especial es considerado por la mencionada Comisión de Justicia Plural, donde, en caso de ser aprobado, se dispone la apertura de la correspondiente investigación y se convoca a los magistrados denunciados para que presten sus declaraciones formales. Aquí se organiza la prueba documental y una vez  concluida la etapa preliminar se enviará un nuevo informe al pleno de la Comisión de Justicia Plural, a fin de que ésta defina la imputación.

De registrarse una sentencia condenatoria, la ley dispone que se podrá imponer una inhabilitación especial. Esta figura consiste en la pérdida del mandato, cargo, empleo o función pública, la incapacidad para obtener mandatos, cargos, empleos o funciones públicas, por elección popular o nombramiento y la rehabilitación se producirá al cumplimiento de la pena.

El juicio de responsabilidades se aplica a la Presidenta o Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente del país; a los magistrados de los tribunales Supremo de Justicia, Agroambiental, Constitucional Plurinacional, al Consejo de la Magistratura y a autoridades del Ministerio Público.

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