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Policía reduce casos de tortura entre reos por ‘seguros’ en penales

El control más riguroso de la Policía en cárceles cochabambinas y la coordinación de tareas con delegados de reos, especialmente de El Abra, permitieron reducir los casos de tortura física y abusos a reclusos por la falta de pago de “seguros de vida” a presos que tienen poder.

Vigilancia. Policías durante una requisa a reos del penal de El Abra a principios de este año. Foto: Archivo

Vigilancia. Policías durante una requisa a reos del penal de El Abra a principios de este año. Foto: Archivo

La Razón (Edición Impresa) / Angélica Melgarejo / Cochabamba

00:00 / 31 de mayo de 2015

El control más riguroso de la Policía en cárceles cochabambinas y la coordinación de tareas con delegados de reos, especialmente de El Abra, permitieron reducir los casos de tortura física y abusos a reclusos por la falta de pago de “seguros de vida” a presos que tienen poder.

Un indicador de la reducción de casos de violencia se lo recoge del hospital Viedma. Una fuente del nosocomio señaló que antes del 14 de septiembre de 2014 —cuando se registró una balacera entre reclusos que dejó cuatro internos muertos y al menos 11 heridos, precisamente por abusos y cobros irregulares en El Abra—, cada mes arribaban hasta ese centro entre dos y tres presos con signos de tortura. “De enero a la fecha (2015) llegaron tres presos heridos; uno de ellos porque se cortó la mano cuando trabajaba, casi la pierde con la amoladora, y los otros dos vinieron por golpizas, aunque ellos aseguraron que se cayeron”, declaró la fuente.

De estos dos últimos presidiarios, el primero tenía una fractura en la mano y el segundo, un trauma craneal. “Indicaron que se cayeron, pero luego uno se quejó, diciendo ‘me han sacudido (golpeado)’, aunque no acusó a nadie por miedo a represalias”, agregó.

Los reclusos internados reportaban caídas al jugar fútbol o resbalarse de las gradas. No obstante, los médicos diagnosticaban fracturas en brazos, piernas o en el cuerpo, además de traumas encefalocraneanos, producto de golpes. La gravedad de las lesiones hacía imposible creer que fueran resultado de caídas, ya que eran la prueba de haber recibido ataques de terceras personas, explicó el entrevistado.

Alguno se animó a contar que lo torturaron o que lo golpearon porque no pudo pagar alguno de los montos de dinero que exigían los delegados internos, como el “derecho de piso”, “seguro de vida” y “seguro sexual”. “Uno fue el chileno que después de la balacera fue golpeado, él contó que le pegaron, pero no quiso que lo internen y pidió su alta. Luego supimos que desapareció del penal”, añadió la fuente.

En la balacera de septiembre fue asesinado Édgar Ariel Tancara Sandagorda, principal delegado de los reos, además de tres de sus más estrechos colaboradores, debido a que, según las denuncias, torturaban si es que no pagaban el “seguro de vida”, consistente en al menos $us 500 para no sufrir agresión.

Entre 2013 y septiembre de 2014, al menos 49 presos fueron llevados al hospital Viedma por presuntos “accidentes”.

Diez días después de la balacera, las golpizas persistían. Dos internos fueron atendidos por tener policontusiones, hematomas y fracturas en diferentes regiones del cuerpo. Dijeron que se cayeron de sus camas.

Este extremo fue controlado no solo con la muerte de Tancara y su entorno, sino también con el cambio de recinto penitenciario de aquellos delegados que formaban parte del grupo que impartía “disciplina” al interior de El Abra. Según las declaraciones de varios reclusos durante las investigaciones de la matanza, se cansaron de ser extorsionados y torturados. Indicaron que la administración del dinero de los “seguros” también era motivo de disputa.

Según Erwin Sandóval, director regional de Régimen Penitenciario, las cifras del hospital Viedma son el reflejo del trabajo y reestructuración del control que se realiza al interior de los penales. No obstante, no negó que aún se registren golpizas y algunos pagos como “el derecho de piso” que todavía persiste.

En el penal de San Antonio, una fuente informó que los cobros por derecho de piso continúan.

“Obviamente, ellos (los reclusos) tienen sus códigos y nosotros no nos enteramos, pero estamos trabajando de la mejor manera posible para evitar torturas dentro de los recintos penitenciarios”, sostuvo Sandóval.

Para la autoridad, el control, a pesar de las deficiencias en número de personal, cámaras de seguridad e implementos necesarios para evitar conflictos entre privados de libertad dentro de las cárceles del valle, es llevado adelante de manera más optima. “Hay un mejor trabajo de la Policía, que debe precautelar la vida del privado de libertad, que no lo estén golpeando; esto ha mermado mucho gracias al trabajo de todos, también de los delegados del recinto que ayudan a controlar”, destacó.

Ataque por el control de un pabellón de Palmasola

La madrugada del 23 de agosto de 2013, una pugna entre reos por el mando en la sección Chonchocorito del penal cruceño de Palmasola causó la muerte de 30 internos y dejó heridos a otros 52. Los privados de libertad del bloque B de ese recinto atacaron con armas blancas y al menos seis garrafas a los reclusos del bloque A.

Balacera en El Abra causa la muerte de cuatro presos

La noche del 14 de septiembre de 2014, tras una entrada folklórica en el penal de El Abra, el delegado interno Édgar Ariel Tancara Sandagorda fue asesinado en medio de una balacera junto con sus colaboradores identificados como Gustavo Tovar Ramírez, Sergio Arce y Humberto Gonzales Olmedo.Otras 11 personas resultaron heridas.

En La Paz, reos enfermos son dejados encadenados

Dos reos del penal de San Pedro, que están internados en el Hospital de Clínicas, son dejados encadenados a sus camillas por sus custodios, cuando éstos tienen que cumplir otras tareas, para evitar que huyan. En el nosocomio sospechan que por lo menos uno de ellos fue golpeado, aunque éste lo niega, al parecer por temor a represalias.

Defensores del Pueblo ven ‘desbordado hacinamiento’

Los defensores del Pueblo iberoamericanos advirtieron el viernes, en Colombia, que en los centros penitenciarios se ha registrado un “desbordado hacinamiento” que impide la efectiva consecución de la finalidad esencial de la pena destinada a la resocialización o reinserción social, lo que pone en riesgo la vida e integridad de los reos.

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