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Juez de EEUU accede a instalar un juicio civil en contra de Goni

Nueve demandantes bolivianos pueden pedir resarcimiento a los acusados, Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, en Florida, por la muerte de familiares

La Paz. El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en octubre de 2003.

La Paz. El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en octubre de 2003. ABI-Archivo.

La Razón (Edición Impresa) / Brenda Romero / Nueva York, Especial para La Razón

04:13 / 22 de mayo de 2014

Un juez federal de Florida, Estados Unidos, dio luz verde a la demanda de familiares de fallecidos durante la “guerra del gas” en Bolivia, por delitos de violaciones a los derechos humanos, en contra del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y del exministro Carlos Sánchez Berzaín.

El juez James Cohn dictaminó el martes que, de acuerdo con la Ley de Protección a las Víctimas de la Tortura, los nueve demandantes pueden continuar con el litigio civil en contra de las dos exautoridades que huyeron a Estados Unidos tras los hechos violentos de septiembre y octubre de 2003, en los que murieron más de 60 personas.

Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín fueron acusados por su participación en la planificación y ordenanza de asesinatos de civiles extrajudiciales, en un esfuerzo para reprimir las protestas por sus controvertidas medidas políticas y económicas. La decisión del juez implica que los demandantes pueden buscar una compensación económica de los acusados.

Cohn indicó que las víctimas tenían un argumento sólido y que sus abogados dieron pruebas suficientes de que los “homicidios fueron deliberados” y no resultado del caos de la guerra, según el blog Miami New Times.

Acusación. Según la demanda, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín son acusados de ejecuciones extrajudiciales, crímenes contra la humanidad y negligencia en la muerte de civiles desarmados, incluidos niños. Además de ordenar a las fuerzas de seguridad bolivianas usar fuerza letal contra civiles desarmados para reprimir las protestas populares contra las políticas gubernamentales.

El juez citó también la historia de Marlene, una niña de ocho años, quien fue asesinada lejos de cualquier enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas del Gobierno. Su familia dice que a los soldados se les dio permiso para disparar a cualquier movimiento y que Marlene simplemente estaba mirando por la ventana cuando le dispararon letalmente. El hecho ocurrió el 20 de septiembre de 2003, en la operación militar en Warisata.

A través de un comunicado de prensa, la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard informó que Cohn encontró que los demandantes habían alegado suficientemente y que, incluso, antes de asumir el cargo, los acusados planeaban utilizar la fuerza letal para reprimir disturbios políticos. Además que los familiares de los demandantes perdieron la vida como resultado de ese plan y que los acusados ​​fallaron en impedir los homicidios cometidos por fuerzas armadas bajo su mando.Cohn rechazó la moción de los demandados para desestimar en parte la demanda, pues sostuvo que los demandantes podrían hacer valer su caso bajo la Ley de Protección de Victimas de la Tortura (TVPA).

“En respuesta a los argumentos de los demandados de que los pagos humanitarios realizados a los demandantes por el Gobierno boliviano impidieron reclamaciones contra ellos”, indica el juez, “sería absurdo concluir que los demandados podían evitar la responsabilidad por sus presuntos errores simplemente porque el Gobierno boliviano tuvo a bien hacer algún tipo de asistencia humanitaria a los demandantes”, se lee en el comunicado.

Cohn también desestimó los reclamos de los demandados, que señalaron que las víctimas podrían buscar justicia en Bolivia y señaló que “a menos que los acusados ​​sean extraditados o voluntariamente regresen a su tierra natal, Bolivia no tendrá ninguna oportunidad significativa para corregir sus presuntas violaciones de derechos humanos. Más bien, como están las cosas, Estados Unidos parece ser el único foro en el que los demandantes pueden tratar de mantener a los acusados ​​responsables por sus presuntos agravios”, informo Miami New Times (sic).

El caso recibe la ayuda de los abogados de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard, del Centro para los Derechos Constitucionales y un equipo profesional de Akin Gump.

El 24 de junio de 2013, familiares de los fallecidos en la masacre de 2003 en Bolivia presentaron la demanda enmendada ante el Tribunal de Distrito Federal en Florida, con extensas nuevas alegaciones de hecho que demuestran que los acusados ​​habían ideado un plan para matar a miles de civiles con meses de antelación de la violencia, prevé la página del Centro para los Derechos Constitucionales.

Una parte de las víctimas

Padres

Entre los demandantes que pidieron el juicio civil en contra de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín están Eloy Rojas Mamani y Etelvina Ramos Mamani, padres de Marlene (8), quien fue asesinada en la habitación de su madre cuando un tiro ingresó por la ventana.

Parientes

También están como demandantes Teófilo Baltazar Cerro, cuya esposa embarazada fue asesinada; Felicidad Rosa Huanca Quispe, que perdió a su padre en una carretera durante una balacera; y Gonzalo Mamani Aguilar, cuyo padre fue asesinado.

Enfrentamientos fatales en 2003 

La intención de exportar gas a través de un puerto chileno desató en octubre de 2003 protestas sociales de rechazo a ese proyecto. El entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada intentó contener las movilizaciones y bloqueos con el uso de la fuerza de la Policía y las Fuerzas Armadas.

Luego de marchas de protesta y dos días de paro indefinido en El Alto, el 9 de octubre caen las dos primeras víctimas de este conflicto, eran mineros de Huanuni, que se enfrentaron a policías que intentaban desbloquear la vía en Ventilla.

Las ciudades de La Paz y El Alto empezaron a vivir un caos, en medio de los paros indefinidos, mientras las autoridades gubernamentales, el 11 de octubre, ordenaron la militarización y denunciaron intento de golpe.

Al día siguiente, ante el desabastecimiento de combustible en la sede de gobierno, se realiza un operativo militar con un convoy de cisternas. En el trayecto, la gente busca frenar el avance, pero los militares matan a al menos 26 personas. El número de fallecidos llega a 58, aunque la cifra se elevaría más.

El lunes 13, el vicepresidente Carlos Mesa rompe relación con el Gobierno y dos días después se instala una huelga de hambre para pedir la dimisión de Sánchez de Lozada, quien renuncia al cargo el 17 de octubre y huye a Estados Unidos.

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