Nacional

Dos magistradas, sometidas a juicio de responsabilidades

Legal. Chánez y Velásquez quedaron suspendidas de sus funciones

Proceso. Las notarias Norka Soto y Stenak Udaeta en la sesión de la Cámara de Diputados.

Proceso. Las notarias Norka Soto y Stenak Udaeta en la sesión de la Cámara de Diputados. Ángel Illanes.

La Razón (Edición Impresa) / Dennis Luizaga / La Paz

03:21 / 29 de julio de 2014

La Cámara de Diputados aprobó, por mayoría, el proyecto de proposición acusatoria contra las magistradas Soraida Chánez y Ligia Velásquez, de la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TP), y abrió el primer juicio de responsabilidades contra jueces electos.

El proceso contra estas autoridades, elegidas por voto popular en noviembre de 2011, se resolverá en la Cámara de Senadores, que actuará como tribunal de sentencia. La Ley 044, para el juzgamiento de la presidenta o presidente y/o de la vicepresidenta o vicepresidente y de altas autoridades, faculta a la Asamblea Legislativa a ejecutar este procedimiento legal.

“De acuerdo con la Constitución Política y la Ley 044, estamos habilitados (los asambleístas) para el enjuiciamiento a estas autoridades”, afirmó el presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Lucio Marca.

Las magistradas, que no estuvieron presentes en la sesión de ayer, son acusadas por los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.“Esto se debe al auto que emitieron en marzo cuando suspendieron la Ley del Notariado”, justificó Marca.

Suspensión. Explicó que tras la aprobación acusatoria en la Cámara Baja, las juezas quedan suspendidas de sus funciones y serán sustituidas por sus suplentes, según lo que establece el artículo 39 de la Ley 044. “La aprobación de la acusación conllevará la suspensión de la acusada o el acusado en el ejercicio de su cargo y se procederá a su reemplazo”, dicta el numeral.

Las dos magistradas y su colega Gualberto Cusi conforman la Comisión de Admisión del TCP. El 13 de marzo emitieron un auto constitucional por el cual dispusieron la admisión de la solicitud de inconstitucionalidad a la Ley del Notariado, presentada por el diputado Juan Luis Gantier; además, resolvieron como medida cautelar la suspensión de la norma.

Luego, en mayo, las mismas autoridades enmendaron su decisión a través de otra resolución que revocó la suspensión de la norma con excepción de las medidas transitorias como: “la abstención a la designación de autoridades de la dirección del notariado, la suspensión de la elaboración del reglamento de la normativa y la inhibición de transferencia de archivos y documentos”. Éstos fueron los argumentos para tramitar el juicio.

El presidente de Diputados, Marcelo Elío, indicó que la denuncia la presentaron dos abogadas en función de notarias: Norka Soto y Stenak Udaeta, a “título personal”. Antes de que se inicie la sesión los diputados opositores Álex Orozco y Marcela Revollo ofrecieron una conferencia de prensa en la que denunciaron irregularidades en el proceso preparatorio del juicio. “Las magistradas no están presentes, no se las notificó”, reclamó Orozco.

Su colega Rebeca Delgado, disidente del MAS, afirmó que el “juicio es político, quieren sacar a estos magistrados para que ingresen los del MAS y se busque la prolongación de mandato de Evo Morales”.

Anoche, en una entrevista en Cadena A, Chánez sostuvo que este juicio es una “vendetta (represalia)” por parte del expresidente del TCP Ruddy Flores, “en coordinación con el procurador (Héctor Arce)”. La magistrada dijo que  “el efecto es querer tener el control del TCP” y que este juicio “no tiene fundamento jurídico ni legal”. 

Cusi, que no fue considerado en este juicio por su delicada salud, a través de las redes sociales (Facebook) señaló que en este caso no se cumple el debido proceso y que se busca encarcelar a las magistradas.

Pasos para el juicio en legislativo

Proceso

El diputado Lucio Marca explicó que la Cámara Baja asume funciones de la Fiscalía, como parte acusatoria, y el tribunal de sentencia será el Senado. La sanción para las magistradas será “mínimo de un año y máximo seis de cárcel”, agregó.

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