Nacional

Proponen investigar patrimonio de jueces, fiscales y policías

El diputado Galo Bonifaz (MAS) presentó ayer un proyecto de ley para la investigación de fortunas de jueces, fiscales y policías que estén en ejercicio o hayan dejado funciones. Se podría indagar incluso a familiares de estos servidores, para descubrir un posible enriquecimiento ilícito.

Actividad. Litigantes en la puerta de ingreso al edificio donde funcionan los juzgados de La Paz.

Actividad. Litigantes en la puerta de ingreso al edificio donde funcionan los juzgados de La Paz.

La Razón / Ernesto Calizaya / La Paz

03:06 / 03 de abril de 2012

El proyecto de ley, entregado a la presidencia de la Cámara de Diputados, sugiere crear la Dirección Nacional de Investigación de Fortunas de los Operadores de Justicia (DNIFOJ), dependiente del Ministerio de Transparencia, que indague el patrimonio de jueces y exjueces en materia penal, fiscales y exfiscales, policías y expolicías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).

“Para contribuir a la lucha contra la corrupción y a la seguridad ciudadana estamos presentando este proyecto de ley. El objetivo es que estas exautoridades puedan ser investigadas con respecto a supuestas coimas, o supuestos beneficios que puedan haber recibido de delincuentes o del narcotráfico”, declaró Bonifaz a la agencia ANF.

Familia. Se señala plazos mínimos para obtener informes que requiera la pesquisa (tres días), bajo sanción de destitución del servidor público que no cumpla con los mismos. También se abre la posibilidad de ampliar las indagaciones a familiares del servidor público, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

La norma propone que el enriquecimiento ilícito de estos servidores públicos sea sancionado conforme prevé la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y refiere el decomiso de los bienes muebles e inmuebles adquiridos por medios directos o indirectos relacionados con la comisión de un delito. Asimismo, prevé que los investigados justifiquen el incremento de su patrimonio para esclarecer la posible comisión del delito.

La DNIFOJ, dentro de las indagaciones, según el proyecto de ley, podrá disponer el levantamiento del secreto bancario u otras acciones reservadas. Pero también destaca un artículo referido a la “sanción para terceros” con el siguiente tenor: “las personas que comprobadamente hubieran sobornado a los servidores públicos señalados en la presente ley, recibirán la misma pena que éstos, además de la obligación de pagar daños, perjuicios y costas al Estado, por constituirse, según los casos, en coautores, autores, encubridores y cómplices del delito”

En otro acápite de la propuesta de ley se anota que los servidores públicos contemplados en esta normativa deben presentar su declaración jurada de bienes ante la Contraloría General del Estado, obligatoriamente.

La DNIFOJ llevará un registro computarizado de los bienes de estos funcionarios, que de no presentar dicha declaración cada año y al término de su gestión, serán sancionados con cinco años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, sin perjuicio de que, de oficio, se inicie una indagación acerca de su patrimonio.

En el capítulo referido a la investigación de fortunas, se contempla que la DNIFOJ podrá realizar el control patrimonial de oficio a todos los bienes de estos servidores, verificar sus declaraciones juradas e indagar los cambios patrimoniales de los mismos y de quienes fueran denunciados por presuntos actos de corrupción.

En lo referente al proceso judicial, se indica que el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción se constituirá en parte querellante, en tanto que las brigadas departamentales de la Asamblea Legislativa Plurinacional canalizarán, ante la DNIFOJ, las denuncias que se presenten en cada uno de los departamentos, resguardando la identidad y seguridad de los denunciantes.

Participan sectores sociales

Asesores

La DNIFOJ estará compuesta por un equipo consultivo de asesores conformado por representantes de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales (Conaljuve), Federación Nacional de Padres de Familia, Central Obrera Boliviana (COB) y campesinos.

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