Nacional

Al menos tres proyectos de ley se alistan para regular redes sociales

Plan. El 10 de mayo los cocaleros presentarán a la Asamblea Legislativa su propuesta

La Razón (Edición Impresa) / Rubén Ariñez / La Paz

03:28 / 01 de mayo de 2016

Desde el oficialismo y la oposición se gestan al menos tres proyectos de ley con el propósito de regular el uso de las redes sociales, una herramienta tecnológica cuyo uso se masificó en el país con el desarrollo de la conectividad de los teléfonos móviles.  

La Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia, que es controlada por los cocaleros del trópico de Cochabamba, el diputado Víctor Borda, del Movimiento Al Socialismo (MAS), y un sector de la oposición anunciaron la elaboración de sendas propuestas vinculadas con esta temática.

Solamente Borda, quien es vicepresidente de la Cámara de Diputados, se animó a desvelar los ejes de su propuesta de regulación. El legislador plantea la creación de tres nuevos tipos penales: la violación de datos personales; afectación a la honra en redes sociales y la creación de cuentas falsas con el fin de capturar datos de niños, niñas y adolescentes.

Anonimato. Este último acápite es reivindicado por una tercera propuesta que se esboza en la bancada de Unidad Demócrata (UD) para evitar la trata y tráfico de menores, según detalló la senadora de esa fuerza opositora, María Elva Pinckert. Este planteamiento aún no suma consensos puesto que algunos de sus partidarios, como el diputado Tomás Monasterio, sostienen que están “en contra de cualquier iniciativa” de este tipo.

Ambos proyectos concuerdan en que se debe “evitar” el anonimato en las redes sociales. Algo similar plantean los cocaleros, aunque el contenido del documento todavía es incierto. “Están trabajando nuestros técnicos, va a ser corto, así como (el Gobierno) han presentado una Dirección de Redes Sociales (...). Corta, precisa y directa también así va a ser nuestra ley”, explicó el secretario ejecutivo de los interculturales, Leonardo Loza, quien anticipó que la próxima semana, el 10 de mayo, justamente en el Día del Periodista, presentará su planteamiento ante la Asamblea Legislativa.

El oficialismo en ese órgano, como sucede con la oposición, tiene diversos criterios. El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, sostuvo que —enmarcado en un criterio personal— “no se debe regular nada”. El legislador aseguró que lo más apropiado es informar a los usuarios y al ciudadano sobre el alcance, los riesgos y beneficios de este tipo de herramientas.

“Nosotros lo hacemos en alguna medida. Utilizamos las redes para informar nuestros avances, las cosas que hacemos en la Asamblea las comunicamos por este medio. Nos parece muy bien que también el Ejecutivo entre en ese escenario”, afirmó Gonzales.

El debate sobre esta temática era prácticamente nulo, pero la campaña para las elecciones generales de 2014 abrió la ruta de este nuevo escenario al evidenciarse el efecto que produce en el electorado. Así, en 2015, el oficialismo comenzó un debate silencioso sobre las redes sociales después de 10 años de gobierno, prácticamente el mismo lapso que estas herramientas digitales están vigentes en el mundo.

Precisamente, eso le llevó al Ejecutivo crear la inédita Dirección de Redes Sociales. La derrota en el referéndum constitucional de febrero fue otra señal fuerte. “De repente estamos atrasados”, admitió a La Razón el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien aseguró que esta nueva repartición tiene la única finalidad de promover la gestión gubernamental. Un criterio que no termina de convencer a los opositores pues consideran que este proyecto tiene un fin netamente político. “Desde ahí van a hacer espionaje”, concordaron por separado las diputadas opositoras Lourdes Millares, de UD y Norma Piérola del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Pero Millares va más allá: “Es un primer paso que da el Gobierno para, de alguna manera, empezar a explorar en este terreno en la perspectiva de después plantear una norma”, remarcó.

Grupos de ciberactivistas están en apronte ante el anuncio de regular el uso de estas herramientas. Dice que atentará en contra de la libertad de expresión, un derecho reconocido en la Constitución y acuerdos internacionales.

En el Ejecutivo los criterios divergen. Hugo Siles, de la cartera de Autonomías, aseguró que la iniciativa de regular el espacio cibernético “está dentro de la nomenclatura comparada de experiencias de todos los países para regular los ilícitos”, por lo que no sería nada extraño replicar ese tipo de iniciativas en el país.

El oficialista Loza aseguró que su proyecto de ley planteará “no solo un control en el nivel político”, sino la protección de la juventud y la niñez que están expuestas a una serie de ilícitos. El dirigente aseguró que su sector “nunca ha estado en contra de las redes sociales ni intentó privar su utilización”.

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