Nacional

Romero dice que interés económico dio paso al conflicto

El Ministro de la Presidencia denunció que los alcaldes son rehenes de los intereses de grupos de presión en ese municipio. El Comité Interinstitucional acusa a Carvajal

Drama. Sepultan a una de las víctimas de la violencia.

Drama. Sepultan a una de las víctimas de la violencia.

La Razón / Carlos Corz / La Paz

02:08 / 14 de enero de 2012

El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, aseguró que el conflicto de Yapacaní trasciende lo político porque está motivado por intereses económicos y de poder, mientras que su colega de Autonomía, Claudia Peña, afirmó que no equivocó el camino al apoyar al hoy renunciante alcalde, David Carvajal, porque fue elegido por el voto ciudadano. 

Romero puso como ejemplo el hecho de que después de que un cabildo suspendiera en diciembre a Carvajal, las personas que alentaron el derrocamiento fueron incorporadas en las planillas de la alcaldía por la autoridad  posesionada, Senobio Meneces.

En contraposición a las denuncias del ministro, el presidente del Concejo Municipal, el también masista Federico Ortiz, aseguró a Erbol el jueves que la gestión del renunciante burgomaestre estaba caracterizada por irregularidades, y que pese a ello tenía apoyo de sectores del oficialismo. Las pugnas confluyeron en un conflicto que tuvo el miércoles como saldo tres personas muertas, dos de ellas con impactos de bala. La violencia fue desatada cuando Carvajal intentó retomar su puesto, apoyado por una orden judicial y un contingente policial.

El denominado Comité Interinstitucional, opuesto al retorno del alcalde, activó una movilización que enfrentó a los policías. Romero aseguró que intentó infructuosamente reunir a los sectores en conflicto. Incluso recordó que concretó un encuentro con mediación de la Defensoría del Pueblo, que no logró resolver los problemas.

Tras los sucesos de la violencia, Carvajal renunció al cargo en la noche del miércoles, rechazando las denuncias de corrupción y denunciando que el Concejo Municipal bloqueó su gestión. Peña explicó que respaldó al alcalde electo en las elecciones de  abril de 2010 por un principio democrático. “Teníamos conocimiento de los problemas que ocurrían en Yapacaní, pero no puede ser equivocada una actitud de respetar la legalidad y el voto ciudadano”, insistió, según reportó ANF.

Informe. El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Franklin Garvizu, quien representa a la circunscripción de la zona, acusó a Romero de no haber actuado oportunamente a pesar de que conocía la difícil situación.Los informes periciales develaron que el proyectil de una pistola calibre  9mm y dos perdigones de escopeta acabaron con la vida de dos de las víctimas fatales, enterradas ayer. La tercera persona falleció a consecuencia de una descarga eléctrica.

“En Yapacaní hay una institucionalidad que ha sido rebasada por unos grupos que tienen intereses políticos y económicos que convierten en una víctima, en un prisionero, al alcalde de turno, cuando no satisface sus caprichos, sus ambiciones”, cuestionó el ministro Romero, quien deslindó cualquier responsabilidad del Gobierno sobre lo sucedido el miércoles.

“He escuchado con sorpresa a personas que dicen que (el conflicto) es culpa del Gobierno. El Gobierno no destituye alcaldes, no nombra alcaldes, sino que se los nombra por voto del pueblo y las alcaldías son entidades autónomas”, explicó.

La representación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) abogó por una investigación que establezca responsabilidades con eficiencia y transparencia. La Iglesia Católica y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos también piden esclarecer los hechos. La dirigencia del Comité Interinstitucional, presidida por Cirilo Sonabi, exige la renuncia de los ministros de la Presidencia, Carlos Romero; y de Gobierno, Wilfredo Chávez, y de la comandante de la Policía cruceña, coronel Lily Cortez, por la violencia y desenlace del conflicto.

“No tenemos responsabilidad en esos crímenes y estamos interesados en probarlo”, afirmó Romero, quien insistió en que el conflicto en Yapacaní no sólo se reduce a una pugna política.

Sin acusación  formal

La ministra de Autonomía, Claudia Peña, explicó que el Alcalde de Yapacaní no podía ser destituido porque no tenía ninguna imputación ni acusación formal respecto a los presuntos actos de corrupción en su contra. “Mientras no haya una acusación en contra como gobierno no podemos desconocerlo”, dijo.

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