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Santos Ramírez asesora legalmente a internos de San Pedro

El ex hombre fuerte del MAS sostuvo que durante el día sale de la cárcel para realizar las diligencias de los privados de libertad que no cuentan con un abogado y en horas de la tarde -noche regresa al recinto carcelario y cumplir la sentencia impuesta.

Santos Ramírez

El expresidente de YPFB Santos Ramírez

La Razón Digital / ANF / La Paz

12:05 / 26 de febrero de 2015

El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, quien cumple una condena de 11 años por estar implicado en hechos de corrupción en la estatal petrolera en 2009, es ahora asesor legal de los internos del penal de san Pedro de La Paz. 

El ex hombre fuerte del MAS sostuvo que durante el día sale de la cárcel para realizar las diligencias de los privados de libertad que no cuentan con un abogado y en horas de la tarde -noche regresa al recinto carcelario y cumplir la sentencia impuesta por cometer irregularidades cuando fungía como presidente de YPFB. 

"Salimos hacer sólo el diligenciamiento en los juzgados y la fiscalía, tanto de La Paz como de El Alto y tenemos que retornar en horas de la tarde y pedimos el cuaderno de registro en el penal. Traemos documentación de Régimen Penitenciario, todos los días hay documentación que va para su libertad, para su audiencia, para su cesación", explicó. 

Ramírez logra acceder a los beneficios que otorgan las leyes para reclusos que han cumplido gran parte de su sentencia, ahora reinicia su vida trabajando como asesor jurídico de los reclusos de San Pedro. 

El ex presidente de YPFB se encuentra encarcelado desde febrero de 2009 cuando salió a la luz pública un negociado entre la estatal petrolera y el consorcio Catler-Uniservice para la construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz, luego de la muerte y atraco del empresario Jorge O’Connor en La Paz.

Según las investigaciones, el dinero atracado (450 mil dólares), que tenía en su posesión O'Connor, era parte de una "coima" para Ramírez, porque supuestamente favoreció la contratación de la empresa Catler pese a que no tenía experiencia para montar instalaciones petroleras como la planta separadora de líquidos. La irregularidad del proceso y el contrato suscrito con Catler Uniservice habría generado un daño económico al Estado de 16,6 millones de dólares.

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