Nacional

Senado aprueba ley de trato preferente con dos cambios

Discapacitados. La dirigencia del sector asume medidas drásticas

Medida. Las personas discapacitadas escriben leyendas con su propia sangre en pancartas.

Medida. Las personas discapacitadas escriben leyendas con su propia sangre en pancartas. Foto: Miguel Carrasco

La Razón / Ó. Ordóñez y W. Farfán / La Paz

02:13 / 28 de febrero de 2012

El Senado aprobó anoche el anteproyecto de Ley General para Personas con Discapacidad con dos modificaciones de forma. Diputados volverá a tratar el texto. La dirigencia del sector asumió medidas extremas y anunció una demanda de “inconstitucionalidad” contra la norma.

La normativa fue aprobada con modificaciones en dos de los 49 artículos, que están repartidos en cinco capítulos y tres disposiciones.

“Las modificaciones a esta ley han sido sólo de forma”, explicó el senador y jefe de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Eugenio Rojas.

La Cámara Alta aprobó, sin la presencia de la oposición, excepto Bernard Gutiérrez (CN), la mayoría de los artículos, pero introdujo modificaciones en los artículos 42 y 47.

La modificación al artículo 42 consiste en la inclusión del término “ejecución” en lugar de “aplicación” en relación la labor de las unidades especializadas que “ejecutarán” planes, programas y proyectos integrales en favor de los discapacitados.

En el artículo 47 se incluye al Ministerio de Economía como representante del Directorio del Comité Nacional de las Personas con Discapacidad por parte del Ejecutivo.

El resto del proyecto fue aprobado y ahora deberá ser tratado por la Cámara Baja, para que ésta dé su venia y posterior remisión a la Cámara Alta.

El proyecto de ley fue presentado por el Ejecutivo a la Asamblea, el 29 de enero, tras firmar acuerdos con la dirigencia de los discapacitados (21 de febrero y 5 de febrero) en los que se incluye el pago de una renta de Bs 1.000 y la aprobación de una norma preferente para el sector.

De forma simultánea, la marcha de silla de ruedas, que comenzó el 14 de noviembre de 2011, desde Trinidad, Beni, llegó a La Paz con la intención de lograr la aprobación de una norma de preferencias y el bono de Bs 3.000.

El proyecto del sector, elaborado por el diputado opositor Jaime Estívariz, establece, entre otros aspectos, una jubilación para las personas con discapacidad a partir de los 45 años, inclusión laboral en entidades públicas y privadas (10% de los cargos en su favor), descuentos del 50% en tarifas de luz, agua, impuestos y transporte; y el bono dignidad de 3.000 bolivianos para 25.000 personas con discapacidad severa.

Según la dirigencia, ninguno de dichos aspectos fue tomado en cuenta en el proyecto de ley que se debate en la Asamblea Plurinacional. La sostenibilidad del bono o renta anual es el principal tema conflictivo. En el proyecto de ley no se incluye el monto ni se garantiza la sostenibilidad.

El dinero para entregar este bono sale del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad, que dispone un aporte anual de Bs 40 millones con recursos provenientes del Tesoro General de la Nación. El fondo se creó en 2008, cuando el gobierno del Evo Morales eliminó el financiamiento estatal a los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas.

La ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, señaló el domingo que si bien el Gobierno garantiza la renta de Bs 1.000 (aprobada por el Decreto Supremo 1133 del 8 de febrero), son las gobernaciones y las alcaldías las que deben posibilitar el incremento a la renta para el sector.

La marcha llegó a La Paz el 23 de febrero, pero con una nueva demanda de percibir Bs 4.800 para personas con discapacidad muy grave; 3.000 para grave y 2.000 para aquellas que padecen discapacidad moderada. Ese día, en su intento de ingresar a la plaza Murillo, la caravana, sus familiares y gente que los apoyaba chocaron con efectivos de la Policía, lo que generó en actos de violencia. Como saldo hubo ocho detenidos y cerca de 20 heridos de ambos lados. El Gobierno denunció la presencia de infiltrados.

Aseguran Bs 1.000 hasta 2020

El vicepresidente Álvaro García Linera dijo que el bono para los discapacitados será de Bs 1.000 hasta el año 2020. El proyecto establece “renta solidaria a favor de personas con discapacidad grave y muy grave a ser regulado por norma reglamentaria, a partir de 2013”.

Anuncian recursos contra la norma

La dirigencia de los discapacitados anunció que presentará recursos legales de inconstitucionalidad contra la norma que el Senado aprobó y radicalizará las medidas de presión.

“Lo único que ahora podemos hacer es recurrir a la vía legal, tenemos que hacer conocer al mundo que hemos sido objeto de un cruel engaño, que no se ha tomado en cuenta nuestras observaciones”, dijo Carlos Mariaca

Los discapacitados pidieron a la Asamblea Legislativa elevar al seis por ciento la inserción laboral en instituciones públicas para personas con discapacidad.Además, rechazan que las personas no videntes formen parte de esta ley. Según el diputado de Convergencia Nacional Jaime Estívariz, “las personas ciegas ya tienen su propio bono de 4.800 bolivianos”. Exigen garantías para la sostenibilidad del financiamiento del pago de la renta solidaria. Pidieron que tenga carácter vitalicio y que incluya a todas las personas con discapacidad del país.

Según Camilo Bianchi, otro dirigente de la marcha, “en Bolivia existen alrededor de 40 mil personas con discapacidad”. El diputado Estívariz reiteró que varios miembros de la marcha continuarán su periplo hacia Lima, Perú, “para hacer conocer que en Bolivia no se respeta la dignidad de las personas con discapacidad”.

Anoche, en inmediaciones de la calle Ingavi, esquina Yanacocha, donde este sector mantuvo vigilia por la aprobación de esta ley, Sandro Arnez, miembro de la marcha, se cosió los labios. Bianchi y Estívariz se sacaron sangre y escribieron en cartulinas frases como “Bono o muerte”. Arnez, quien asegura ser el ahijado del presidente Evo Morales, dijo que hoy se crucificará “con clavos”.  

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