Nacional

Servidor que oculte información podrá ser sancionado con cárcel

El funcionario que niegue u oculte información pública puede ser sancionado con hasta siete años de prisión, según el proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que actualmente se debate en la Cámara de Diputados.

Archivos. La Ley de Acceso a la Información Pública prevé que el ciudadano puede pedir datos documentados con el único requisito del carnet.

Archivos. La Ley de Acceso a la Información Pública prevé que el ciudadano puede pedir datos documentados con el único requisito del carnet. Foto:Andrés Rojas

La Razón / Luis Mealla / La Paz

00:00 / 02 de septiembre de 2012

Como una nueva figura penal (ocultamiento de información), lo que ahora se debate es si la pena “contra funcionarios que oculten o hagan desaparecer la información vaya en un rango de tres a siete años de prisión”, explicó el diputado Javier Zabaleta, miembro de la Comisión de Constitución de Diputados, que prepara la propuesta de la norma.

El diputado opositor Tomás Monasterios (Convergencia Nacional, CN) saludó la iniciativa en el entendido que habrá mayor facilidad para acceder a información “mal llamada clasificada”, sobre todo en los ministerios y entidades descentralizadas.

Sin embargo, Monasterios no descartó que en ciertos casos la norma sea usada como un medio de presión contra funcionarios  que no sean afines al partido en el poder. “El Gobierno podría constituirse en juez y parte, y usar esta norma como un instrumento persecutorio de sus opositores”.

Desde el año pasado, el proyecto de la Ley de Acceso a la Información Pública es trabajada en coordinación con el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. Sin embargo, Zabaleta señaló que aún falta consenso en algunos temas, por lo que la norma podría ser sancionada y promulgada recién a fin de año.

Proceso. Aún falta definir situaciones como los plazos para la entrega de la información al público solicitante; la pena específica contra el funcionario en caso de incumplimiento (desde la sanción administrativa hasta la penal) y la escala de clasificación de la información que va desde lo secreto hasta lo reservado, detalló el diputado.

“Esta ley debe especificar qué información puede ser pública, salvo orden o proceso judicial, ahí aún se está tomando una determinación”, reconoció.

Según el proyecto, cualquier ciudadano de forma individual o colectiva podrá hacer la solicitud de información de las unidades autonómicas, ministerios, unidades desconcentradas y descentralizadas como gobernaciones, alcaldías o subalcaldías, siguiendo los procedimientos y plazos que fija la norma, en el marco del artículo 24 de la CPE, sobre el derecho de petición de información.

“El ciudadano no necesitará presentar prerrequisitos o apelar a un juez para solicitar o desarchivar algún documento; por tanto, sin más que presentar su cédula de identidad podrá solicitar información que no esté declarada reservada, secreta o confidencial”, dijo el diputado al agregar que el plazo de entrega de documentación podría variar entre 72 horas y 5 días de emitida la solicitud.

“La documentación será entregada en un tiempo razonable que variará de acuerdo con el tipo de información solicitada, este tema también aún se discute”, precisó.

Si el funcionario tarda en entregar los datos requeridos, según la gravedad del caso, será pasible a sanciones administrativas que podrían derivar en su destitución.

Agregó que si se verifica que se hizo desaparecer o se ocultó información pública, se irá por la vía judicial: “se prevé la incorporación de una nueva tipificación al Código Penal, el delito sería el ocultamiento de información”.

Buscan normar la desclasificación

Luis Mealla

El diputado Javier Zabaleta dijo que la Ley de Acceso a la Información Pública prevé normar la desclasificación de archivos de las Fuerzas Armadas y la Policía.

“No se descarta que esta ley abarque incluso a Fuerzas Armadas y Policía, y hayan etapas de duración del secreto o la reserva, como en otros países; se habla de 10, 15 o 25 años, tiempo en que la información debe ser desclasificada”, explicó  el legislador del MSM.

Agregó que los procedimientos están en plena discusión y que se deberá coordinar con las dos instituciones involucradas.

“Hay temas de seguridad nacional que no merecen ser públicos precisamente para precautelar la seguridad de la población, pero no eternamente”.

Aclaró que la norma no será retroactiva sino para el futuro.

Entidades deberán contar con una ‘unidad de información’

Luis Mealla

De acuerdo con el Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cada entidad estatal deberá contar con una Unidad de Transparencia para procesar la solicitud de los ciudadanos y así dar datos oficiales sobre algún tema en cuestión. Esas instancias no tendrán ninguna relación con las diferentes unidades de comunicación institucional.

“Una entidad del Ministerio de Transparencia velará porque en cada institución pública se instalen esas unidades de información para que la población solicite la información requerida;  obviamente esto llevará un tiempo; sin embargo, si el funcionario público (alcalde, ministro, subalcalde u otra autoridad) niega o incumple los plazos que indica la norma, éste será pasible a un proceso administrativo o incluso penal”, explicó el diputado Javier Zabaleta, miembro de la Comisión de Constitución de Diputados.

Obligatoriedad. Según el legislador, al aprobarse la ley, todo funcionario público tiene la obligación de someterse al cumplimiento y a las penalidades que dictamina.

 Zabaleta añadió que la norma precautelará el derecho de la población en el marco de la Constitución Política del Estado; por tanto, dichas unidades, si no tienen presupuesto o capacidad, al menos deberán designar un Oficial de Información.

Además, se deberá promover en la entidad las mejores prácticas con relación al mantenimiento y archivo de los documentos oficiales que luego serán publicados a través de un portal web o de forma física.

En la región, los únicos países que no cuentan con una ley de este tipo son Bolivia y Argentina, según el libro Venciendo la cultura del secreto, que detalla los “obstáculos en la implementación de políticas y normas de acceso a la información pública en siete países de América Latina”.

El texto desarrolla una idea concebida por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) de Uruguay, que muestra que el hecho de tener una ley de acceso a la información reconoce formalmente este derecho y, en general, facilita su ejercicio, lo que constituye un avance en el empoderamiento del ciudadano.

“Sin embargo, en Bolivia, donde aún no se aprobó una ley de acceso a la información, persisten disposiciones legales que exigen a las personas que solicitan información probar un ‘interés legítimo’ en el asunto”, señala parte del estudio de la Cainfo.

Patrón de conducta

La omisión de dar información sin fundamento alguno constituye un patrón que se repite en la región, según   el estudio Venciendo la cultura del secreto.

Cada entidad deberá tener un manual de funciones

Cada institución pública deberá contar con un manual de funciones y un esquema administrativo propio para que cada servidor rinda y provea informes específicos de su labor, según el proyecto de la futura Ley de Acceso a la Información Pública.

“Con la ley, cada funcionario, a través de su manual, será responsable de determinada información; habrá más organización en las entidades públicas, de tal modo que se sabrá qué funcionario tiene a su cargo determinada información y así se hará responsable de los datos a su cargo”, explicó el diputado Javier Zabaleta.

Así se evitará el problema de que cuando se contrata a personal para hacer determinado trabajo termina haciendo otro, lo que es un riesgo para acceder de forma rápida a la información.

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