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Suspenden declaraciones en casos referidos a Yucumo

TIPNIS. Fiscales piden que un juez lleve el control de las quejas

Intervención. Un policía ordena a un indígena detenido que suba a una camioneta. Fue en septiembre.

Intervención. Un policía ordena a un indígena detenido que suba a una camioneta. Fue en septiembre. Foto: ARCHIVO EDUARDO SCHWARTZBERG

La Razón / Ernesto Calizaya / La Paz

03:16 / 08 de diciembre de 2011

El Ministerio Público informó de que las declaraciones sobre la investigación de la intervención policial a los indígenas del TIPNIS, el 25 de septiembre, están suspendidas mientras no se resuelva un recurso que permita centralizar las causas en un solo juzgado.

En cumplimiento al instructivo del fiscal general del Estado, Mario Uribe, sobre la unificación de las causas de los hechos ocurridos en Yucumo, fue la fiscal Patricia Santos que interpuso el martes una excepción de incompetencia respecto a los juzgados que ejercen el control de los otros casos.

“Este aspecto pone en incertidumbre el control jurisdiccional de nuestro caso, pues toda investigación debe estar bajo control de un juez”, señaló el fiscal José Ponce, quien debió adherirse a la excepción planteada por Santos, con quien forma parte de la comisión del Ministerio Público que ahora indaga los hechos sobre Yucumo.

En consecuencia, la competencia de uno u otro juzgado está discutida y, para evitar algún antecedente o indicio de nulidad en las actuaciones del Ministerio Público, se optó por suspender las declaraciones “mientras no se resuelva esa excepción”, dijo Ponce, pues más adelante podría surgir algún entredicho basado en el control jurisdiccional sobre esta investigación.Proceso. “No se está suspendiendo el proceso, simplemente las declaraciones, mientras no se resuelva la excepción planteada, que en los plazos de ley será resuelta por el juez”, manifestó Ponce. Aclaró que, si corresponde, se dispondrá la acumulación de causas, se tendrá una sola investigación de los hechos y luego se podrá actuar de manera unificada en el caso.

A la fecha, un juez lleva el control sobre la investigación que dirige el fiscal Ponce, referida a la denuncia del Movimiento Sin Miedo (MSM), que busca identificar a los autores de la intervención policial a los marchistas del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y la contratación de la carretera; otro juzgado ve el caso que lleva la fiscal Santos, sobre la presunta toma como rehén al canciller David Choquehuanca.

Además, la fiscal de Distrito, Betty Yañíquez, refirió que se tenía las actuaciones de un juez en Beni. Empero, con el incidente, se tiende a unificar todos los casos en el Juzgado 9° de Instrucción en lo Penal de La Paz, por ser el primero que ha sido prevenido, por el caso que indaga la fiscal Santos.Perjuicio. Una vez que la jueza Julia Parra, quien funge en suplencia del juez 9° de Instrucción, resuelva la excepción, se retomará las investigaciones, según Ponce, quien afirmó que esta semana tenían programadas varias declaraciones.

“No es mi ánimo anticipar quiénes van a declarar, pero se ha referido que todos los que han sido mencionados en el cuaderno de investigaciones están convocados y es para esta semana. Ya habíamos empezado”, dijo.

La pasada semana se tomó una declaración y el martes debía hacerlo el exministro de Gobierno Sacha Llorenti, pero por descoordinación entre la exautoridad y sus abogados no se logró notificarlo con una citación que emitió el Ministerio Público.

También está en la lista de las personas convocadas el comandante de la Policía, general Jorge Santiesteban, de quien se tuvo que suspender la declaración por el incidente planteado.

Yañíquez reconoció que este trámite tiene como consecuencia la paralización de la investigación, aunque adujo que sería “momentánea”.  Llorenti, el martes, ratificó que “se rompió la cadena de mando en la Policía”. El informe de la Defensoría del Pueblo apunta a la responsabilidad de esta exautoridad. Santiesteban también fue vinculado a la orden.

Víctimas e investigados

La Fiscalía General instruyó la acumulación de los procesos vinculados a los hechos de Yucumo, con el fin de unificar la persecución penal única e indivisible y otros fundamentos legales. Las pesquisas giran en torno a lo ocurrido el 24 y 25 de septiembre y tienen a indígenas tanto como víctimas como agresores.

Fiscalía dice que acabó impasse con Defensor

La Fiscalía de Distrito de La Paz informó de que quedaron allanadas las relaciones con la Defensoría del Pueblo, que había pedido a la Fiscalía General la destitución de la fiscal Betty Yañíquez, por “obstaculizar” su investigación en torno a los hechos de Yucumo.

“Tuvimos una reunión interinstitucional y cordial entre el fiscal José Ponce, el Defensor del Pueblo (Rolando Villena) y mi persona, donde se ha podido establecer que existía alguna desinformación de parte de la Defensoría del Pueblo con relación a disposiciones concretas sobre la investigación del caso TIPNIS”, dijo Yañíquez. 

El 16 de noviembre, Villena, a través de un comunicado, solicitó al fiscal general del Estado, Mario Uribe, la destitución y el inicio de un proceso a Yañíquez, por incumplimiento de obligaciones y por obstaculizar su investigación sobre la intervención policial a la marcha de los indígenas.

Villena adujo que solicitó a Yañíquez copias de la declaración del general Óscar Muñoz y que no se le dio curso. En tanto Yañíquez sostuvo que no tenía el cuaderno de investigaciones en su poder.

“El mismo Defensor, con la documentación que se le ha puesto de manifiesto, ha establecido que  había falta de información (...) y en mérito a esa desinformación hizo solicitudes como la de pedir mi destitución”, expuso la fiscal.

Villena no habría llegado a pedir ese extremo ante la Fiscalía General, pero sí había expresado la intención públicamente. Días después, el Defensor del Pueblo presentó su informe sobre la intervención policial a la marcha indígena.

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