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Tribunal de EEUU rechaza apelación de Goni y ordena apertura de fase de exhibición de pruebas

La decisión judicial sienta precedente legal importante porque ninguna corte de apelaciones federal de EEUU había conseguido previamente los argumentos de los demandados sobre el agotamiento de recursos en el extranjero, según calificó Human Rights Clinic, la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard.

Goni

El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz

18:28 / 17 de junio de 2016

Un tribunal de apelaciones en Miami, en  Estados Unidos (EEUU), rechazó el 16 de junio la apelación del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada ‘Goni’ en un juicio civil por la masacre de octubre de 2003 en la ciudad de El Alto y, por el contrario, ordenó al tribunal de distrito proceder a la apertura de la fase de exhibición de pruebas.

"En su fallo del 16 de junio, el tribunal de apelaciones sostuvo por unanimidad que un estatuto federal, la Ley de Protección de las Víctimas de Tortura (TVPA, por su nombre en inglés), permite que las familias de las víctimas presenten sus demandas por ejecución extrajudicial en tribunales de Estados Unidos, después de haber agotado los recursos disponibles en su país de origen. El tribunal rechazó los argumentos de los demandados que le pedían desestimar el caso porque los demandantes recibieron algo de compensación y asistencia humanitaria en Bolivia", informó International Human Rights Clinic (IHRC) (Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard) por medio de un comunicado de prensa.

La decisión judicial sienta precedente legal importante porque ninguna corte de apelaciones federal de EEUU había conseguido previamente los argumentos de los demandados sobre el agotamiento de recursos en el extranjero, según IHRC.

Una protesta contra Goni en Sucre en 2011

En mayo de 2014, un juez federal de Florida dio luz verde a la demanda de familiares de fallecidos durante la "guerra del gas", por delitos de violaciones a los derechos humanos, en contra de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín.

El juez James Cohn dictaminó que, de acuerdo con la Ley de Protección a las Víctimas de la Tortura, los nueve demandantes pueden continuar con el litigio civil en contra de las dos exautoridades que huyeron a Estados Unidos tras los hechos violentos de septiembre y octubre de 2003, en los que murieron más de 60 personas.

Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín fueron acusados por su participación en la planificación y ordenanza de asesinatos de civiles extrajudiciales, en un esfuerzo para reprimir las protestas por sus controvertidas medidas políticas y económicas. La decisión del juez implica que los demandantes pueden buscar una compensación económica de los acusados.

"Los Estados Unidos no debe ser un refugio seguro para quienes violan los derechos humanos” dijo Beth Stephens, abogada cooperante con el Centro para los Derechos Constitucionales (Center for Constitutional Rights), quien representa a los demandantes. "Eso es aún más cierto cuando los hechos demuestran que los demandados utilizaron intencionalmente la fuerza letal contra civiles desarmados en un intento de bloquear las protestas políticas", acotó.

La Policía reprime una movilización en El Alto en 2013.

Entre los demandantes está Etelvina Ramos Mamani, cuya hija de ocho años, Marlene, murió en sus brazos después que Marlene recibiera un disparo de un francotirador militar. La niña estaba dentro de su casa, parada junto a una ventana. Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín habían dado órdenes para que se tratara al pueblo donde vivía Marlene, y a los civiles dentro del pueblo, como un objetivo militar, informó IHRC.

Por la masacre de 2003, la exCorte Suprema de Justicia sentenció a los exjefes militares Roberto Claros y Juan Veliz Herrera a 15 años y seis meses de reclusión; el general José Quiroga y almirante Luis Alberto Aranda, a 11 años de presidio, y el general Gonzalo Mercado, a 10 años de cárcel. Los exministros de Medio Ambiente y de Trabajo Erick Reyes Villa y Adalberto Kuajara, respectivamente, fueron condenados a tres años de reclusión por el cargo de complicidad por genocidio. 

(17/06/2016)

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